Se presentarán nulidades en la causa de Urribarri, Báez y Aguilera

Qué plantearán cada uno de los abogados en lo que en Tribunales ven como el comienzo de un proceso de dilación.

La causa pronta a elevarse a juicio y que tiene a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera como principales imputados dio una nuevo paso que ya estaba establecido en el pedido de requerimiento de los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro: el embargo por 26 millones de pesos. La inhibición alcanzó también a los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, según publicó el sitio Entre Ríos Ahora.

Ante la inminente fecha para la audiencia de elevación a juicio, los abogados defensores trabajan en diversas presentaciones, según supo Página Judicial.

Raúl Barrandeguy, que defiende a Urribarri, hizo un planteo de “incidente de falta de acción”. Allí se cuestiona que exista la posibilidad que la fiscalía pueda iniciar una acción penal sin tenerse en cuenta cuestiones previas ya resueltas por otros organismos. Esto va con la estrategia que viene desarrollando el defensor del ex gobernador. Barrandeguy se apoya en la idea de que las contrataciones que se hicieron durante la gestión de gobierno no fueron impugnadas por los organismos de control como la Tesorería de la provincia, Contaduría General, Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Los representantes de Báez, Ignacio Díaz; y de Aguilera, Marcos Rodríguez Allende, tienen la misma estrategia. Esos serán los argumentos para pedir los sobreseimientos.

Los fiscales estimaron que Urribarri y Báez desviaron 24.204.918,69 pesos a empresas de Aguilera, cuñado del ex mandatario. En la remisión de la causa a juicio adelantaron que pedirán que los tres sean condenados a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. También pidieron su desafuero para que puedan ser juzgados. Los tres están acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública.

Cánepa y Yedro señalaron que las empresas TEP SRL (ex Cinco Tipos) y Next SRL –que se le atribuye a Aguilera– absorbieron casi la totalidad de la publicidad en vía pública contratada por el Estado provincial entre los años 2010 y 2015 por la vía de adjudicación directa desde el Ministerio de Cultura y Comunicación a cargo de Báez.

En el caso de TEP SRL, quien figura como socio gerente es el diseñador gráfico Emiliano Oscar Giacopuzzi. En esa firma también figura Luciana María Belén Almada, esposa de Aguilera. Los fiscales pedirán que ambos sean condenados a cuatro años de prisión. En el caso de Next SRL, quienes aparecen como socios son Luis José Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, y Maximiliano Romeo Sena. Para ellos, pedirán cuatro años de prisión.

Miguel Cullen planteará la nulidad del proceso por entender que se incumplió el artículo 403 del Código Procesal Penal que en uno sus puntos dice que si lo que se imputa es concurso real, los hechos deben estar descriptos de manera independiente, cuando aquí se hizo un relato único. En cuanto a la calificación penal, el defensor de Sena, Almada y la contadora Corina Cargniel sostiene que las imputaciones son erróneas de acuerdo al hecho intimado. En ese marco pedirá el sobreseimiento bajo la idea de que a sus representados se les imputan acciones que no son punibles.

Gustavo Rubén Tamay, que ostentaba el cargo de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura, también está imputado en la causa y se le pedirá una pena de 6 años. Su nuevo representante, Guillermo Vartorelli que también representa a Giacopuzzi, acompañará el planteo de sus colegas.

Estas presentaciones - con razón o no y en todo su derecho - son vistas en los funcionarios judiciales como el inicio de una estrategia para dilatar el procedimiento.

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