Desde el 22 de agosto permanece tomado el edificio de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, en Avenida Ramírez y Almirante Brown. Fue la primera facultad de todo el país que plasmó esta modalidad y que garantizó que el reclamo universitario (por salarios y en contra del desfinanciamiento) se hiciera visible, ganara la agenda pública y mediática.

La posición que fue ganando cuerpo durante el fin de semana –en favor de levantar las tomas para sumar al reclamo de otros sectores sociales afectados por las políticas de ajuste- logró plasmarse de manera contundente este lunes, en la asamblea interclaustros de Trabajo. Por 155 votos contra 48, tras cuatro horas de debate, se impuso la moción expuesta por estudiantes del FUP que conduce el Centro de la unidad académica. Se turnaron en el uso de la palabra Pablo Charadia, Emilia Grinovero y Morella López Leite, presidenta de la organización.

La decisión de levantar la toma fue acompañada por otras agrupaciones estudiantiles que tienen representación en el cogobierno de la facultad. También por docentes de la unidad académica, por algunos trabajadores administrativos y por el equipo de gestión del decanato que conduce Sandra Arito quien había adelantado su postura al respecto. La decisión se plasmará recién el miércoles. De ese modo, el levantamiento de la toma concretará la idea de articulación con otros sectores. En efecto, ese día el movimiento estudiantil engrosará la columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que protagonizará una jornada de protesta. Seguramente, además, resolver que se dilate hasta el miércoles la resolución implicará “tomarle el tiempo” a la toma de Ciencias de la Educación que tendrá que debatir cómo le da continuidad a la medida.
Argumentos
Pablo Barberis, coordinador de la carrera de Ciencia Política y docente de la cátedra de Análisis Político, resumió ante Página Política el contexto en el que se adoptó la decisión. “El planteo (que se impuso) es que el mecanismo de la toma fue un hallazgo exitoso a la hora de plantear la visibilización del conflicto, opacado por el apagón mediático. Habiendo pasado más de 20 días se vio que hacía falta revisar la eficacia del instrumento, fundamentalmente en un contexto de fuerte lucha intersectorial”, describió.

“Básicamente, se planteó la existencia de un desgaste que tiene que ver con los días ahí adentro, y cierta asfixia que va generando la convivencia en el espacio de la toma sin mirar el afuera de otra manera. Creo que se ha entendido que esto da oxígeno para ampliar los horizontes de la lucha, regenera los vínculos entre los distintos claustros”, dijo y citó los argumentos de representantes del personal administrativo que propusieron “no seguir con todo detenido, abrir las inscripciones, estar en la feria de las carreras, no atrasar más la negociación que por propia decisión de la asamblea supone vínculos con los municipios para que hagan aportes para los alquileres, para que potencien las residencias universitarias”, mencionó.

Entre otros argumentos que sostuvieron la necesidad de cambiar la modalidad se apuntó a “generar condiciones” para negociar una serie de propuestas que se han formulado al Rectorado y que serán motivo de discusión, en comisiones del Consejo Superior a partir de la semana próxima.
Fuente: Página Política

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