“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. La frase corresponde a la célebre novela El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y describe a la perfección la encrucijada ante la que nos encontramos quienes tenemos responsabilidades públicas por estos días en que debatimos sobre las herramientas judiciales para combatir los males de la corrupción pública en la Argentina.

La media sanción que obtuvieron en Diputados la denominada Ley del Arrepentido y la Ley de Extinción de Dominio constituyen un avance sustancial en la prosecución de justicia en la lucha anticorrupción. Pero esta avanzada podría transformarse en un “gatopardismo” si no propiciamos una transformación más profunda e integral de los estamentos judiciales de la Argentina.

El Poder Judicial debe recuperar la legitimidad que merece, sin involucrarse con el poder de turno, ni corporativizarse como una falange del joven Gral. Alejandro. La sociedad espera ansiosa confiar y la forma de lograrlo es actuando contra el crimen con total independencia, de lo contrario, repetiremos a Lampedusa.

La manera de evitar esta trampa es simple: además de recuperar lo robado, debemos inevitablemente someter a proceso a los funcionarios sospechados de acciones espurias en la administración de los bienes y recursos del Estado que puedan haber sido sobreseídos en procesos sospechados de fraudulentos. Eso lo lograremos introduciendo la figura de la Cosa Juzgada Irrita. De otra forma, el ciclo quedará trunco, y nuestro afán de hacer Justicia correrá la misma suerte: habremos logrado un cambio que no cambia nada.

Para sortear estos espejismos de la política, he presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 240 del nuevo Código Procesal Penal (ley 27.063) e incorporar a la nueva legislación justamente la figura de la “Cosa Juzgada Irrita”, que permite durante un plazo de prescripción predeterminada reabrir causas de funcionarios que hayan sido sobreseídos de manera fraudulenta.

La intención es impedir un eventual cierre malogrado de las más de 1000 causas abiertas contra un total de 164 funcionarios del anterior gobierno que enfrentan investigaciones por delitos de corrupción, así como brindar un recurso más que permita poner el foco en los actos de gobierno de ahora en más.

La modificación propuesta establece que “serán suceptibles de nulidad aquellos sobreseimientos dictados en causas vinculadas a delitos cometidos en ejercicio de la función pública cuando presenten vicios formales, sustanciales o error judicial. La nulidad sólo podrá ser planteada durante el tiempo fijado para la prescripción del delito del que se trate”.

Entiendo que esta cláusula es una herramienta indispensable para que el castigo a la corrupción no caiga en saco roto. Con ella, los funcionarios que hayan sido sobreseídos por sus influencias sobre jueces amigos del poder tendrán que volver a dar explicaciones. Cambiemos, pero para que todo cambie.

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