El senador nacional Pedro Guastavino, presidente de Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se expresó en torno al debate que ha suscitado el crimen de Micaela García, luego de que se señalara como responsable a Sebastián Wagner, que obtuvo su libertad condicional pese a estar condenado por violación. Al respecto, entre otros puntos y en un repaso de la legislación vigente, consideró necesario pedir opinión a las víctimas al momento de disponer la libertad de un condenado.

“El caso de Micaela vuelve la mirada de toda la sociedad sobre la Justicia y está bien que eso ocurra. Todos sentimos bronca e impotencia, porque está claro que lo que sucedió se hubiera podido evitar. Considero que la decisión del juez de beneficiar con libertad condicional a Wagner fue equivocada, como también es equivocado el acuerdo entre el Fiscal y la defensa en el juicio abreviado en dar una pena de 9 años -y la decisión del juez de homologar esto- cuando debió ser de 15 o 17", evaluó el legislador

"Como expresé cuando tipificamos el delito de Femicidio en el Código Penal, no importa la cantidad de leyes protectoras que hagamos a favor de las mujeres sino hay una política judicial que aplique las leyes que sancionamos”, expresó.
Reformas
“Desde que presido la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, hemos trabajado para darle al Poder judicial herramientas para que pueda desempeñarse de la mejor manera posible. Sin embargo, hay leyes que están vigentes y no son aplicadas o son aplicadas parcialmente. Y también hay decisiones inexplicables. El caso de Wagner es una de ellas: se lo liberó y nadie lo controló, teniendo en cuenta la reincidencia”, cuestionó el dirigente de Gualeguaychú.

“Creo que hay que profundizar el debate, pero debemos tener mucho cuidado –especialmente los dirigentes políticos- de no caer en el oportunismo y la demagogia en situaciones críticas como ésta. Creo que hay que evitar caer en posturas extremas al calor de la furia y el enojo”, reclamó.

Con respecto a la Ley de Ejecución de Penas -Ley 24.660- Guastavino recordó que fue modificada en el 2011 a partir de un hecho ocurrido en mayo del 2009, cuando una joven fue violada y asesinada. El atacante, un vecino, tenía una condena de 12 años de cárcel por violar a una nena de 15 y estaba gozando del beneficio de salidas transitorias. En ese marco se modificó la Ley de Ejecución Penal para los delitos de abuso sexual gravemente ultrajantes, abusos seguidos de muerte y corrupción de menores.

“En el 2011 se estableció un régimen complementario de reinserción, que preveía que los condenados por estos delitos debían ser tratados por un equipo interdisciplinario estando presos y que un equipo especializado debía hacer un estudio previo para determinar la factibilidad de su libertad, sea condicional, domiciliaria u otra. Y que una vez en la calle, estas personas debían ser acompañadas por profesionales preparados para contenerlos, cuidarlos y ayudarlos en su reinserción. Pero demás, que debían –o bien ser acompañados por empleados del servicio de custodia del Servicio Penitenciario o se les debía colocar un dispositivo electrónico de control. Estas disposiciones se cumplieron a medias. Por distintas razones, presupuestarias o lo que fuera, la Justicia no puede o no quiere avanzar en estos controles”, detalló el senador.

Guastavino anticipó que el martes que viene, según estaba previsto en la agenda del Senado, comenzará a debatirse una nueva modificación a la Ley de Ejecución de Penas, que ya tiene media sanción en Diputados. “Se busca limitar las excarcelaciones para los delitos graves y gravísimos y también se va a incluir en el debate limitar las excarcelaciones en casos de violación. Este debate se generó antes de lo que sucedió con Micaela”, aclaró.

Recordó otra reforma, del 2012: el Senado derogó la figura del Avenimiento, que permitía la exención de la pena para el imputado si se casaba con su víctima, la víctima de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto. “Yo fui miembro informante en este caso. El Avenimiento era una figura muy arcaica que existía en el Código Penal. El caso emblemático era el de Carla Figueroa. Había sido víctima de violación, su victimario fue preso y luego ella lo perdonó y se casaron. En el acto se acabó la extinción penal y él quedó libre. A los 10 días él la mató. Esa figura fue derogada del Código Penal”, explicó el legislador.
Violencia de género
Con respecto a la lucha contra la violencia de género, Guastavino señaló que fue un avance lograr la tipificación autónoma en el Código Penal del delito de femicidio, es decir, el asesinato de mujeres cometidos por el mero hecho de serlo.

“Incorporar al femicidio como un delito autónomo no fue una tarea sencilla. La opción que propusimos es abiertamente resistida por algunos sectores de la doctrina penal de nuestro país, que sostienen que es una especie dentro del homicidio. Sin embargo, en el debate, consideramos fundamental sostener la postura de la tipificación autónoma, por las siguientes razones: primero, porque reconoce la problemática y la visibiliza, y así se transforma en una valiosa herramienta para la investigación y la acción política. Segundo, porque entendíamos que contribuía a garantizar la persecución del delito, con directivas estatales claras y precisas”, remarcó.

Guastavino explicó que “en este momento trabajamos en una Ley Nacional de Protección de Derechos y Garantías de las víctimas. Es fundamental darles participación a las víctimas en el Proceso Penal. En el caso de Wagner, el Juez Rossi libera a un detenido y las víctimas se enteraron por los diarios o no se enteraron. Tenían que darles participación, tenían derecho a ser escuchadas y también tenían que dar su opinión antes que el juez tomara su decisión”, finalizó.
Fuente: Página Política

Claves

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