Por estos días se concretó una etapa clave de la puesta en marcha del Presupuesto Participativo en Paraná, con la votación de los proyectos a desarrollar en cada una de las jurisdicciones de la ciudad.

Catalina Bressán es licenciada en Ciencia Política, oriunda de Maciá, que ha incursionado como profesional en el estudio de las políticas de descentralización municipal y mecanismos de participación ciudadana. Fue expositora en el marco del XI Congreso Nacional de Ciencia Política que se desarrolla en la capital provincial y en diálogo con El Diario, puso el foco en el análisis en los primeros pasos dados por el Presupuesto Participativo. Analizó antecedentes fallidos y planteó desafíos hacia adelante para que esta herramienta se consolide, sea apropiada por los paranaenses y gane el lugar de política de Estado.

Antecedentes

Para la especialista, “este intento de generar políticas públicas participativas en Paraná es un proceso que podemos rastrearlo en la formación de lo que fue el Pedep (Plan estratégico de Desarrollo de Paraná), en tiempos de la gestión de Humberto Varisco”. Se refirió así a la experiencia se desarrolló a fines de los ‘90, logrando concitar el interés y el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas para la ciudad.

“Fue uno de los intentos más institucionalizados por poner en marcha una política participativa, pero luego quedó trunco”, mencionó Bressán y luego repasó los proyectos de ordenanza, aprobados en el Concejo Deliberante, uno de los cuales fue impulsado por el concejal socialista, Marcelo Haddad.

“Hubo normas que claramente formularon el presupuesto participativo, con indicaciones de cómo implementarlo y demás. Pero nunca se concretó”, recordó.

Enmarcó también en esta serie de intentos a la propuesta de descentralización municipal que instrumentó la gestión de José Carlos Halle. “Esta fue la experiencia más reciente, cuando se planteó la división de la ciudad en cuatro y la creación de las unidades municipales, lo cual es indispensable para poder implementar políticas públicas participativas, es condición para hacer más eficiente la participación”, definió la analista.

Desde su perspectiva, “si se demoró tanto tiempo, si se venía hablando de esto hace tanto tiempo sin que prospere, la causa central está en la voluntad política”. Hizo notar que tanto la provincia como el municipio cuentan “con normativa vigente muy actualizada en materia de participación y la reforma de la Constitución de 2008 previó la autonomía municipal que hizo más apta aún a la ciudad para el desarrollo de estas políticas”. “Que no se hayan implementado se explica, sobre todo, en la falta de voluntad política”, concluyó.

Al respecto, y con relación a la descentralización municipal, mencionó que el proceso no fue “descentralización” tal como la definición lo requiere. Dijo que la creación de las unidades municipales fue condición para que hoy el presupuesto participativo se facilite, aunque dijo que medió una decisión política en que no se avanzara en la participación ciudadana que contemplaba el proyecto.

Nueva etapa

Bressán enfocó luego su análisis en el proceso en marcha, instrumentado por una nueva ordenanza del Ejecutivo, en esta gestión de Blanca Osuna.

Desde su experiencia de haber participado de buena parte de las asambleas que se hicieron, destacó que “la gente se ha involucrado bastante, si bien es un proceso reciente que se va a poder evaluar en la marcha”.

Destacó la importante presencia de las comisiones vecinales que “son actores fuertes en Paraná y que, como actores de la sociedad civil, son claves y juegan un rol importantísimo en la implementación de estas políticas porque son las canalizadoras habituales de la participación”.

Consultada por la participación de la dirigencia política y el rol que les cabe a los partidos en este proceso, describió que hubo una intervención solapada de referentes partidarios pero que no se presentaron como tales sino como vecinalistas. “Lo que aparece más claramente es la identificación barrial, territorial y no tanto en relación a los partidos”, describió.

Con relación a lo que implica para una gestión la implementación de instrumentos como estos, Bressán puso en la balanza, por un lado, que “un intendente que ejecuta este tipo de políticas pone en el tapete su propia gestión, abre el juego al debate de su propio gobierno y al control ciudadano”. Ese costado, que implica un desafío, supone por otro lado habilita la posibilidad, de algún modo, “una relegitimación de su gobierno en cada instancia de debate”.

Aspectos a tener en cuenta

Catalina Bressán marcó algunos aspectos del proceso de presupuesto participativo que debieran ser tenidos en cuenta para permitir que se fortalezca la herramienta institucional que recién se pone en marcha.

Por un lado, como participante de algunas de las primeras asambleas informativas, mencionó que en las primeras instancias hubo algún descuido en el lugar y las condiciones del debate. “En una que se hizo en la calle había ruido, un taller al lado; en las posteriores eso mejoró. Pero hay que pensar siempre en que las condiciones físicas y simbólicas permitan igualar la participación”, subrayó.

Por otro lado, advirtió sobre la necesidad de reforzar la información –a través de los medios pero fundamentalmente con cartelería callejera y otros medios de difusión- acerca de las reglas de juego para la participación. “Vi por ahí gente que no tenía las reglas claras, le faltaba información que es fundamental porque el verdadero desafío es involucrar a la ciudadanía en la definición de políticas públicas”, aconsejó.

Finalmente, puso el acento en lo que tal vez sea el desafío más importante, que tiene que ver con que las obras debatidas, puestas a votación, elegidas, se realicen en tiempo y forma. “Para lograr que esta herramienta se convierta en política de Estado y ya no en instrumento de una gestión, es indispensable que se concreten las obras por las que la gente fue a varias asambleas, se reunió, fue a votar”, subrayó.
Fuente: El Diario

Claves

XI Congreso de Ciencia Política Blanca Osuna

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