Un silencio sospechoso sobrevuela el proceso iniciado para investigar a Carlos Chiara Díaz. Una supuesta salida del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provoca, en el acto, repercusiones en la política. En primer lugar produce una vacante en la preciada Sala Penal y Asuntos Constitucionales que hoy integran Claudia Mizawak y Omar Carubia. En segundo lugar se va un magistrado a quien se le atribuye independencia de quienes timonearon la gestión anterior. Lo demostró en el caso de Guillermo Smaldone.

La presentación para iniciarle un juicio político a Chiara Díaz propone, básicamente, que se investiguen dos causales: un supuesto incumplimiento de sus funciones por sus ausencias en el despacho (por sus estadías fuera de la provincia para dar desempeñarse como docente); y la utilización indebida de viáticos.

Esta segunda causal es clave. Se le endilga a Chiara, con razón, la utilización de viáticos para un viaje a Buenos Aires para atender cuestiones personales. En su descargo, el vocal sostuvo que se ausentó de la provincia para “programar la presentación y actividades alrededor del proyecto de Código Penal”. El procurador de la provincia, Jorge García, emitió un dictamen donde señaló que si Chiara Díaz debió ausentarse de urgencia y por breve tiempo, podría hacerlo comunicándolo verbalmente sin esperar la concesión de la licencia. La historia se terminó con la devolución de los viáticos que alcanzaban a 7 mil pesos. El magistrado explicitó el delito. ¿No debió investigarse el caso por parte de un fiscal? ¿Los demás integrantes del cuerpo no debieron denunciarlo en su obligación de funcionario público? Nada de eso ocurrió. Primó el silencio y el comentario en off. Se plasmó una especie de ley del arrepentido.

El caso al que se refiere ocurrió en enero de 2014. Dos años después se hizo la presentación de un juicio político. Antes de que se materialice esta petición se filtró en la prensa cuestiones personales (y judiciales) del vocal. Surgió en un sitio digital, el Palacio, que sólo apareció en la web para dar a conocer esa noticia. No se sabe más de su existencia. Raro proyecto periodístico.

La semana pasada la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votó por unanimidad la apertura de la investigación presentada por un abogado del interior de la provincia, Guillermo Reggiardo. Es la segunda presentación, la primera la hizo junto a Augusto Alasino y Domingo Daniel Rossi, pero fue rechazada por cuestiones formales.

Un sondeo en el Poder Ejecutivo dio como resultado la libertad de actuación de las instituciones. Demasiado bajo el perfil que se cultiva en Casa de Gobierno. Bordea lo sospechoso.

Con la salida de Chiara Díaz la Sala Penal queda con dos integrantes que, a través de sus fallos y no sólo sus sentencias, se han identificado políticamente. Carubia es amigo personal de Jorge Busti; mientras que a Mizawak se la vincula con Sergio Urribarri.

En tribunales se están llevando adelante investigaciones judiciales a buena parte de la gestión anterior. En Casa de Gobierno Gustavo Bordet inició el proceso de unidad del peronismo que incluye a Busti y Urribarri.
Fuente: Página Judicial

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