La interna que se vive en los tribunales de Paraná no es nueva, pero se ha acentuado de tal manera que merece ser evaluada. Quienes integran el Poder Judicial deciden, por ejemplo, la libertad de las personas.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantiene un enfrentamiento con la Procuración General a esta altura sin cuarteles. Esto se vio en los últimos días cuando el alto cuerpo interpuso una medida cautelar de no innovar y paralizó el proceso de audiencias públicas a fiscales auxiliares. Esta maniobra no debe ser leída con otra lupa que no sea la política. Jurídicamente no ntenía ningún sustento, pero todos se habían puesto de acuerdo para que ese engendro se convierta en un aporte institucional.

La figura de fiscal auxiliar no está prevista en la Constitución provincial reformada en 2008. Un año antes ya era un hecho la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio que preveía la figura del fiscal auxiliar, sin embargo no se hizo nada. La Procuración, entonces, optó por convocar a concurso. Los postulantes de la costa del Uruguay fueron evaluados por tribunales conformados por camaristas de Paraná y viceversa.

Este aparente conflicto de poderes, en donde la Justicia solicitó que se no se avance en el Senado con las audiencias públicas tiene como punto de partida una iniciativa de quien ahora preside el STJ, Emilio Castrillón. El vocal de la Sala Civil y Comercial sostuvo que los fiscales auxiliares, por una cuestión de institucionalidad, deberían tener un acuerdo senatorial como respaldo institucional. El procurador general, Jorge Amílcar García, recogió el guante y envió la lista enfrente.

En el medio apareció la petición de Juan Carlos Arralde en representación de Delfina Valeria Geist, una abogada oriunda de Federación que se siente discriminada por el sistema de concursos que se llevó a cabo en la Procuración General. Esa sensación, la de sentirse discriminada, apareció es tardía. Se presentó a la Justicia hace unas semanas, es decir, varios años después de que se realicen los concursos que fueron convocados abiertamente. Primera rareza.

El dirigente radical atacó en su planteo el artículo 50 de la Ley 10.407 reglamentaria del Ministerio Público Fiscal que autoriza al procurador general a realizar concursos entre funcionarios judiciales. Su petición exceptúa del previo paso por el Consejo de la Magistratura a quienes eran secretarios titulares de juzgados que se convirtieron en fiscales auxiliares. Segunda rareza. Arralde es un hombre de los tribunales y fue también convencional constituyente. Pero además es un abogado y dirigente serio.

Lo cierto es que el STJ interpuso la medida de no innovar y suspendió las audiencias públicas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad del artículo 50. Decodifiquemos: el STJ interfiere un proceso que planteó uno de sus miembros y que el procurador general pudo no haber accedido, porque ninguna norma prevé lo planteado por Castrillón. Tercera rareza.

El último capítulo que se conoce de esta historia es que García solicitó que el Superior Tribunal se aparte del caso. Se llenó el cartón.

Sin trincheras

Este enfrentamiento entre sectores del STJ y el Ministerio Público Fiscal está atravesado por la política que se practica fuera y dentro de los tribunales. La Justicia se formatea con actores similares. Creer que todos sus integrantes se dedican pura y exclusivamente a la interpretación de la ley y los códigos de procedimientos será lo correcto, pero no sucede ni en la provincia ni en el país en el que vivimos.

El caso de Guillermo Smaldone fue una muestra del cuadro de situación que se vive en los tribunales. La votación para definir si era o no constitucional su designación como presidente del Tribunal de Cuentas se encuadró en la interna peronista de los últimos años que tuvo a Sergio Urribarri y Jorge Busti en el centro de la escena. La preocupación de un lado y otro por el resultado que venía ajustadísimo fue lo que definió el final de la historia que fue política, no jurídica.

Smaldone terminó eyectado del organismo ante un inminente fallo en su contra que, finalmente, se resolvió en el gobierno de Gustavo Bordet. Anrtes se habían violentado todos los pasos del proceso. Pasaron años en el que el expediente durmió en los despachos de algunos vocales. García y Castrillón habían votado en contra del peticionante, que dicho y sea de paso fue Arralde. Contra los intereses de Urribarri también se habían inclinado Omar Carubia, amigo personal de Busti; y Carlos Chiara Díaz, sacado del STJ y cuya salida le adjudican al presidente de la Cámara de Diputados. Carubia, Castrillón, Chiara Díaz y García fueron los actores de esta película. Son, precisamente, los cuatro hombres que hacen política en el Palacio de la Justicia. A esta lista habría que sumarla a Claudia Mizawak, que esperó hasta el final del pleito y evitó votar. Smaldone ya estaba afuera.

En los días en los que se definía el final de esta historia y empezaban a acumularse denuncias por corrupción, llegó a algunas redacciones de medios entrerrianos un proyecto de declaración de un diputado nacional por la provincia de Buenos Aires enrolado en el Frente Renovador. Horacio Alonso cuestionaba a la Justicia de esta provincia, pero hizo hincapié en los casos de corrupción. Insólita preocupación de un legislador bonaerense por lo que sucede en estas pampas.

La anécdota es desopilante. La noticia alcanzó a difundirse en varios medios, hasta que la diputada nacional Cristina Cremer de Busti salió a aclarar que acababa de ponerse en contacto con su par y que éste le había dicho que no presentó ningún proyecto, pese a que el texto se distribuyó membretado. Lo bien que hizo la legisladora, el 80 por ciento de los vocales, incluido el procurador, fueron designados por su marido. La embestida contra el Poder Judicial tuvo como instigador a Héctor Maya, quien después de denunciar impunidad de décadas entre Busti y la Justicia por haber armado –según él y lo repitió hasta el cansancio- una mega estructura judicial, terminó pidiendo una candidatura para el tres veces gobernador y saludando la presidencia de Castrillón.

El enfrentamiento de García con los vocales del STJ como Carubia, Castrillón y en su momento Chiara Díaz, llegó al extremo de que con sólo saber cuál era la postura del Ministerio Público, se podía pronosticar con certeza la de un sector del alto cuerpo.

El procurador tuvo en todos estos años un soporte mediático con el que ya no estaría contando. Es un dato que podría alcanzar la categoría de síntoma. Algo se estaría cocinando a fuego lento, pero para servirse el año que viene.
Fuente: Página Política

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