Con fecha 6 de abril se elaboró la sentencia de la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, aunque el fallo fue rubricado este lunes por el juez Pablo Seró.

El magistrado no hace lugar al pedido de nulidad del proceso de elección de los consejeros graduados de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

De este modo, avala lo actuado por la Junta Electoral de la unidad académica --que tras impugnaciones y revisiones terminó consagrando como lista única a “Trayectoria y Horizonte”-- y lo dispuesto al respecto por el Consejo Superior de la Universidad.

Este planteo judicial tiene en suspenso el proceso electoral en Trabajo Social -que tenía previsto votar decano el 12 de abril-. El fallo de Seró, sin embargo, no cambia las cosas porque la decisión fue apelada por los amparistas, patrocinados por el doctor Carlos Acosta.

El abogado hizo saber a Página Política su decisión de recurrir ante la Cámara Federal de Apelaciones ante “un fallo que considero injusto y que desvía el fondo de la cuestión”. Dijo que la decisión de Seró causa “un gravamen irreparable por lo que lo estamos apelando”.

Del mismo modo, ratificó que recurre a los tribunales federales con otro planteo que impugna lo resuelto por la Junta Electoral de otra facultad, la de Bromatología, en Gualeguaychú, y en este caso impugnando el proceso de elección de los consejeros docentes. La apelación al fallo de Seró tiene carácter suspensivo con lo cual no se destraba el cronograma de renovación de autoridades de la UNER que concluye con la conformación de la Asamblea Universitaria para votar rector y vicerrector, el próximo 28 de abril.
Argumentos
En un extenso escrito, Seró plantea entre otros puntos que “la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha sostenido que: “...los pronunciamientos de la Universidad en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente, no podrían, en principio, ser revisados por juez alguno sin invadir atribuciones propias de sus autoridades, y ello así mientras se respeten en sustancia los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y no constituyan un proceder manifiestamente arbitrario…”.

Se cita, entre otros antecedentes, el caso “Calderón, Juan Pablo y otro c/Universidad Nacional de la Plata s/Recurso directo Ley de Educación Superior Ley 24.521.

Por otro lado, el magistrado asegura que no es posible advertir “cuál es el perjuicio concreto ocasionado a la agrupación que representa la actora, habida cuenta que la resolución (Nº 2 de la Junta Electoral de Trabajo Social) apelada formalmente por su parte el día 14 de febrero de 2018, oficializa a las dos listas presentadas, permitiéndole a ambas participar democráticamente en proceso eleccionario para obtener representantes del claustro y en este marco, adelantando opinión, estima el suscripto que no puede considerarse que la resolución resulte ilegal y arbitraria”. Vale mencionar al respecto que la lista que recurrió a la Justicia decidió finalmente desistir de la contienda.

Se advierte en el fallo que la autoridad electoral de la unidad académica no es posible determinar “la existencia de los vicios endilgados a las resoluciones atacadas, ni mucho menos un accionar ilegítimo ni arbitrario por parte de las autoridades que las dictaron, las cuales -vale reiterar- como organismos cuyas atribuciones se encuentran expresamente determinadas en el Estatuto de la Universidad, actuaron de acuerdo a la competencia que tienen asignada de conformidad a la normativa correspondiente”.

Se concluye que tanto la resolución a nivel de la facultad, como su aval en Consejo Superior son “actos administrativos cuya presunción de validez resulta incontrastable y en consecuencia, las nulidades intentadas deben ser rechazadas por carecer de sustento en agravio constitucional alguno”.
Fuente: Página Política

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