Vueltas en la Legislatura para aprobar una ley de agroquímicos

Los legisladores se propusieron a constituir una comisión bicameral. Hace más de 10 años que se pretende la promulgación de una norma que establezca un marco jurídico para la utilización de plaguicidas.

Cada vez que se está a punto de iniciar el debate final para aprobar de una vez por todas una norma que regule el uso de agroquímicos aparece un impedimento.

Un nuevo obstáculo asoma en el horizonte para cumplir el objetivo de evitar la promulgación de una norma que establezca un marco jurídico para la utilización de plaguicidas: la creación de una comisión bicameral para abordar el tema.

Este ámbito parlamentario está previsto para hacer un seguimiento a una institución o la creación de un nuevo organismo estatal. Los casos más conocidos son los que refieren a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Defensoría del Pueblo. Se desconoce si estos comités se han reunido alguna vez en los últimos cuatro años.

¿Hay motivos para conformar un ámbito de estas características para redactar una ley? Ninguno. En el Senado el argumento que dieron es que la bicameral permitirá lograr una redacción conjunta entre el oficialismo y la oposición y esto, precisamente, evitará la dilación, como viene ocurriendo.

Con ese criterio se tendrían que conformar varias bicamerales. Hay otros que eligen la máxima del General cuando dijo: “Si querés que algo no prospere, armá una comisión”.

La Cámara de Diputados viene de desestimar un proyecto con media sanción del Senado impulsado por los ex senadores Enrique Cresto y Oscar Arletazz.

En la actualidad hay dos proyectos que tienen estado parlamentario, esto es, que están en comisión y pueden ser tratados en cualquier momento. Una iniciativa duerme en la Cámara baja y otro en el Senado. Al primero se le dio media sanción en diciembre del año pasado.

Los senadores Ángel Giano y Mario Torres están abocados en la elaboración de un nuevo texto que regula el uso de agroquímicos, “basado en los principios de protección de la salud humana, protección del medio ambiente, los recursos naturales y en la protección de la producción agrícola”.

Piruetas

En las últimas horas se dio a conocer un caso que cada tanto se repite y que de tanto repetirse hasta deja de ser noticia. Una docente de la Escuela 11 Valentina Páez, de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, denunció que un mosquito expandió agrotóxicos al aire y el veneno afectó de lleno al establecimiento escolar. Según informó la organización Paren de Fumigar Escuelas, los docentes llamaron a la Policía que “corrió” al mosquito que estaba en un campo lindero. “La secundaria estaba en clases y la primaria en recreo. El viento soplaba en dirección a la escuela y todo el veneno llegó de lleno. Después, la cocinera tuvo un ataque de asma, otros docentes manifestaron sequedad en la boca, ardor y picazón en la piel, los ojos y dolor de cabeza”, denunció la docente Alejandra Pereira.

El soplido del viento esparciendo por hectáreas el veneno es tan conocido como el veneno mismo. De ahí que hubo intentos de minimizar los efectos de la lluvia ácida con leyes que, por lo menos, reglamenten la altura en que las avionetas puedan regar los campos entrerrianos con plaguicidas. Ni siquiera esa migaja se permitió aprobar los legisladores. Raúl Solanas, en el 2009, movió el avispero. No hubo caso. Unos cuantos años antes, en 1992, cuando comenzó a asomar el boom de la soja, que dio lugar al actual perfil productivo, el radical Antonio Boleas pidió que se creara en el ámbito parlamentario un área referida al medio ambiente. Años después el senador justicialista Hugo Cettour intentó algo similar. No hay nada.

En 2006 el senador peronista Hugo Berthet presentó un proyecto que recién en 2011 se convirtió en la ley 10.028. La misma regula el depósito de los envases de los plaguicidas que quedaban a la deriva de las rutas o en el medio del campo y, en muchas ocasiones, la peonada los juntaba para darle otro uso con una simple enjuagada de agua. La ley está vigente, pero no se cumple. El Estado jamás pudo crear una policía que se encargue de estos controles.

En 2010 el diputado del Nuevo Espacio, Héctor De la Fuente directamente presentó un proyecto para prohibir las fumigaciones. Oficialismo y oposición se fueron en promesas de una inminente aprobación que no se dio. El senador de Cambiemos, Exequiel Blanco, solicitó lo mismo.

Decir que no hay un marco jurídico para los plaguicidas es una falacia. En Entre Ríos rige la ley 6.559 y tiene dos decretos reglamentarios (4.483 y el 5.575 de 1995). Ahí está, lista para ser cumplida hasta que se apruebe una nueva.

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