El 2018 será un año judicial con causas sensibles para la política

Las causas por corrupción ocuparán gran parte de la agenda en los tribunales. La actividad regresó con el pedido de elevación a juicio de una causa de Urribarri. Ex ministros, ex funcionarios y empresarios desfilarán por tribunales. En la Justicia Federal tramita el caso Celis que puso a Varisco en la lupa.

Las causas de corrupción estarán en el centro de la escena judicial en el año que acaba de comenzar y se esperan definiciones en importantes en varias causas resonantes, tanto en la justicia provincial como en los tribunales federales.

El requerimiento de remisión a juicio de la primera de las causas que involucran al ex gobernador Sergio Urribarri movió el avispero político en un año que tendrá a no pocos dirigentes desfilando por los tribunales. El ex mandatario estará acompañado, en este caso, por su cuñado, Juan Pablo Aguilera; y por el ex ministro Pedro Báez.

Un repaso de la agenda no puede obviar nombres como el del ex vicegobernador Héctor Alanis, el diputado José Ángel Allende o los ex funcionarios Jorge Rodríguez, Juan José Canosa y Ariel De la Rosa; también esperarán su juicio empresarios, un sacerdote acusado por pedofilia y el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ); no faltarán causas por narcotráfico, como la resonante detección del mayor cargamento de éxtasis en Paraná, y los juicios a las bandas que comandaban Gonzalo Caudana y Daniel Celis; y también desfilarán por tribunales tres médicos paranaenses por robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar.

Con este panorama, 2018 se percibe como un año de definiciones importantes para causas sensibles para la política. A continuación, un repaso por algunas de ellas.

Esperan a Urribarri

Como se dijo, la vedette en este año judicial será el ex gobernador Sergio Urribarri. En el reinicio de las actividades, los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa hicieron el requerimiento de elevación a juicio de la causa en la que se investiga un direccionamiento de contrataciones de campañas publicitarias a favor de empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario, mediante adjudicaciones se realizaban por vía de adjudicación directa y por vía de procedimientos de excepción desde el Ministerio de Cultura y Comunicación a cargo de Pedro Báez por 24 millones de pesos. En ese mismo acto adelantaron que pedirán una condena de ocho años de prisión.

Urribarri y Báez, por su condición de diputados provinciales, pueden ampararse en los fueros y dilatar el juicio.

En la causa también están imputados el ex funcionario Gustavo Tamay, los socios de Aguilera, su esposa y los publicistas Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana.

Otra causa que tiene al ex mandatario como protagonista es la que se dio en llamar como el sueño entrerriano. Urribarri acumula tres causas donde se investigan el desvío de 47 millones de pesos que el Estado provincial desembolsó para sostener la frustrada candidatura presidencial.

En las próximas semanas se realizará el requerimiento de elevación a juicio y el ex gobernador Urribarri deberá responder por la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA por un monto de 28 millones de pesos en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos.

En esas causas también está imputado el ex ministro Báez. En tanto, en la investigación por las contrataciones para la Cumbre del Mercosur está imputado el empresario Jorge Corcho Rodríguez; y la causa por la instalación del parador playero comprende además al ex ministro de Turismo Hugo Marsó; al empresario Gerardo Caruso, Aguilera y su contadora, Corina Cargnel.

En la cuenta regresiva

También hay juicios orales en puerta. El ex vicegobernador Héctor Alanis será juzgado finalmente por el desvío de casi 20 millones de pesos/dólares del Senado en el período 1995-1999. Con una demora de diecisiete años, y luego de innumerables postergaciones, el juicio se realizaría entre el 8 y el 20 de marzo con un tribunal estará integrado por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo.

En el banquillo de los acusados estarán, además, Maximilano Alanis, sobrino del ex vicegobernador; el ex funcionario José Crettón Pereyra; y el ex senador Humberto Ré. Eso si los fiscales y defensores no acuerdan un juicio abreviado.

Para mayo está previsto el juicio contra Jorge Rodríguez, ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) por el supuesto desvío de casi 4 millones de pesos del organismo para sostener un emprendimiento educativo privado. También serán juzgados los ex funcionarios Néstor Alberto Kemerer y Mario Ricardo Heyde.

