Salió con los tapones de punta la procuradora adjunta.

Cecilia Goyeneche rompió el silencio y lo hizo estruendosamente. Denunció una persecución de parte de una organización criminal que pretende, según dijo, neutralizar la investigación por irregularidades en las contrataciones de personal en la Legislatura de Entre Ríos en los últimos diez años.

En una audiencia de extrema tensión que se desarrolló este viernes en los tribunales negó tener “relación comercial” con el contador Pedro Opromolla, integrante de “Integral Asesoría”, uno de los estudios investigados en el escándalo de la Legislatura; también negó que el profesional esté imputado en la causa, aunque sí ha designado abogado defensor y está sospechado de ser parte del esquema delictivo.

En ese marco, y habló de “operaciones mediáticas” montadas para desacreditar a quienes llevan adelante el que se presume sería el mayor desfalco en la historia de la provincia y sostuvo que unas horas antes había presentado una denuncia por la difusión de una supuesta conversación por WhatsApp “donde se inventan referencias impropias a una nota publicada en El Diario” que revelaba la existencia de un fideicomiso para la construcción de un edificio en el que Goyeneche y Opromolla, entre otros, aparecen como socios. “Es falso”, insistió.

“Eso también es parte de ese ataque tendiente a obstaculizar la investigación”, dijo Goyeneche. “No es un ataque que tenga incidencia concreta, porque nadie es indispensable en una investigación, sino que es un ataque hacia el sistema judicial porque también representa una advertencia para aquellos que hoy no están siendo atacados pero podrían ser atacados el día de mañana”, advirtió con temeridad.

Goyeneche apuntó directamente contra una “organización criminal”, a la que también tildó de “mafiosa”, cuyo poder no es solo económico, sino que suma la capacidad para “generar, fomentar y mantener el encubrimiento de sus integrantes y que se materializa en la obstaculización de la investigación”. ¿Cómo? A través de campañas mediáticas, recusaciones y cuestionamientos funcionales a los jueces y fiscales, aseveró. En ese esquema la procuradora adjunta no desligó a los abogados defensores, a quienes de alguna manera señaló como voceros de esa organización delictiva.

El desfalco a las cuentas públicas se estima en unos 2.000 millones de pesos, dijo.

“La defensa coloca a los imputados en situación de víctimas de un poder opresor que ejerce el Estado a través de la persecución penal. Pero la complejidad que tiene esta causa es que los imputados no son individuos aislados a los que el Estado les atribuye la comisión de un delito, sino que estamos ante un caso en el que el poder se encuentra afincado en otro lugar, y el ejercicio espurio de ese poder se ejerce con una única finalidad: obstaculizar la investigación y eliminar los elementos que puedan hacer que la investigación penal derive en el juicio y la condena de los imputados”, detalló.

Goyeneche aseguró que “el sistema judicial está siendo objeto de un ataque propio de lo que significa la investigación contra una organización criminal” y, en ese marco, habló de “una entrevista radial donde se advertía sobre la posibilidad de iniciar un proceso de juicio político y un jury, como una amenaza contra la investigación, algo que luego pasó, porque hubo una denuncia contra el procurador; también hubo ataques furibundos a través de medios de prensa y conductas absolutamente alejadas de la lealtad procesal por parte de abogados”, a quienes acusó de falsear datos ante la opinión pública.

Sostuvo además que la presión creció “a partir de que la investigación avanzó en el orden jerárquico” y detalló que “no había ataques tan furibundos cuando los detenidos eran (Flavia) Beckman, (Hugo) Mena, María Victoria Álvarez y Esteban Scialocomo. Pero eso cambió cuando fue detenido el director de administración del Senado (Pérez); entonces aparecieron los ataques”.

La procuradora adjunta habló también de un “código de silencio, propio de las organizaciones criminales”, sostuvo que “en estas estructuras el arrepentido es visto como un delator y la palabra delación tiene un significado valorativo absolutamente denigrante para aquel que sea calificado como tal” y aseguró que ese temor se advierte incluso en aquellos empleados legislativos que han sido citados a declarar como testigos.

Goyeneche pateó el tablero y el estruendo todavía se siente en los tribunales.
Fuente: Página Política

Claves

Contratos truchos

Publicá tu comentario

¡Tu comentario fue enviado con éxito!

La publicación del mismo está sujeta a la aprobación del moderador. Muchas gracias.

¡Escribí tu comentario!

* 600 caracteres disponibles

Comentarios

El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.

Publicá tu comentario

¡Tu comentario fue enviado con éxito!

La publicación del mismo está sujeta a la aprobación del moderador. Muchas gracias.

¡Escribí tu comentario!

* 600 caracteres disponibles