Con excepción de los funcionarios y los habitantes de los departamentos costeros y no tanto del río Uruguay, pocos entrerrianos saben lo que es y representa la CAFESG. ¿La vieja caja de asignaciones familiares de empleados de comercio? ¿Una empresa provincial? ¿Un organismo internacional argentino-uruguayo?

Nada de eso. CAFESG es la sigla que significa Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande, una entidad que fue creada sobre finales de la década del ´90 para administrar los cuantiosos recursos que la Nación le gira a Entre Ríos por los excedentes generados por la explotación y producción de energía eléctrica del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande –en funcionamiento desde 1979- y cuya construcción ya fue amortizada.

Estos aportes deben destinarse en forma prioritaria a las obras complementarias de Salto Grande, protección de costas y defensa de inundaciones. Los fondos remanentes son girados a las tres provincias de la Mesopotamia argentina, de la cual Entre Ríos –por ser la que mayor impacto acusó por su construcción- es la que recibe la tajada más grande de los excedentes: el 67,5% del total. Tiene su sede en Concordia y la administra un Directorio que depende directamente del Poder Ejecutivo y que está integrado por seis miembros, de los cuales cuatro –o sea la mayoría- es designada y removida por decreto del Gobernador; mientras que los dos miembros restantes los designa cada una de las cámaras de Diputados y Senadores. La ley, respetada hasta ahora, señala que el bloque opositor con mayor representantes legislativos es el que propone cada uno de estos vocales.

Esta dependencia directa del Gobernador transforma a la CAFESG en un ente autárquico no estatal que funciona en la órbita inmediata del Poder Ejecutivo: la ley de su creación le aseguró al mandamás de turno del Gobierno el acceso directo a sus envidiables recursos, una fuente inagotable de poder económico y político. Para compensar el uso discrecional de sus fondos se concedió a la oposición parlamentaria la designación de dos de sus vocales, lo que provoca en sus filas cada cuatro años una puja política para sentar en el directorio a algún amigo de ocasión que salde alguna deuda partidaria pendiente.

¿Cuánta plata es eso? No se sabe, a pesar de que su presupuesto es enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para que lo apruebe cada año. En el año 2010 se mencionaron 400 millones de pesos a raíz de una iniciativa del entonces senador Chesini por Gualeguaychú que pretendió “federalizar” los recursos afectados a todos los departamentos entrerrianos, pero lo cierto es que sólo la cúpula del poder real conoce esos números.

En el sitio digital de la institución www.cafesg.gov.ar no hay ninguna mención acerca de los números que maneja, y en el Presupuesto 2014 (Ley 10.269) no hay forma de dar con algún artículo, capítulo o sección que se refiera a los recursos anuales presupuestados. De los 29 mil 400 millones de pesos que alcanza el Presupuesto Anual 2014 para Entre Ríos no es posible saber cuánto administrará la CAFESG.

A pesar de la orfandad de datos, la CAFESG es una formidable caja que se destina a cuestiones tan diversas como la construcción de puentes, desagües pluviales, pavimentación de calles, cordón cunetas, comisarías, bibliotecas populares y centros de convenciones como parques acuáticos termales, ampliación de autódromos, y centros de rendimiento deportivo, cursos de capacitación, préstamos para emprendedores a través de un Microbanco y pago de cáchets abultados a grupos como Los Palmeras, entre tantos otros y sostener bandas musicales de fiestas populares de la región.

Los fondos de CAFESG son el recurso más apetecible, preciado y disputado por los intendentes de la región de Salto Grande, desesperados por dinero fresco para poder volcar en el desarrollo de sus ciudades y mostrar a sus votantes el éxito de sus gestiones. El dinero tiene un “efecto derrame” generoso, ya que no solo se invierten en la zona de influencia directa de la represa (departamentos Federación y Concordia) sino que su alcance se extiende a seis departamentos más como Federal, Feliciano, San Salvador, Villaguay, Colón y Uruguay.

Sin embargo, no solo se necesita presentar un proyecto de obra para su oportuna selección por el Directorio, sino formar parte del universo de intendentes alineados incondicionalmente al proyecto personal de Urribarri, para quienes pareciera que las puertas de la CAFESG están abiertas. A la oposición, muchas promesas y poco y nada de dinero.

La interna del peronismo gobernante ya lanzada de lleno oficiará de testigo una vez más de la discrecionalidad en la asignación de fondos para proyectos municipales. En fin, nada que no se sepa en una Entre Ríos colonizada por la cruda lógica del negocio político y del negocio económico personal.

