Un vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) será destituido por una supuesta utilización irregular de viáticos. ¿Es escandaloso el chorro de dinero que dilapida el Estado, en sus tres poderes, en gastos de representación? Seguramente sí. O sí.

En el juicio político a Carlos Chiara Díaz, la principal causal fue precisamente el monto de dinero que gastó en viáticos. Esos fondos (exagerados y tóxicos a la vista de cualquier ciudadano) fueron autorizados por sus pares porque así lo establece la ley orgánica del Poder Judicial y acuerdos alcanzados entre los integrantes del alto cuerpo. Lo mismo sucede en la Legislatura. Cada uno de sus integrantes tiene destinada una dieta para contratar asesores y gastos de representación. Cada salida o viaje, sea a un encuentro de la Región Centro o con algún ministro nacional en Buenos Aires, es solventado por las arcas del Estado. Todo está computado en el presupuesto que la misma Legislatura aprueba todos los años. Para el Poder Ejecutivo el sistema es el mismo.

En todos los casos el otorgamiento de esos fondos está regulado de tal manera que cada quien los utilice esté resguardado. Para cada gasto hay un acuerdo, una resolución o ley dictada por los mismos interesados en echar mano a esos “gastos extras”.

Cuando el Tribunal de Cuentas quiso investigar la utilización de subsidios de la Legislatura, el intento fue de corto alcance. Enseguida los legisladores le iniciaron un Jury al investigador, Rubén Morel, integrante del organismo de control. La causa: no había firmado sus vacaciones. Fue el fin de cualquier experimento para controlar los gastos en la administración.

A funcionarios se los ven en cualquier rincón de la provincia, un domingo a la tarde y por pleno centro, en autos oficiales con su familia. Viajes a Buenos Aires por cuestiones personales, por las rutas entrerrianas para utilizar los ticket de nafta autorizados por el Estado, son moneda corriente. La gestión de Gustavo Bordet puso en vigencia el mismo día que se le daba luz verde al enjuiciamiento a Chiara Díaz un decreto por el cual se centraliza y se acota el otorgamiento de viáticos. Se habla de un ahorro de más de 2 millones de pesos mensuales.

¿Puede la Legislatura enjuiciar a un magistrado por la utilización de viáticos otorgados y autorizados por sus pares bajo resoluciones internas del Poder Judicial? Debió controlar Superintendencia y el Tribunal de Cuentas. En Tribunales se limitaron a enviar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político información dura y rígida. No se encontraron observaciones a los gastos.

La causal, que establece la Constitución y que se invocó en la denuncia, está en el artículo 37 que en su último párrafo dice que “no podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo”. Se probaron cobros exuberantes de viáticos e impúdicas ausencias al tribunal, pero no un retraso en el despacho.

La utilización de viáticos lo regula cada uno de los poderes del Estado. ¿Quién investiga a quién? En el dictamen de la Cámara de Diputados se puso de relieve el escandaloso gasto al Estado, pero nada sobre las resoluciones y los mecanismos que avalan el despilfarro hace décadas. Visto así se puede entrever una intromisión de poderes, en el que uno sólo ve la voracidad del otro.
Fuente: Página Política

Claves

Justicia y política Chiara Díaz

Publicá tu comentario

¡Tu comentario fue enviado con éxito!

La publicación del mismo está sujeta a la aprobación del moderador. Muchas gracias.

¡Escribí tu comentario!

* 600 caracteres disponibles

Comentarios

El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.

Publicá tu comentario

¡Tu comentario fue enviado con éxito!

La publicación del mismo está sujeta a la aprobación del moderador. Muchas gracias.

¡Escribí tu comentario!

* 600 caracteres disponibles