Corría el año 2003. Después de la crisis institucional, política y económica de 2001 y 2000, estaba finalizando en Entre Ríos el gobierno de Sergio Montiel.

Jorge Busti, entonces ya con dos mandatos al frente del Ejecutivo, era candidato a su tercer período. En ese marco, recurrió a la Justicia para denunciar la firma de decretos antedatados para disponer el pase a planta de una decena de trabajadores públicos simulando una antigüedad que no tenían.

Tomó la causa el entonces juez de Instrucción, Héctor Toloy, a quien se sindicó siempre por su vínculo con el peronismo que entonces lideraba Busti, por su historia política, previa a su pase a los Tribunales, como funcionario del Poder Legislativo, y luego por su actuación como magistrado.

Los acusados, además de Sergio Montiel, fueron los tres ministros que rubricaron los polémicos decretos: de Economía, Oscar Berón; de Acción Social, Rubén Villaverde; y de Gobierno, Enrique Carbó. También alcanzó la denuncia a quien entonces era titular del área de Trabajo de la provincia, Manuel Rodríguez, ya fallecido al igual que el ex mandatario radical.

Después de 15 años, llega a juicio oral y público el caso que pretende resolver la inocencia o no de los tres ex ministros con relación a los delitos de “falsedad ideológica” y “fraude a la administración pública”.

A lo largo de todos estos años, los trabajadores nombrados siguieron en planta. Eran alrededor de 10 y algunos de ellos fueron beneficiarios de lo que entonces se denominaban Plan Trabajar que percibían 150 pesos y cumplían funciones en áreas del Estado, específicamente en Acción Social.

Estando ya de vuelta a cargo del Ejecutivo Jorge Busti, los decretos no fueron derogados ni declarados lesivos. Pero además, el Poder Ejecutivo no se constituyó como querellante y es el Ministerio Público Fiscal el que lleva adelante la acusación.
Caminos ante la sentencia
Pasada la primera jornada del juicio oral, Berón tomó las condiciones del juicio abreviado. “Asumiendo los recursos con los que yo podría haber contado para una defensa eran muy escasos. Y llegados a esta instancia, decidí el juicio abreviado”, dijo Berón a Página Política.

“Fueron decretos de Acción Social que los otros ministros acompañamos”, se excusó Berón que explicó que por las características de la causa, la sentencia es igual para los tres acusados.

“El juicio continúa. Si el tribunal dispusiera la absolución de Villaverde y de Carbó también me alcanzaría a mí. Si determinara culpabilidad, en mi caso, no podría dárseme una pena mayor que la convenida” en el marco del abreviado que es por dos años y seis meses de prisión condicional.

“Hoy el decreto (motivo de la denuncia y la causa) sigue vigente. Incluso Busti, ya siendo gobernador, lo corrige por una cuestión formal”, hizo notar Berón que se ocupó también en marcar que “en todos estos años no hubo reclamo de pesos ni hubo presentación de querellantes”.
A la espera de sentencia
Por su parte, en diálogo con este portal, Rubén Villaverde explicó por qué, en su caso, no fue una opción el abreviado.

En su caso, entre 2003 y 2007 fue diputado provincial. “La justicia pidió mi desafuero. Yo también lo solicité pero el peronismo, como es su decisión desde siempre, no aprobó el desafuero”, aseguró. Luego, fue electo convencional constituyente y también se hizo el pedido ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. “La presidía a la comisión Raúl Taleb. También ingresó un pedido de desafuero y no se hizo lugar”, recordó el ex ministro.

“No estoy de acuerdo con el juicio abreviado para funcionarios”, dijo Villaverde quien, por otro lado, enfatizó: “Estoy absolutamente convencido que no tengo ninguna responsabilidad. Tal como lo expuso mi primer abogado, en la etapa de Instrucción, Raúl Barrandeguy, así como también Fernanda Tardelli (que lo acompaña en esta instancia de juicio) de ninguna manera un ministro tiene nada que ver con ponerle la fecha y el número a un decreto del Ejecutivo”, argumentó.

“Este caso es absolutamente ridículo. Estaban todas las categorías, las vacantes, los cargos presupuestados. No hubo ninguna observación ni del Tribunal de Cuentas ni de los otros organismos. Y todo el personal siguió en sus puestos porque el decreto siguió vigente y no hubo planteo de lesividad por parte de Busti que denunció y a los pocos meses asumió un nuevo mandato”, recordó Villaverde.

La sentencia del tribunal, integrado por Alejandro Grippo, Elbio Garzón y Pablo Vírgala, se daría a conocer el día viernes.
Fuente: Página Política

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Justicia y política Villaverde Montiel Carbó

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