Los tiempos apremian. La fecha está establecida, según la ley. Pero hoy por hoy nadie cree que se podrá cumplir a rajatabla con los tiempos que fija la letra jurídica. El proceso, sin dudas, se prolongará.

El Tribunal de Cuentas, a diferencia de otros, se convirtió en el organismo de control más controvertido. No es para menos. Durante los últimos años se posó allí la mirada de la oposición y la Justicia cuando al frente de esa institución llegó Guillermo Smaldone, el joven abogado que dio un paso al costado cuando le soplaron que había un fallo en su contra. Juan Carlos Arralde batalló en los tribunales para que la acción de inconstitucionalidad que interpuso sea resuelta. No tuvo suerte, pero el cometido, de fondo, tuvo respuesta.

Antes de que todo esto sucediera y mientras Gustavo Bordet se acomodaba en el sillón de Urquiza, Sergio Urribarri desde la presidencia de la Cámara de Diputados intentó hacer votar una ley de reglamentación para el organismo de control que lo desvela. En uno de sus articulados, el proyecto que quedó trunco, ratificaba a su pupilo Smaldone. Quiso ratificar por ley lo que hizo por fuera de la misma, según interpretó una mayoría del Superior Tribunal de Justicia.

El escándalo del Tribunal de Cuentas, con la renuncia de Smaldone, fue el contexto que llevó al gobernador a consensuar una norma para regularizar los organismos de control. En rigor no solo el funcionamiento, sino también las designaciones de funcionarios.

En ese marco es que se aprobó, con el acompañamiento de todas las fuerzas, la ley 10.436 que reglamentó los concursos públicos para ocupar cargos en organismos de control. La misma fue sancionada el 3 de agosto pasado, promulgada dos días después y oficializada el 8 de ese mes. En el artículo 12º, la ley dispone que el Poder Ejecutivo debe reglamentarla “en el término de 30 días corridos desde su vigencia y convocará a los concursos correspondientes a los cargos vacantes en el término de 60 días corridos”. Así ocurrió con el Decreto Nº 2719, fechado el 13 de septiembre y publicado el 30 de noviembre en el Boletín Oficial, recordó el sitio Recintonet. Los 60 días corridos, sin exceptuar las jornadas no hábiles que la ley no discrimina, entonces, se cumplirán el 21 de febrero.

El único candidato anotado para el concurso es Felipe Federico Tomas, el actual presidente que llegó a ese lugar por ser el abogado con más antigüedad en el Tribunal de Cuentas. Esa cláusula transitoria fue fruto también del consenso entre todas las fuerzas. “Sería terminar el broche de mi carrera. La verdad estoy anotado y voy a concursar”, dijo a Página Política el funcionario, de extracción peronista.

En el mundo de la política el otro nombre que sonó fue el de Arralde. El radical fue la cara visible de la acción judicial que terminó con la maniobra de Urribarri. No lo tiene decidido, supo Página Política. El tema, una vez aprobada la ley, pasó al cajón del olvido. Lo cierto es que falta menos de un mes para llamar a concurso.

Para el concurso hay que definir un jurado que debe tener representación universitaria y de entidades intermedias (por ejemplo los colegios y las ONG). Esa etapa del proceso está verde, se adelantó a este medio. Los tiempos académicos suelen ser más lentos que los políticos. En definitiva, el primer escollo es la conformación del jurado de concurso.

La Tesorería y la Contaduría son los otros dos órganos de control, incluso más importantes que el Tribunal de Cuentas. Allí se decide y se ejecuta el destino de los fondos.

El primero quedó sin su titular luego de la renuncia de Gustavo Alejandro Gioria tras ventilarse la vergonzosa estafa millonaria en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Pasó a presidirlo Omar Donoso, el segundo del ahora ex funcionario.

El segundo también quedó bajo la lupa en la causa ATER. El procedimiento para cancelar deudas con el Estado a través de las compensaciones que se violentó y se está investigando incumbe precisamente a las dos áreas en cuestión. El artículo 75 del Código Fiscal dice que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia. Esas dos áreas gubernamentales tenían a Gioria y Aurelio Miraglio. El primero renunció; el segundo sigue en el cargo. Ambos fueron designados sin concurso.
Fuente: Página Política

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