No es la reforma judicial que prometió Gustavo Bordet al inicio del año legislativo. Aunque su referente en el Senado recibió con agrado un proyecto que sacude el Código Procesal Penal. La autoría corresponde a un grupo de abogados y, a groso modo, la pretensión es acortar las atribuciones de los fiscales. Los autores prefieren hablar de “equilibrio”.

El 22 de junio pasado, Miguel Cullen, Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Marciano Martínez, Victoria Cargnel, Sandra Sánchez y Guillermo Vartorelli, se reunieron con Ángel Giano. El presidente del bloque justicialista recibió la iniciativa que surgió de los integrantes del Colegio de Abogados de Entre Ríos. La noticia fue difundida por el cuerpo y la crónica hizo hincapié en la necesidad de darle impulso al Juicio por Jurados. Allí se citaron ejemplos en los que este instituto funciona de maravillas en otras provincias. Otra figura presente en el cónclave fue Julio Federik, autor del Código Procesal Penal actual que sufrió una reforma (ley 10.317).

Se explicó en ese ámbito que del ejercicio de la profesión “se observa cierta deformación” en el sistema acusatorio original y que se ha generado una “desviación” del juicio abreviado. Fue lo más arriesgado que surgió de aquel parte de prensa. Este grupo de profesionales ha brindado charlas sobre la reforma, pero siempre poniendo el Juicio por Jurados como tema.

Página Judicial tuvo acceso al borrador que ya circula en Casa de Gobierno. Del mismo se lee un proyecto de reforma más amplio que la mera puesta en marcha del Juicio por Jurado.

En varios artículos aparece el juez de garantías con atribuciones que en la actualidad no tiene. Las que se les pretende otorgar a ese operador judicial son retaceadas a los fiscales.

Un caso concreto. El texto de reforma sostiene en su artículo 220 que “sin perjuicio de la potestad para producir su propia prueba, indicando los motivos del pedido las partes podrán ofrecer al juez de garantías las diligencias que consideren útiles y pertinentes para la averiguación de la verdad. El magistrado requerido citará al fiscal y a todas las partes a audiencia en la que, después de escuchar al acusador público, al resto de las partes y al peticionante, en el término de tres (3) días ordenará la producción de las medidas interesadas o notificará su denegatoria por decreto fundado al interesado, el cual será inapelable”. En la actualidad es el defensor el que pide la prueba al fiscal. En caso que la deniegue, puede requerir una revisión ante el juez de garantías. De concretarse la reforma, directamente se la solicita al juez.

El trámite del desafuero también requiere de cambios según los autores. La solicitud de desafuero – según el texto - deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen en el plazo y la forma previstos por la Constitución y el “Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia”. Las comillas marcan el cambio. Serán, entonces, las reglas del cuerpo que preside Sergio Urribarri las que regirán en el procedimiento.

Lo que no aparece en el proyecto es la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Una descortesía a Federik, quien introdujo ese organismo en la carta magna como presidente de la Comisión de Control de Estado en la Convención de 2008. Julio Rodríguez Signes sabía justificar el deceso de la Oficina Anticorrupción justamente porque la Constitución preveía un organismo que inicie la acción penal ante posibles delitos en el seno de la administración. La Fiscalía de Estado debía a defender solo a la defensa del patrimonio.

El otro dato que no debe soslayarse es el contexto en el que aparece esta inquietud por reformar el Código. Un sinnúmero de causas por corrupción están tramitando en los tribunales de Paraná. En muchas de ellas los sospechados están siendo representados por reformistas y los une una relación política. Pedro Báez, ex ministro de Comunicación y Cultura y ahora diputado, propuso sin suerte como candidato de su espacio en la lista del oficialismo a Barrandeguy, quien defiende a Urribarri. Cullen y Vartorelli representan a los empresarios de la Cumbre del Mercosur. Todos terminarían en una misma causa en la que se investiga una parva de delitos en el que sobresale el de negociaciones incompatibles. La política y la justicia están llenas de desinteresadas y buenas personas. También de relaciones.
Fuente: Página Política - Página Judicial

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