Juan Pablo Aguilera fue un hombre importante durante la gestión de Sergio Urribarri. Si bien su función en el organigrama no lo sindicó como tal, con el correr del tiempo se convirtió en una pieza clave para el entonces gobernador. Cualquier cuestión vinculada a la política e incluso al manejo de subsidios y fondos de campaña, era el cuñado de Urribarri en muchos casos al que se debía acudir. Esto lo confiesan ex legisladores, intendentes y funcionarios.

Aguilera declaró este martes en carácter de testigo en la causa donde se investigan supuestas irregularidades en la organización de la Cumbre del Mercosur en diciembre de 2014.

En el caso se está investigando a funcionarios, ex funcionarios y empresarios por las presuntas anomalías en la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para aquella jornada que recibió en Paraná a presidentes latinoamericanos. Este lunes lo hizo la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, quien en la gestión anterior fue designada como coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), la comisión creada para canalizar las obras y servicios a realizarse.
Declaró Feltes por negocios en la Cumbre del Mercosur Redacción de Página Política 18 Sep, 2017
Aguilera –según reconstruyó Página Judicial – declaró ante la fiscal Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quien se desempeña ahora como fiscal auxiliar.

El cuñado de Urribarri se desentendió de la Cumbre del Mercosur. Dijo que no tuvo nada que ver en la organización del evento diplomático. En rigor, Aguilera fue citado por la cuestionada contratación de publicidad con la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El contrato por 28 millones de pesos fue para poner al aire de canales nacionales cuatro spots que – según sospecha la Justicia - fueron utilizados como propaganda para la campaña presidencial de Urribarri. Aparte del exuberante costo de los mismos.

En ese legajo ya declararon como imputados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y Urribarri. También lo hizo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, pero como testigo. Lo hicieron ante los fiscales Santiago Brugo, Patricia Yedro y Alejandro Cánepa.

Negociaciones incompatibles

Aguilera está involucrado en otras causas. Como ex secretario del Senado y luego coordinador de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, el cuñado de Urribarri también está sospechado de haber incurrido en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración pública, peculado y abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos.

Para la Justicia, el gobierno contrató a la empresa de Aguilera TEP SRL, ex 5 Tipos y que funciona bajo el nombre de Formato Urbano “de manera arbitraria y constante” desde 2010 hasta 2015. Lo hizo –según la acusación penal escrita por la fiscal Yedro, “sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente, direccionando contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos”. En ese legajo se citó al cuñado de Urribarri y a su esposa Belén Almada, pero se abstuvieron.

Sobre Aguilera pesa también la investigación que se está llevando adelante por enriquecimiento ilícito a la familia de Urribarri, luego de una denuncia por los abogados locales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet tras conocerse un crecimiento del patrimonio del ahora presidente de la Cámara de Diputados publicado en la Revista Análisis.
Fuente: Página Judicial - Página Política

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