El artículo 1º establece la derogación del Capítulo V de la Ley 8.369 incorporado por el art. 16º de la Ley 9.550 cuyos artículos 62º, 63º, 64º y 65º regulatorios de la acción de amparo ambiental, se reemplazarán por los siguientes: “Capítulo V.- Amparo Ambiental”.
Monge dijo que esta norma “viene a ampliar esta herramienta procesal” y destacó que una de las modificaciones plantea que la acción de amparo se puede presentar contra “un hecho lícito o ilícito” que, por acción u omisión, anticipe la probabilidad de riesgo o daño ambiental”.
Según la iniciativa estarán legitimados para interponer acción de amparo “las personas humanas, individual o colectivamente; las personas jurídicas; asociaciones no gubernamentales cuyo fin estatutario sea la defensa ambiental; el Defensor del Pueblo de la Provincia; el Defensor del Pueblo del Municipio o Comuna y el Estado Nacional, Provincial, Municipalidades o Comunas”.
También dispone que “cuando la acción de amparo ambiental sea promovida por una Organización No Gubernamental dedicada a la defensa del ambiente, el trámite contará con beneficio de litigar sin gastos”.
Otro de los puntos del proyecto aprobado dispone que “se puede dictar de inmediato una acción cautelar”.
Por último, Monge indicó en la sesión que “se incorpora la herramienta de la audiencia de conciliación entre las partes”.
El proyecto avanza en un contexto en el que el cuidado del medio ambiente está al tope de la agenda política y judicial. La semana pasada, el gobierno provincial apeló un fallo inédito que hizo lugar a una acción de amparo ambiental promovida por el Foro Ecologista Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
La Legislatura, en rigor la Cámara de Diputados, fue escenario de charlas vinculadas al cuidado de medio ambiente y fue también ese cuerpo el que terminó tumbando un proyecto que autorizaba la utilización de glifosato.
Diputados fue la “caja de resonancia” sobre los agrotóxicos
Redacción de Página Política
26 Feb, 2018
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