A pocos días de que Página Judicial revelara el escandaloso caso de la Legislatura, comenzó a circular un rumor inquietante. El Ministerio Público Fiscal ya había avanzado con algunas medidas y buena parte de la dirigencia política se inmutaba ante los hechos que gravitaban en la esfera pública.

Allanamientos a estudios contables pusieron de relieve y en conocimiento del gran público la existencia de un sistema por el cuál se fraguaron unos 1230 millones de pesos en los últimos 10 años en el seno del parlamento entrerriano. Entre 2008 y 2018 se desviaron presuntamente fondos públicos a través de contratos leoninos en los que contratados recibían entre 1200 y 2 mil pesos por prestar la firma para contratos de entre 35 mil y 50 mil pesos. El pago del monotributo y la cobertura de una obra social era parte de la dádiva.

El 3 de octubre ingresó a la Legislatura, en rigor a las cámaras de diputados y senadores, una requisitoria por la cual se solicitó todas las contrataciones realizadas en esa década. El oficio 1309 llevaba las firmas de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche; y los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro. Allí se solicitaba de forma inmediata la siguiente información: contratos de obra o servicios originales, gestados entre los años 2008 y 2018.

Las cámaras la rechazaron con argumentos similares. Se solicitó una adecuación de la petición y que se precise qué información se pretende analizar. El Ministerio Público Fiscal reformuló la requisitoria a diputados y senadores y las presentó el día 13 de noviembre. Lo hizo ya especificando el legajo 87.933 caratulado “Beckman Flavia Marcela y otros s/asociación ilícita y otros”. Pidió, ahora, por la situación sólo de los contratados. Pero en el caso de Diputados durante “el período comprendido entre el 11/12/2011 a la fecha”.

Si se las compara, se advierte que en la segunda solicitud se hace un recorte en la Cámara baja y excluye el período en que fue presidida por Jorge Busti. ¿Por qué? En la Procuración General no hay respuesta. Pero en el mundo de la política sí. Legisladores y ex legisladores radicales y peronistas reconocieron ante Página Judicial la existencia de un acta que está guardada bajo siete llaves y que de conocerse le daría un mayor volumen al escándalo que ya implica esta causa.

El documento, que resulta inaccesible, según cuentan diputados de diferentes extracciones con alarmante coincidencia alude a que no hay ningún papel que respalde los gastos que se hicieron en el período 2007-2011. Esto fue aparentemente plasmado el 12 de diciembre de 2011 en presencia de los directores administrativos de la Cámara de Diputados, saliente y entrante: Abel María Benedetti y Sergio Cardozo.

Cuando se filtró en la prensa a quienes alcanzarían las imputaciones en la investigación aparecían las principales autoridades durante los últimos 10 años: Sergio Urribarri, Adán Bahl, José Allende, José Cáceres y José Eduardo Lauritto. Faltaba el nombre de Busti, se subrayó oportunamente.

Hace unas semanas el ex gobernador fue consultado por ese recorte que lo dejaba afuera de la lupa judicial.

“Yo estuve de presidente de la Cámara de Diputados, orgullosamente desde 2007 al 2011, y di instrucciones para que cada diputado pueda hacer el contrato de sus asesores. Esto se estudió muchísimo, porque además no había que crear ninguna presunción de que esto era una relación laboral”, dijo en declaraciones al programa En el dos mil también, que se emite por FM Litoral.

-¿Su período quedó afuera de la investigación, lo que ha generado una especie de suspicacia. Por qué el período de Busti, no?

-Yo no tengo ningún problema que vean mi período. Yo no tengo nada que esconder. Tengo los cuatro años. Tengo las copias, absolutamente. Nosotros teníamos un auditor del Tribunal de Cuentas que permanentemente nos decía tiene que ir para allá e íbamos para allá. No tengo ningún problema.

Antes, en la misma entrevista, se había mostrado de acuerdo con que el pedido de información sea “concreto” para que “no todo el mundo quede absolutamente contaminado”. Y le pidió a la Fiscalía Anticorrupción que tenga en cuenta que la Legislatura es el 2 por ciento del presupuesto provincial, “no vaya a hacer que el árbol no le deje ver el bosque”.

Goyeneche también fue consultada al respecto.

-¿Por qué hay diferentes criterios en el pedido de información acerca de los períodos investigados?

-Porque en los cuadernos hay información de 2012, pero también se secuestró documentación sobre todas estas personas contratadas. Nosotros, en los primeros días pensábamos que las extracciones en las dos cámaras eran desde 2008. De hecho el primer pedido que hicimos fue desde 2008. A partir de la documentación que tenemos secuestrada empezamos a observar que en realidad hay una diferencia entre las dos cámaras. Y en la Cámara de Diputados la información empieza recién en enero de 2012.

La desaparición de documentación de carácter público conforma un hecho de gravedad, incluso tipificado en el Código Penal. En este caso es peor la situación, ya que dejaría renga a la investigación.

Pareciera que la política aparece otra vez ante el desafío de dar respuesta. La Justicia tiene aún un desafío mayor. No ser cómplice y que la historia sea contada completa.
Fuente: Página Política

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