El juez Gustavo Maldonado dictó el procesamiento del ex gobernador Sergio Urribarri y del ex ministro Pedro Ángel Báez, en el marco de una investigación por el manejo irregular de publicidad oficial. También fue procesado el empresario Germán Buffa, titular de Global Means SA, como cómplice.

El magistrado les atribuye el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y les trabó embargo por la suma de 1.000 pesos (sic) a cada uno, según consta en la resolución a la que accedió Página Judicial, dado que en la causa no se investiga un perjuicio patrimonial para el Estado, aclaró.

Urribarri y Báez están acusados de haber contratado sin licitación a la firma Global Means SA, que pertenece a Buffa, para la difusión de dos avisos publicitarios (“Entre Ríos Exporta” y “Entre Ríos Invita”) que debían publicarse en las ediciones número 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año 2011, y por los cuales se pagaron 118.000 pesos.

El juez consideró que Urribarri y Báez “autorizaron con sus firmas el trámite de adjudicación de una publicidad para el Estado, es decir, posibilitaron la concreción de un contrato que por sus particulares deficiencias puede considerarse sospechosamente discrecional en razón de haberse visto afectado el procedimiento reglamentado a tal efecto por la normativa específica”, sino que se hizo una adjudicación directa a la empresa Global Means, que tiene a Buffa como titular, a pesar de que ni siquiera se había constituido como sociedad al momento en que fue contratada.

En su resolución, el magistrado hizo hincapié en las irregularidades que rodearon la contratación de la Global Means SA. La sociedad se creó el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre las calles Agrelo y México, de la ciudad de La Plata; está integrada por Germán Buffa y Víctor Leonardo Pomba.

Ahora bien, la empresa ofreció sus servicios el 15 de julio de 2011 y la orden de publicidad que autoriza el pago de su tarea está fechada el 1 de julio de 2011. Entonces, la empresa “no estaba en condiciones de poder funcionar como tal y, por tal razón, de poder desempeñarse como proveedor del Estado provincial”, planteó el juez.

“Eso abona no solo que Global Means SA no podía ser nunca proveedor del Estado provincial, sino que permite poner principal y razonablemente de resalto la eventual intención de beneficiar por parte de los imputados que se desempeñaron como funcionarios provinciales en aquel momento, a esa empresa en particular”, insistió el juez Maldonado en su resolución.

De allí que el magistrado consideró “tan burda la desprolijidad, el descuido y falta de esmero en el trámite de la contratación, que ni siquiera cabe la posibilidad de deslindar de responsabilidad a los imputados por el hecho de haber, el proceso de adjudicación, sorteado los distintos estamentos y escalones administrativos de control, tal como lo sugieren Sergio Urribarri y Pedro Báez en sus respectivos esquemas defensivos, como así tampoco puede argumentarse una actitud negligente por parte de los mismos, dado las evidentes deficiencias”.

La causa se inició en el año 2013, a partir de una denuncia promovida por el entonces diputado nacional Jorge D’Agostino (UCR) en la que advirtió que el gobierno de Urribarri había realizado adjudicaciones por 509.896,60 pesos a Global Means SA, para la difusión de distintas campañas y acciones oficiales. También mencionó a otros medios beneficiados con publicidad: el canal C5N recibió 200.000 pesos; se otorgaron 788.735,52 pesos al diario Uno; 271.204,37 pesos a Sociedad Anónima Entre Ríos (El Diario); la empresa Galda SRL, asociada al Grupo Clarín, recibió 100.188 pesos; mientras que otros medios “sin identificar” y “revistas varias” recibieron 510.997,07 pesos, según la denuncia.

El legislador también mencionó la contratación de artistas, en el marco de los programas “Música por la Conciencia” y “Música para Todos” y la contratación directa de los avisos en los medios y de la publicidad gráfica y rodante para la difusión de esos eventos, por 583.212 pesos.

En la denuncia se mencionó también el aporte de un subsidio por un millón de pesos que hizo el Ministerio de Cultura y Comunicación a la Universidad de Tres de Febrero, de la provincia de Buenos Aires, para “apoyo, producción, realización y dirección del largometraje Puerta de Hierro”, en el que actuó Víctor Laplace.
Fuente: Página Judicial - Página Política

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