El juicio estará a cargo de un tribunal integrado por Daniel Malatesta, Gervasio Labriola y Gustavo Pimentel; y las audiencias se desarrollarán entre el 14 y el 28 de mayo. La fiscal Yedro adelantó que solicitarán que Rodríguez sea condenado a siete años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

El millonario dirigente sindical y diputado provincial José Ángel Allende transita un camino sinuoso en la justicia. La causa que más lo complica es una por enriquecimiento ilícito, con escasos avances. En cambio, este año será juzgado por haber amenazado al periodista Martín Carboni y el fiscal Álvaro Piérola adelantó que pedirá una condena de dos años y seis meses de prisión condicional.

Un empleado de Allende, el ex ministro Ariel De la Rosa, también pasará por tribunales. Será juzgado junto con seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio de Allende, por haber amenazado a la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. El juicio se realizará entre el 12 y el 18 de junio y el juez será Gervasio Labriola, sobrino de Allende.

Otro ex funcionario en el banquillo será Juan José Canosa, por haber contratado a empresas que tienen como accionistas a familiares y amigos. Según la acusación que presentaron los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, mientras fue presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015, Canosa direccionó contrataciones a favor de empresas regenteadas por familiares, amigos y allegados y adelantaron que pedirán que sea condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Todavía no se ha fijado la fecha pero el juicio estará a cargo de Alejandro Grippo.

Canosa también está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, aunque esa causa viene más retrasada y todavía no ha sido citado a prestar declaración de imputado.

También mediáticas, aunque sin impacto político, este año habrá otras causas que acapararán la atención pública en los tribunales entrerrianos. Se trata de aquellas que tendrán en el banquillo de los acusados al sacerdote Justo José Ilarraz, por abuso de menores en el Seminario de Paraná; y la que involucra al ex perito balístico del STJ, Antonio Daniel María Vitali, por robo de armas del depósito de tribunales.

Un paneo por la justicia federal

También en la justicia federal habrá actividad que tendrá repercusión pública. El tribunal oral debe fijar fecha para el juicio a los médicos Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), acusados por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela durante la última dictadura cívico-militar.

El juicio se retrasó por una disputa planteada por los querellantes, que se oponen a que se realice con un tribunal unipersonal y llegaron incluso a recusar al juez Roberto López Arango, que tendría a su cargo el debate.

Otra causa resonante es la que juzgará la detección del mayor cargamento de éxtasis de la historia argentina en la Aduana Paraná. Se trata de 67.293 cápsulas escondidas dentro de dos paquetes que contenían colchones inflables provenientes de Alemania. Primero cayeron los destinatarios de los paquetes: Juan Carlos Grilli, un remisero de 58 años, domiciliado en la provincia de Buenos Aires; y Silvia Estela Avalos, paranaense de 47 años, con domicilio en el barrio El Morro. Unas semanas después fue detenido el verdadero dueño del cargamento, Dacdington Giménez Sánchez, alias Brian, dominicano residente desde hace varios años en la Argentina.

Los tres serán juzgados en Paraná, durante los días 24, 25 y 26 de abril por el tribunal integrado por Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López Arango.

También está a punto de ser elevada a juicio la causa que tiene como principal acusado a Daniel Tavi Celis, como cabecilla de una banda que se dedicaba a organizar y financiar actividades de comercio de estupefacientes, que operaba en distintos barrios de Paraná (Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín) y extendía sus redes a las localidades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá, Seguí e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde.

La investigación reveló un complejo entramado de vinculaciones y complicidades entre la estructura que encabezaba Celis con el poder político, sobre todo, por el financiamiento de la campaña proselitista del actual intendente de Paraná, Sergio Varisco; y también con sectores de la Policía.

La organización estaba encabezada por los hermanos Daniel y Miguel Celis y estaba integrada por otras 21 personas que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta de drogas.

Otro que espera que se fije fecha para el juicio oral es Gonzalo Caudana, acusado de ser el organizador, proveedor y financiador de actividades de narcotráfico en distintas localidades entrerrianas. La banda también estaba integrada por su hijo, Matías, entre otra veintena de personas.

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