Marina Barbagelata posiblemente sueñe con la causa en la que se investiga la estafa en el seno de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través de las compensaciones móviles. No es para menos, su despacho son carpetas y carpetas en los que se ha ido narrando el fabuloso desfalco de 50 millones de pesos.

La jueza de Transición de Paraná solicitó hace un tiempo que la afecten exclusivamente a ese caso, petición que se le otorgó. Tiene, al día de la fecha 209 expedientes para resolver, entre los que hay contribuyentes, contadores y empleados del organismo recaudador luego del análisis de probabilidad si hubo o no delito. Puede haber más.

La mega causa llega a su fin – en esta etapa y bajos las reglas del sistema viejo – con un una serie de idas y vueltas con más de 300 personas indagadas. En el medio, buena parte de la plata fue recuperada por ATER y, por resolución del Ministerio Público Fiscal, se decidió no avanzar penalmente contra quienes estaban implicados con sumas menores a los 15 mil pesos y lo devolvieron. Aseguran los operadores judiciales en la causa que esta decisión fue una oxigenación en la pesquisa que parece no tener fin y que se extendió hasta el 2004. Marcelo Cassaretto había denunciado el período 2012-2014, pero luego los ex diputados María Emma Bargagna y Jorge Monge solicitaron que se investiguen los períodos 2004-2007 y 2008-2011.

Círculo íntimo

Hay casi una certeza. No hubo una cadena de complicidades en diferentes áreas del Estado. Esto se desprende de pericias e información recabada que surgieron de los allanamientos, reconstruyó Página Judicial. Las compensaciones tributarias están regladas por el artículo 75 del Código Fiscal, dónde el proveedor del Estado acredita tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprueban para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía.

Cuando se hurgó en esos organismos, no se pudo hallar rastros, ya que los trámites de compensaciones (truchas) nacían y morían en la ATER. Era allí donde se cocinaba la estafa manipulando el sistema software. Es decir que con solo ingresar en una computadora se borraba la deuda del contribuyente.

De esa tarea, la de borrar las deudas, se encargaron la entonces jefa de Despacho de la ATER, Estrella Martínez de Yankelevich; y su empleado, en Mesa de Entradas, Daniel Gaggión. Pero esa cooperativa delictiva iba a tener adláteres que hacían el contacto a contadores y contribuyentes haciéndole creer que podían pagar una cifra menor. Algunos de los contribuyentes lo hicieron sin saber que cometían un delito, otros, obviamente, no. Es lo que cree Barbagelata. En el juicio surgirán casos de todo tipo. Esto, en la instrucción, relentó el proceso de manera extraordinaria. Cada indagatoria es una novela. En las audiencias se repetirán.

Lo cierto es que se pudo probar que Gaggión, por ejemplo, se ocupó en un 70 por ciento de manipular el Sistema Informático Tributario (SAT). Su clave allí puesta lo condena.

Del funcionariado de jerarquía, el único que deberá sentarse frente al tribunal será el ex tesorero de la provincia, Gustavo Gioria, quien tuvo que renunciar cuando se hizo público el escándalo. Gioria no habría puesto sus atribuciones de funcionario a las órdenes de la cooperativa delictiva, sino que fue contador asesor de una empresa que estafó al Estado. La causa tiene otros nombres que están complicados y que vienen de la ATER: Fabrizio Dayub, que se desempeñaba en la Dirección General de Rentas (DGR) en Paraná y fue exonerado; y Darío Barreto, un empleado de ATER. Ambos deberán dar explicaciones en juicio.

En resumen: toda la operatoria para estafar al fisco fue un plan diseñado y ejecutado en el seno mismo de la ATER.

Una perlita

Un dato desconocido para quienes siguen esta causa involucra a Domingo Daniel Rossi. Ante el escándalo, el ex intendente de Santa Elena pretendió constituirse como querellante ante el pueblo estafado. El Tribunal de Juicio y Apelaciones, Sala Nº 1 en Transición, integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Rafael Cotorruelo le rechazó la petición. Esto impedirá que recaiga, en este tribunal, el juicio. Deberá resolver el tribunal de Alejandro Grippo, Ricardo Bonzzola y Elisa Zilli.
Fuente: Página Política - Página Judicial

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