Ciento veintiocho procesados por el fraude de compensaciones de ATER

La jueza Marina Barbagelata procesó a ex empleados del organismo recaudador, empresarios y contadores por un desfalco de alrededor de 50 millones de pesos a través del mecanismo de compensaciones de impuestos.

La jueza Marina Barbagelata procesó a 128 personas entre ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), un ex funcionario, empresarios y contadores por el millonario desfalco a través del mecanismo de compensaciones.

En el listado (ver todos los nombres aquí) se encuentran los ex empleados de ATER Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Fabrizio Dayub, Daniela Miño; el ex tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria; los contadores Jorge Martín Zuttión, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti; y los empresarios Néstor Iván Szczech, Guillermo Derudder, Javier Andrés Germanier (Flecha Bus), el ex diputado provincial Hernán Burna, Miguel Ángel Matías Galuccio y Miguel Artemio Waigel, entre otros. El listado tiene 128 nombres propios. La magistrada les imputó los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho y fraude contra la administración pública, según cada caso; y trabó embargo sobre sus bienes por sumas que van desde 30 mil hasta 100 mil pesos.

Otras 52 personas fueron sobreseídas, se determinó que no había responsabilidad en el accionar de un grupo de empresas y el Ministerio Público Fiscal decidió no sostener la acusación respecto de aquellos contribuyentes que compensaron fraudulentamente deudas por montos inferiores a 15 mil pesos.

El volumen de la estafa se calcula en más de 50 millones de pesos, pero lo que la jueza destacó en la resolución es que la maniobra fue pergeñada y ejecutada desde el interior del organismo recaudador y no se extendió a otras áreas de la administración pública.

La anomalía que destapó la olla
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en 2014 por el entonces director ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto. Pero quien destapó la olla fue una empleada de la agencia territorial de Victoria del organismo recaudador, al detectar una “anomalía” en la situación fiscal de una empresa dedicada a la comercialización de insumos agropecuarios. Lo que le llamó la atención fue que la firma Insumos Entre Ríos (en formación) cancelara una deuda impositiva de 1.111.279,10 pesos mediante una compensación, como si fuera proveedora del Estado.

A partir de la detección de esa “anomalía” se dispuso analizar qué otras compensaciones había realizado la empresa y quién había cargado esas operaciones.

La investigación interna detectó que el trámite no había sido validado por el Ministerio de Economía y se detectó además que el contador de la empresa era Gustavo Gioria, que en ese momento era tesorero general de la provincia.

La denuncia, en un primer momento, apuntaba a que se investigue un posible fraude ocurrido en el período 2012-2014; pero luego los ex diputados María Emma Bargagna (Partido Socialista) y Jorge Monge (UCR) hicieron una nueva presentación solicitando que se amplíe la pesquisa a los períodos 2004-2007 y 2008-2011.

¿Cómo funcionaba el esquema delictivo? Así lo explica la jueza en un tramo de su resolución: “Barreto era una de las personas encargadas de recibir el dinero que directamente le daban los contribuyentes, o de los contadores Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti (también Jorge Zuttión), a quienes los contribuyentes previamente les habían entregado el dinero por el cual luego les hacían desaparecer sus deudas impositivas de los registros del ente recaudador. Luego Barreto indicaba a María Estrella Martínez de Yankelevich quiénes eran los contribuyentes a los que había que simularle el pago por compensación en los registros informáticos de la entidad, y ésta se encargaba de que Abelardo Daniel Gaggión, Fabrizio Dayub o Daniela Miño, modificaran los registros informáticos del ente recaudador sobre la real situación fiscal de tales contribuyentes con información engañosa que simulaba que determinados impuestos adeudados habían sido cancelados por compensación”.
Una cooperativa delictiva
El sistema de compensaciones tributarias está previsto en el Código Fiscal, para aquellos casos donde un proveedor del Estado acredita la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo. Una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, esas acreencias pueden ser compensadas por impuestos mediante una resolución del Ministerio de Economía.

La jueza Barbagelata determinó que “dentro del organismo recaudador de la provincia de Entre Ríos había un grupo de empleados (…) que con la omisión connivente de Gustavo Alejandro Gioria, tesorero general de la provincia, registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes, simulando su pago por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado” y resaltó que los contribuyentes a favor de quienes se registraron los pagos simulados “no sólo no eran proveedores del Estado –con lo que mal podrían tener una acreencia propia– sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros”.

La magistrada estableció que Estrella Martínez de Yankelevich era la jefa de la cooperativa delictiva, desde su rol de titular del Departamento Despacho de la ATER, que era el área encargada de tramitar las compensaciones.

A su vez, Gaggión, Dayub y Miño manipulaban el sistema informático que opera en ATER, “cargándole información falsa –sobre que los contribuyentes (…) eran titulares de créditos líquidos y exigibles contra el Estado provincial, cuando en realidad esto no era así–, logrando que, al ser procesados los datos falsos por el sistema, los impuestos que los contribuyentes adeudaban, figurasen como cancelados por compensación”. Esta situación generó “un perjuicio al erario público provincial, equivalente al importe de las deudas por impuestos que fueron fraudulentamente registradas como pagadas, en beneficios de tales contribuyentes”.

Por su parte, Barreto, otro empleado del organismo recaudador, era quien captaba a los contribuyentes y les ofrecía el negocio.

Su rol fue descripto por varios contribuyentes que declararon ante la jueza Marina Barbagelata. Uno de ellos, Ricardo von Muhlinen, que estaba imputado por haber aceptado el negocio, lo contó con lujo de detalles:
–Barreto me llamaba y me decía que había que pagar los impuestos pero que había una posibilidad de compensarlos. Todos los años hacíamos lo mismo. Yo pagaba mis impuestos por medio de él, inmobiliario urbano y rural, a veces automotores e ingresos brutos. Él me traía todos los papeles, esos papeles estaban firmados y tenían el membrete de la DGR –recuerdo que en ellos estaba la firma de Yankelevich–. Al dinero de mis impuestos lo acercaba a la casa de Barreto, en San Salvador. Él iba los viernes a San Salvador, me llamaba los sábados de mañana y yo le llevada el dinero a su casa; el domingo se volvía a Paraná y a los quince días, aproximadamente, o a veces a la semana, me acercaba la documentación que acreditaba que los impuestos habían sido saldados, todo perfecto, todo en orden –explicó Von Muhlinen.

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