Los intendentes de la oposición se quejan en sordina por la discriminación que sufren para acceder a esos fondos mientras se acumulan carpetas de proyectos que nadie mira pero temen enfrentar abiertamente al Gobernador, que es quien tiene la última palabra y el don de levantar o bajar el pulgar para liberar fondos para obras. Por otra parte, salvo los recursos de la Nación y la CAFESG, los intendentes no pueden acudir a otro lado para financiar sus proyectos porque la provincia no tiene fondos para eso.

“CAFESG trabaja para que la gente viva mejor”, anuncia la profusa publicidad oficial para identificar el bienestar común con las inversiones que se hacen. Los que viven bastante mejor que la gente son las empresas contratistas de las grandes obras, que casi siempre son las mismas, se alzan con suculentos contratos y entre las cuales sobrevuela la sospecha social del sobreprecio, la cartelización y el “diezmo” necesario para acceder al club del capitalismo de amigos. Para graficar con un ejemplo, en una comuna muy pequeña del departamento mas chiquito de la provincia CAFESG pagó en el año 2010 $ 400.000,oo.- por cada cuadra de pavimento de hormigón armado que realizó, e hizo en una primera etapa 7 cuadras. Un verdadero disparate sin justificación técnica ni de costos.

Hay que decir, sin embargo, que las obras se hacen, están a la vista de cualquiera y han mejorado la infraestructura de las ciudades o zonas beneficiadas. Lo que no resiste demasiados análisis son los presupuestos exagerados que se vuelcan y las sumas que se facturan en cada obra de importancia: no hay empresario que ignore las reglas, las condiciones y el modus operandi de la CAFESG.

Su caja es tan tentadora que por ejemplo la Ley de Presupuesto para 2014 le permite al gobernador Urribarri utilizar fondos de CAFESG para financiar el millonario déficit financiero de su gestión o sustituir financiamiento de obras públicas fuera de la Región de Salto Grande. Para que se entienda mejor: echar mano a los recursos afectados de la CAFESG para volcarlos en rentas generales a tapar los baches que acusará en 2014 el presupuesto provincial.

Otro capítulo es la escandalosa grilla de personal que mantiene la CAFESG. Quien fuera el autor de la ley de transferencia de los fondos, el ex senador nacional Héctor Maya, supo reconocer con resignación que la CAFESG es un Estado dentro de la provincia dedicado al financiamiento de la política, para señalar la intrigante nómina de empleados y contratados con sueldos voluminosos que constituyen una masa cautiva de militantes para la causa del que gobierna.
Ningún gobernador subestima el poder económico de esta fantástica caja. No lo hizo Sergio Montiel a pesar del raquitismo financiero que padeció entre 1999/2003 que sentó en la Presidencia del Directorio a su amiga política Susana Paoli de Ava. Tampoco lo hizo Jorge Busti, que designó a su íntimo y entonces leal álter ego Sergio Urribarri como “interventor” de la CAFESG, sin que haya existido Directorio en ese lapso, manteniendo bajo su dominio el Ministerio de Gobierno (fue el “Superministro” entre 2003/2007). Eyectado Busti del poder formal y marginado del poder real, Urribarri dejó en manos del contador Hugo Ballay y luego de Daniel Bes la custodia de sus recursos, ambos hombres de estrechísima confianza del Gobernador.

¿Quién controla el manejo y aplicación de los millonarios fondos? Basta leer en el sitio digital la nómina de organismos públicos que intervienen en la fiscalización del uso de los dineros para sorprenderse: desde la Secretaría de Energía de la Nación que es la que gira los fondos hasta la Sindicatura General de la Nación –SIGEN-, pasando por la Contaduría General de la Provincia, la Dirección de Presupuesto y el Tribunal de Cuentas. Hasta el momento no se ha conformado la Comisión Bicameral de seis legisladores encargada del control de la aplicación de los fondos y de intervenir en todo lo que se relaciona con el presupuesto de la CAFESG. Pero no se conocen los números que arroja el balance general que la Comisión debe presentar todos los años porque el Boletín Oficial de la Provincia jamás publicó ninguno. La publicidad de los actos de gobierno no existe en el manejo de los dineros de la CAFESG.

Nadie habla por temor a matar la gallina de los huevos de oro y porque quienes gobiernan desde las filas del PJ o desde la oposición necesitan de los fondos de la misma manera que un corazón necesita de la sangre.

El misterio, el silencio, la falta de información y el ocultamiento parecen abonar las sospechas de que CAFESG es una millonaria “caja negra” del poder, pródiga en obras pero con ninguna transparencia en el manejo de sus recursos.

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