A Sergio Urribarri y Pedro Báez les fijaron fecha para el primer juicio oral y público que deberán enfrentar. Es sobre la causa mal llamada “de la vaca”.

El ex gobernador y el ex ministro de Comunicación y Cultura, ambos diputados en la actualidad, serán juzgados a partir del 29 de julio del año que viene, según supo Página Judicial. Las jornadas serán los días 29, 30 y 31 de ese mes. Y el 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 26 y 27 de agosto. El tribunal lo constituyen Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Gervasio Labriola. Por el Ministerio Público Fiscal estará Patricia Yedro.

En la causa se investiga si Urribarri direccionaba la contratación de campañas publicitarias a favor de las empresas TEP SRL (ex Cinco Tipos) y Next SRL que se le atribuyen a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. La misma debía contar con el aval de Báez.

Un detalle en clave político. Si las elecciones se adelantan en Entre Ríos como se estima, ambos legisladores se sentarán en el banquillo luego de los comicios, ya que según la reforma política aprobada establece que las PASO se deben celebrar el 14 de abril y la general el 9 de junio. En caso que en la provincia se vote junto con la Nación, el juicio transcurrirá entre las internas abiertas, el 17 de agosto; y las generales el 28 de octubre.

En esta causa, los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa adelantaron que solicitarán para Urribarri, Báez y Aguilera una condena de ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por un monto total de 24.204.918,69 pesos. La acusación también alcanza a Emiliano Oscar Giacopuzzi, Luciana Belén Almada –esposa de Aguilera–, Alejandro Almada –cuñado de Aguilera–, Maximiliano Romeo Sena; la contadora Corina Elizabeth Cargnel; el empresario Hugo Fernando Montañana; y el ex funcionario Gustavo Tamay.

En tanto, el empresario Jesús José María Bustamante admitió su culpabilidad en un juicio abreviado en el que fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional.

Los fiscales determinaron que existe un gran número de campañas publicitarias simuladas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento. Peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) constataron que las certificaciones que se presentaban mediante fotografías que debían dar cuenta del cumplimiento de la publicidad eran falsas. Concretamente, las empresas presentaban la misma fotografía todos los meses, pero con diferentes órdenes de publicidad y el Estado pagaba sin controlar.

La defensa de Báez, a cargo de José Velázquez, asegura que se ha instalado un relato en el que obviaron elementos de pruebas que prometen poner sobre la mesa en el juicio. Hay, por ejemplo, órdenes de pago que no se ejecutaron. Y, en relación a las fotos, era un sistema para constatar que no corría más. Incluso, en el Google Map, aparecen los carteles que fueron contratados, según la defensa.
Fuente: Página Política

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