Abogados de todo el país que intervienen en las causas por delitos de lesa humanidad presentarán un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones a Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz, los ministros de la Corte Suprema que firmaron el fallo que permite la aplicación del beneficio del dos por uno a un condenado por crímenes de la dictadura.

La decisión fue adoptada por el Colectivo Nacional Mario Bosch, que integran abogados que intervienen en las causas por crímenes de lesa humanidad, en un encuentro realizó este fin de semana en Santa Fe, con la participación de más de noventa abogados.

En el encuentro resolvieron también “realizar todas aquellas denuncias y presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en virtud de la grave situación en la que se encuentra el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

En un documento emitido al final de las jornadas, los abogados señalaron que “este fallo no se trata sólo de una resolución injusta, que no nos gusta o que nos enoja, sino se trata de una sentencia ilegal, y de allí su gravedad, lo que implica un inadmisible paso hacia la impunidad”.

Desde el colectivo nacional de abogados apuntaron también que el fallo de la Corte Suprema “tiene un grave impacto para los procesos judiciales en marcha y las condenas dictadas a lo largo de diez años, (y) pretende un debilitamiento en la obligación estatal de prevenir, investigar, castigar y reparar los delitos de lesa humanidad”.

En el encuentro se planteó además que el fallo debe ser considerado en conjunto con otros que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva integración de la Corte Suprema: el que declara que los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal; otro que determina que las decisiones de la Corte Suprema tienen preeminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y el que establece que para negar una prisión domiciliaria a represores de más de 70 años hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

Por eso, desde el colectivo de abogados resolvieron instar a legisladores nacionales y provinciales a repudiar el fallo de la Corte Suprema; y solicitarán a los legisladores nacionales, puntalmente, “que frente a cualquier debate sobre proyectos de ley que guarde alguna vinculación con el fallo, convoquen a los abogados del Colectivo Nacional Mario Bosch a fin de expresar la posición y las graves implicancias que pueden tener estas leyes en el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”.

Del encuentro participaron los entrerrianos Marcelo Boeykens, María Sol Boyekens, José Iparraguirre, José Luis Legarreta, Lucía Tejera y Sofía Uranga, que tienen a su cargo querellas en las causas que tramitan en la provincia. El coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, consideró que el fallo de la Corte Suprema “significa un golpe a todo lo que se ha venido construyendo en materia de juicio y castigo y debilita la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad” y explicó que “por eso el fallo es ilegal”.

En diálogo con Página Judicial, Boeykens insistió en que “el fallo que permite la aplicación del dos por uno para los represores es ilegal” y resaltó que “si hay algo que ha caracterizado a estos juicios por crímenes de la dictadura es el respecto de todos los principios de legalidad, debido proceso, jueces naturales y derecho de defensa, es decir, los represores tuvieron todas las garantías constitucionales; no se dictaron leyes especiales para su juzgamiento sino que se los ha juzgado con las leyes existentes; e incluso en Entre Ríos hasta se les ha permitido elegir qué tipo de proceso querían para ser juzgados y por eso se aplicó el antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal”, concluyó.

Bahler se suma a Massa

El diputado provincial por el Frente Renovador Entrerriano, Alejandro Bahler (Concordia), definió junto a su espacio político acompañar el reclamo que realiza el diputado nacional, Sergio Massa, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el fallo de la Corte Suprema que aplica el “2x1” a genocidas.

El legislador provincial definió el acompañamiento al reclamo fundado en los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti y juan Carlos Maqueda que sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad.

“Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”, explicó el legislador.

“Es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por la Corte. Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional”.

“Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo”.

Los magistrados que en disidencia votaron sostienen que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso, recordó Bahler en un comunicado.

“Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390”.

“Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236)”.

Finalmente, y haciendo propio los argumentos del voto de Maqueda y Lorenzetti, el Frente Renovador Entrerriano a través del diputado Bahler presentará un proyecto de Resolución para repudiar este fallo que marca un retroceso en materia de DDHH.

Fuente: Página Política - Página Judicial

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