La versión, al pasar y sin detalles, la ventiló Miguel Pichetto. Su par por Entre Ríos, Sigrid Kunath, esquivó ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura que por estas semanas es codiciado por la política argentina. Esto es en caso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirme el fallo por el cual se excluye al senador Ruperto Godoy (FPV-San Juan) por no poseer título de abogado.

La salida del sanjuanino del organismo que destituye magistrados, entre otras atribuciones, tiene un objetivo de fondo: cambiar la mayoría y, así, destituir al camarista Eduardo Freiler, sobre quien pesan denuncias por enriquecimiento ilícito y mal desempeño por parte de Cambiemos.

El Consejo de la Magistratura no ha podido iniciarle un juicio político porque falta un voto para que se habilite. El kirchnerismo se abroqueló y hoy impide que se pueda avanzar con ese proceso contra Freiler, a quien también se liga a la ex presidenta Cristina Fernández.

El miércoles pasado, los senadores del Frente para la Victoria apoyaron la continuidad de Godoy y calificaron de “arbitrario” y “político” el fallo de la Cámara en lo Contensioso Administrativo. No obstante, ante una inminente salida, las miradas apuntaron a los suplentes del senador caído en desgracia para ocupar ese espacio en el cuerpo. La primera suplente es Kunath.

La senadora entrerriana habló con Pichetto y le pidió dar un paso al costado y no asumir ese lugar en caso de que Godoy tenga que dar un paso al costado tras un revés de la Corte. Según supo Página Judicial, la legisladora puso como excusa “cuestiones políticas”. Esto debe decodificarse de la siguiente manera: Kunath, al asumir ese lugar se puede llegar a convertir en el voto decisivo para iniciar un juicio político a Freiler, pretensión del macrismo. Pero a la vez, la pone enfrente de sus compañeros de bloque. Todo esto, en el fondo, complica las relaciones entre Gustavo Bordet y Rogelio Frigerio, el hombre fuerte del gobierno nacional en Entre Ríos y jefe de Cambiemos en esta comarca. El senador Rodolfo Urtubey (Salta) también se excusó por los mismos motivos. Así, entonces, quedó el chubutense Mario Pais.

Consejo de la Magistratura. La reforma

El debate, por el que se judicializó la permanencia o no de Godoy, es si la tenencia del título de abogado es un requisito excluyente. El juez Enrique Lavié Pico declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley 26.855, que eliminó la obligación de ser abogado para integrar el Consejo. La presentación para que se suspenda ese artículo fue realizada por el abogado Alejandro Fargosi, que fue consejero de la mano de la UCR y el PRO.

La última reforma que se le hizo al Consejo de la Magistratura fue en 2006. Y fue caótica. La iniciativa la encabezó Cristina Fernández como senadora.

En líneas generales, la oposición de entonces advirtió que la reforma vulneraba el equilibrio entre sectores de la Justicia y de la política que manda el artículo 114 de la Constitución para la composición del Consejo. Ese fue el punto medular del proyecto y el más criticado en el recinto: la reducción de sus miembros de 20 a 13, siendo la representación de la Justicia la más afectada.

El oficialismo mantenía sus cinco lugares, lo que lo dejaba muy cerca de bloquear la designación y la remoción de jueces. Actualmente el Consejo está integrado por tres senadores; tres diputados; tres Jueces; dos abogados; un académico y un representante del Poder Ejecutivo.

Una de las que dio el debate en el Congreso fue Rosario Romero. La reconocida abogada de Paraná defendió el proyecto y cuestionó, incluso, a la entidad que la representa. En su libro “Informe Labor Legislativa 2003 – 2007”, que registra todos sus proyectos e intervenciones en el recinto, Romero acusó a los opositores de haber montado “una equivocación premeditada tendiente a plantear que el proyecto es autoritario y hegemónico. (…) Si se necesitan dos tercios para decidir la acusación y elevar la terna al Poder Ejecutivo en el momento que el Consejo en pleno vota lo que propone la comisión, lo que propiciamos, a partir de los cinco miembros por el oficialismo que integrarían el Consejo, es que las decisiones se alcancen por consenso”, señaló ante sus pares antes de que se apruebe el 22 de febrero de 2006.

Más adelante, la diputada nacional embistió: “Escuché a mi Colegio con dolor cuando, en una solicitada, nos dijo a los diputados que somos abogados y votáramos por la afirmativa que vamos a llevar una mancha indeleble. (…) Este mismo Colegio no se expresó, o lo hizo tibiamente, contra las violaciones a los derechos humanos en pleno proceso. No defendió a los abogados que patrocinábamos a presos políticos y tampoco dijo que los ex jueces del proceso que toleraban las torturas y no contestaban los amparos no podían colegiarse”. (Páginas 213,214 y 215)

La ahora legisladora provincial se explayó y contextualizó su ponencia en lo que dictó la Constitución reformada en 1994, donde se crea el Consejo de la Magistratura.
Fuente: Página Política

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