El juez de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Paraná, José Reviriego, hizo lugar al pedido del gobierno provincial y dictó la conciliación obligatoria a Agmer y Amet por el término de 20 días hábiles y ordena suspender los paros. El primer encuentro será el próximo lunes a las 17.

Ante los rechazos a las propuestas salariales y la realización de medidas de fuerza el gobierno provincial pidió al Poder Judicial la conciliación obligatoria a Agmer y Amet para que se abstengan de hacer paros y se convoque a audiencia de conciliación. Se argumentó que “el derecho que peligra es el de aprender”.

La medida es por el término de 20 días hábiles y ordena a las partes suspender las medidas de fuerza anunciadas por los mencionados gremios docentes, consistentes en paro para los días 10 y 11 de abril próximo.

La defensora pública en turno, Marcela Piterson, corrió vista de lo peticionado y propicia la admisión de ello argumentando que “la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos”. Por ello, agrega más adelante que “corresponde a las asociaciones gremiales y sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes”.

El documento presentado por el gobierno este viernes, en sede judicial, consignaba que “el derecho que peligra es el de aprender consagrado en la Carta Magna”. También se puso de relieve que “desde el Gobierno Provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa”.

Se apuntó en el escrito que el “derecho de negociar de buena fe, se ha visto vulnerado y conculcado, entendiendo que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto”.

El texto lleva la firma de Miriam Clariá, abogada apoderada del Consejo General de Educación, con patrocinio letrado del Fiscal de Estado de la Provincia Julio Rodríguez Signes.
Fuente: Página Política

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