Los estudiantes de Comercio hicieron el acto en la calle.
Los estudiantes de Comercio hicieron el acto en la calle. Crédito Sergio Ruiz. El Diario.
Los 41 años de la Noche de los Lápices llegaron en un contexto adverso para la actividad de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias.

Veinte días atrás, se instaló como tema excluyente en la opinión pública el debate en torno a la posibilidad o no de que se hable en las aulas de Santiago Maldonado y su desaparición.

Mientras tanto, los medios porteños reflejan para todo el país la toma de colegios aunque sin abundar en los argumentos que fundamentan la medida de protesta.

Quiérase o no, la escuela -la escuela secundaria en particular- está en el centro del debate, es un signo en disputa, se proyectan reformas cruciales respecto de la función que debe cumplir y la actividad de los centros está vigorizada pese (o a fuerza de) al contexto.

En los últimos días, este presente dejó como noticia lamentable la actuación policial, de civil, en una escuela de Villaguay cuando se hacía una actividad para recordar a los estudiantes desaparecidos en La Plata el 16 de septiembre de 1976. En las últimas horas, en Paraná, se divulgó la queja del centro de la Escuela de Comercio al que la directora impidió realizar un acto conmemorativo de la Noche de los Lápices que finalmente se realizó en la calle.

Lo cierto es que el contexto ha tergiversado de tal modo las cosas que una denuncia por “activismo político” amerita la intervención policial como si fuera un delito. “Queremos que todos los estudiantes tengan muy en claro, sientan y sepan, que lo que estamos haciendo se puede hacer”, expresó una joven de la Escuela de Comercio, sintetizando la percepción que se tiene sobre la actividad política, aun cuando la Ley de Centros de Estudiantes, sancionada en 2013, prevé, fomenta y hasta impone de algún modo el accionar de las organizaciones estudiantiles en las escuelas entrerrianas.
Letra muerta
La Ley N° 10.215 de 2013 fue propiciada por el gobierno, a través de la Secretaría de la Juventud que tenía a su cargo el hoy diputado nacional Lautaro Gervasoni.

La norma garantiza el derecho de los estudiantes de agremiarse, de organizarse en un centro. La institución tiene, entre otras funciones previstas por la ley, la defensa de los derechos estudiantiles, la contribución “al desarrollo de una cultura política pluralista en la búsqueda de consensos y la armonización de las diferencias”, el fomento a “los ideales de igualdad, libertad, solidaridad, lealtad, democracia y justicia” así como también de “los valores democráticos, las virtudes republicanas” y la “defensa de los derechos humanos”.

Se determina también, como función de los centros, el impulso a “la inserción crítica del estudiante en su ámbito educativo y social” y al compromiso de “la comunidad educativa en la discusión de los temas que tienen a los estudiantes como protagonistas y de aquellos que hacen a la sociedad en su conjunto”.
Órganos y Federación
La norma impuso un plazo para que las autoridades educativas en las que no haya centro de estudiantes dispongan la convocatoria a la conformación del mismo. Fijó como órganos del centro a “la Asamblea General”, el cuerpo de delegados y la comisión directiva. También prevé la conformación de una organización provincial de centros, denominada Federación de Centros de Estudiantes de Entre Ríos, que en la actualidad no existe.

Impone a los directivos “tomar todas las medidas necesarias para que se garantice el pleno funcionamiento del Centro de Estudiantes y proporcionará un espacio físico” como sede de la organización.

En lo que sea tal vez un exceso de reglamentarismo de la ley, se previó la conformación de un Registro de Centros, con una actualización permanente de nombres y con una doble dependencia, de la Secretaría de la Juventud y del Consejo General de Educación (CGE) que, en los hechos, ha derivado en dos registros distintos.
Lo que hay
Nicolás Mathieu, secretario de Juventud, reconoció en diálogo con Página Política que “estamos lejos” de lo que la ley prevé. Adelantó que se trabaja en un proyecto de reforma a la norma que “ha burocratizado un poco todo”.

“Hoy tenemos alrededor de 180 centros de estudiantes en toda la provincia pero tenemos más de 500 escuelas. Falta mucho. Sucede que algunos se han registrado en la Secretaría y a su vez el CGE hizo su propio registro, en la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles”, dijo.

“La ley, como está, es muy difícil llevarla a la práctica. Una resolución del CGE puede demorar meses y un chico en comisión directiva suele estar yéndose a la Universidad. Es muy burocrática”, agregó el funcionario.

Con relación a la federación de centros, no se conformó nunca pero si hubo una organización un tanto sui generis, a nivel departamental, no prevista expresamente por la ley. Sólo existe en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Crespo.

La reforma a la ley, que impulsa la Secretaría prevé a grandes rasgos, “la unificación del registro por un lado; por el otro, prever que los centros de estudiantes puedan recibir fondos para su funcionamiento como hoy sucede con las cooperadoras escolares por resolución del CGE”, mencionó Mathieu. Además, se pretende que la nueva ley contemple la creación de Centros de Mediación de Conflictos Escolares en las instituciones educativas.

“Otra idea es que, a través de la Federación de Centros, una vez constituida, la organización tenga voz en el Instituto Becario”, repasó Mathieu que tiene previsto convocar a un encuentro provincial de referentes de centros de estudiantes para hablar, entre otros temas, de este borrador de reforma de la ley.

El encuentro se concretaría, en principio, el jueves próximo, 28 de septiembre, en la Escuela Hogar de Paraná.
Nubarrones en Comercio 1
En la Escuela de Comercio, como se dijo, no se autorizó la realización del acto por la Noche de los Lápices en la sede.

Sin embargo, los estudiantes plantearon su queja porque el lunes sí se cedió el espacio y el tiempo a personal de Gendarmería que llegó a promocionar, en el sexto año, la carrera en la fuerza de seguridad.

De igual modo, se autorizó el ingreso a un grupo de religiosos para tomar contacto con los estudiantes y distribuir ejemplares del Nuevo Testamento.

Según cuentan los estudiantes, se anunció ya el desalojo de un aula pequeña (“la nube” le dicen en la escuela) en la que funciona el centro. La ley prevé la asignación de un espacio físico, pero la Nube cambiaría de manos.

En la actividad de este 20 de septiembre, que finalmente se concretó en la calle, se hicieron presentes ex alumnos y ex integrantes del centro de estudiantes de la escuela que militaron a mediados de los ochenta en la institución. En calidad de padres, vecinos o colaboradores con los jóvenes, compartieron la sensación que en tiempos de la reapertura democrática, con autoridades que tenían más historia docente en dictadura, parecía más fácil canalizar la actividad que 30 años después.
Fuente: Página Política

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