La Constitución de Entre Ríos se reformó en 2008. El 1º de noviembre de ese año se puso en vigencia el nuevo texto magno. Han pasado nueve años y la reglamentación de institutos y organismos sigue siendo una deuda. Cuando surge un conflicto el vacío legal se hace visible. Fue lo que ocurrió con la designación de Guillermo Smaldone en el Tribunal de Cuentas. Se lo designó sin una ley reglamentaria que preveía el concurso público.

Un juicio político no es algo que se vea a menudo, sin embargo en la provincia en los últimos meses se abrieron dos procesos a vocales del Superior Tribunal de Justicia: Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak. En el caso de los miembros del STJ es la Legislatura quien se transforma en tribunal.

El asesinato de Micaela García dio lugar a que se promuevan pedidos de Jury a Carlos Rossi, juez de Ejecución de Pena y Seguridad de Gualeguaychú.

El artículo 218 de la Constitución Provincial establece que el instituto que juzgará a los funcionarios judiciales será un cuerpo colegiado que estará integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores y cuatro abogados inscriptos en la matrícula de la provincia y dos designados por organizaciones sociales “en representación ciudadana debidamente reconocidas en la defensa del sistema democrático y los derechos humanos”. Estos dos últimos quedaron fuera de la integración porque el Jurado de Enjuiciamiento no se ha reglamentado. Esta deuda legislativa implica lisa y llanamente la proscripción de un sector previsto en la Constitución: la sociedad civil. La constitución del Jury apelará, otra vez más, a la vieja redacción. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto en este sentido el 23 de septiembre de 2009, pero el Senado no le dio tratamiento.

Con la crisis institucional de 2001, una lectura política acertada fue la necesidad de integrar o sumar a la sociedad civil en las decisiones del Estado. El primer caso, en Entre Ríos, fue el Consejo de la Magistratura. El organismo que evalúa a los postulantes a ocupar un lugar en el Poder Judicial lo integra la sociedad civil a través de las organizaciones que eligieron su representante. Los referentes sociales intervienen en la tercera etapa de la entrevista personal. Es una de las más saludables iniciativas que se conocen en materia institucional y de transparencia en los últimos 15 años.

Ese esquema por el cual se impulsa la participación ciudadana se trasladó al Jury, aunque sin suerte. La reglamentación del artículo 218 no está en la agenda de ninguno de los legisladores.

La última vez que se reunió el Jury fue el año pasado para analizar una denuncia contra el integrante del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez, del Tribunal de Cuentas. Se decidió no formar causa. La última sentencia que se conoció el caso de Emir Artero, juez de Feliciano, que fue absuelto en 2005.

El Jurado de Enjuiciamiento que se reunirá en las próximas horas está integrado por Emilio Castrillón, Bernardo Salduna y Daniel Carubia, por el STJ; Angel Giano, en representación de la Cámara de Senadores; Diego Lara, por la Cámara de Diputados; Jorge Campos y Roberto Behéran, por el Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Fuente: Página Política

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