Federico Tomas, jura como presidente del Tribunal de Cuentas.
Federico Tomas, jura como presidente del Tribunal de Cuentas.
La causa Cumbre del Mercosur tiene varias aristas, pero la que está en agenda de los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa es, por ahora, la contratación de publicidad que hizo el Gobierno a través de la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

En la Justicia se ha avanzado. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo y la Legislatura no se ha prestado la más mínima colaboración para despejar dudas acerca de aquel evento diplomático realizado en diciembre de 2014 y que contó en buena parte con la presencia de los presidentes de América del Sur en Paraná. En la causa madre están siendo investigados funcionarios y empresarios.

Para la organización de la Cumbre, la Legislatura aprobó a pedido del Poder Ejecutivo la Ley 10.327 que creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa. Esa norma, preveía que los gastos serían rendidos ante la Cámara de Diputados.

Finalizada la jornada, en su informe a la Cámara baja, la UOCM admitió haber cancelado compromisos por 84.577.000,29 pesos mediante la emisión de 251 órdenes de pago. La rendición de cuentas efectuada por el coordinador general de ese ente, Hugo Céspedes, fue parcial. Había que afinar algunos números. Eso ocurrió el 13 de marzo de 2015. Cuatro días después, en la sesión del 17, el informe de los gastos tomó estado parlamentario y se archivó sin tratarlo. El cuerpo lo presidía, entonces, José Ángel Allende. No hay crónicas de la jornada parlamentaria. Tampoco denuncias de la oposición.

Brugo incautó información el 16 de marzo del año pasado. Posiblemente en la documentación que se llevó estén las facturas presentadas por Céspedes. La rendición también requería y requiere una aprobación, o no, del Tribunal de Cuentas. Según supo Página Judicial, en el organismo a cargo de Felipe Federico Tomas no se ha resuelto nada al respecto. Esto no significa que los números hayan sido observados. Concretamente no hay nada.

Las cuentas se pagaron. Las órdenes de pago –como lo requiere el procedimiento administrativo– llevan la autorización del contador general de la provincia, Aurelio Miraglio.

En resumen: no hay una aprobación de las cuentas por parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Pero las boletas están pagas. Una foto perfecta de la decadencia institucional en materia de transparencia en la que se ve sumida la provincia de Entre Ríos.

La boleta más cara

Por qué la contratación de publicidad, que consistía en la realización de spots es el tema que está al tope de la agenda. Por esa maniobra se hizo por fuera de la UOCM. La misma lleva las firmas de Sergio Urribarri y Pedro Báez. El ex gobernador está llamado a indagatoria para el 31 de agosto.

El ex ministro de Cultura y Comunicación declaró hace dos semanas. Como reveló Página Judicial en la publicación textual de su declaración, el ahora diputado metió a Julio Rodríguez Signes en el baile al decir que muchas de las cuestiones presupuestarias se resolvieron por asesoramiento del fiscal de Estado.

Rodríguez Signes, al leer esas manifestaciones que hizo Báez ante los fiscales, presentó un escrito. Según publicó este sitio la semana pasada, el funcionario aclaró que no tuvo ninguna intervención en cuestiones vinculadas a la publicidad de la Cumbre del Mercosur. Mucho menos a la contratación que se le hizo a la empresa Nelly Entertainment SA.

La contratación a la firma de Rodríguez y De Vido es la boleta más cara que se pagó en torno a la organización de la Cumbre del Mercosur. La cifra de 28 millones de pesos. Según el informe publicado por el periodista Oscar Londero, de Accesolibre.org, no hay un gasto que supere ese monto. La Policía, por caso, con el cobro de adicionales, no superó los 22 millones.
Fuente: Página Política - Página Judicial

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