El dirigente radical de Concepción del Uruguay, Guillermo Vázquez, defendió la constitucionalidad de la Ley de la Madera, norma que el oficialismo pretende derogar en el marco de un Plan Foresto-Industrial que ha presentado el gobernador Gustavo Bordet.

De este modo, Vázquez rebatió los argumentos del diputado Jorge Monge que había marcado el sentido “social” de la norma en cuestión, sancionada en 2007 en el marco de la lucha entrerriana contra la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay. Sin embargo, el radical de Diamante no dudó en afirmar que el artículo 2º de la norma, que prohíbe la exportación de madera al vecino país, es inconstitucional.

Vázquez arrancó con una acusación: “No haber participado de la defensa del ambiente ante la agresión de Botnia UPM seguramente permite un enfoque tan distinto al de miles de entrerrianos por parte de los legisladores del frente del cual soy parte”, presentó el dirigente el tema.

“Ningún artículo de la ley colisiona con la Constitución nacional. Tanto en el 2007 como ahora la causa (dijo en alusión a la lucha del pueblo de Gualeguaychú y de Entre Ríos y con referencia al sentido de la ley) está establecida en el artículo 2º de la norma”, dijo.

“Está lejos de ser inconstitucional”, remarcó Vázquez y amparó su definición en “los conceptos que sostiene (Ricardo) Lorenzetti: ‘Los bienes ambientales no son un mero supuesto de hecho pasivo de la norma, sino un sistema complejo y entramado. Su debate debe darse a la luz del paradigma ambiental orientado hacia la armonización del sistema legal con el ecológico, poniéndose de manifiesto así un nuevo bien jurídico protegido de carácter colectivo”, dijo citando jurisprudencia de la corte de 2011. “La reforma constitucional del 94 así lo ha establecido al incorporar los derechos ambientales”, añadió.
Ambiente o barreras aduaneras
Para Vázquez “suponer que los problemas del siglo XXI y las acciones legales que se dictan en consecuencia respecto de los bienes ambientales, los recursos naturales comunes y los servicios ambientales deben analizarse a la luz de los derechos de exportación o de barreras aduaneras es cuanto menos una desconsideración con la lucha por preservar el concepto de desarrollo sostenible el que se halla en consonancia con las convenciones internacionales y la legislación comparada receptadas por nuestra ley fundamental allá por el año 1994”.

Añadió que “a partir del desarrollo legislativo, teniendo en cuenta la introducción del paradigma ambiental, hoy se ha mudado en la legislación argentina a un sistema de protección, conservación y explotación de bosques signados por el manejo sostenible de los mismos, teniendo en cuenta no sólo los servicios económicos sino los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad, estos necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto y para mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Nación”, enfatizó.

Agregó que la posición de la Corte ha determinado la puesta en práctica de “institutos y principios de derecho ambiental a la materia forestal”.

En este marco, advirtió que “si se deroga la ley creo que estaremos frente a una impugnación de nuestros propios actos toda vez que está radicada en el juzgado federal de nuestra ciudad una causa contra los directivos de Botnia UPM por contaminación”.

Entendió que “tampoco parece ajustado a la lógica económica que la derogación de la norma fortalezca el proceso foresto industrial”. En este sentido, afirmó que al participar como profesional de las ciencias económicas de foros de la madera, convocados por la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) “se ha defendido la utilización del eucaliptos para la industria de la construcción. No es con aforos que defenderemos dicho proceso industrial”, afirmó Vázquez que concluyó: “No existe un contexto distinto en lo ambiental y no es necesaria la derogación de la ley para impulsar un proyecto foresto industrial sustentable”.
Fuente: Página Política

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