“Ajuste”…esa palabra innombrable, tan emparentada con la década maldita de los ´90, inexistente en el diccionario kirchnerista y tan plagada de eufemismos para explicar lo que parece tan claro.

Y lo claro es que el ajuste llegó a Entre Ríos. Y llegó de la mano de la receta mas tradicional y ortodoxa: un “impuestazo”, un freno seco a la puja salarial del sector público y un seguro recorte de la obra pública que se hará notorio en los próximos meses.

El mensaje de La Señora fue claro para todos los gobernadores: “No hay plata”. Entonces, hubo de recurrirse a un “federalismo fiscal al revés” para comprender que había que mejorar la recaudación propia, apretar más y mejor a los contribuyentes entrerrianos, morderse los labios frente a los recortes de coparticipación y “vivir con lo nuestro”….hasta que el temporal pase.

Curiosa la realidad de la macroeconomía del Estado entrerriano. Los números pueden asustar al incauto lector.

En 2003 –año del final de la gestión de Sergio Montiel- el universo de contribuyentes entrerrianos le pagaba el sueldo a 46.259 agentes.

En 2007 –último año del tercer mandato de Jorge Busti - los empleados públicos sumaban 56.892 personas.

En 2012 Entre Ríos debe pagarle mensualmente sus haberes a 62.056 empleados de planta permanente.

En 2013 el gobierno de Urribarri desembolsará recursos para pagarle a 62.504 trabajadores estatales. Todo eso sin contabilizar la planta del personal docente que es otro tema.

Estamos hablando de 15.793 personas más en la planta permanente del Estado en escasos 8 años, es decir, agentes que gozan de estabilidad laboral y que no pueden ser separados de sus cargos sin sumario previo. Algo así como 1.316 designaciones por año, o 165 nombramientos por mes, o bien –para ser un poco más gráfico aún- cinco y pico de incorporaciones de empleados por día.
¿No parece un poco exagerado?

Como la variable de ajuste nunca puede ser el trabajador, no sólo porque se trata de un “gasto rígido” vía la estabilidad constitucional de la que gozan sino porque la paz social no soportaría un ajuste en el ítem Personal, la vía escogida es entonces un sustancial incremento de los impuestos (hasta el 600% según se denunciara) que recae –claro está- en el padrón de contribuyentes que ya maneja el Estado y que gravará con mayor fiereza la riqueza que se genera tranqueras adentro de nuestros ríos. Y todo ello en un contexto de:

• El “tarifazo” que ya llegó de la mano de incrementos en luz, agua, y transportes, entre otros rubros. El servicio telefónico básico y el celular esperan en la cola para obtener autorizaciones para incrementar sus facturas.

• La imparable inflación que día a día carcome el ingreso fijo de empleados, jubilados y beneficiarios de planes sociales.

• La caída del consumo que ya se siente en rubros como electrodomésticos, inmuebles, herramienta agrícola y algunos artículos de consumo masivo como alimentos y bebidas.

• Las dificultades en la cadena de producción que deben soportar las empresas por inéditas trabas a la importación de piezas, insumos y bienes intermedios.

• Los menores ingresos que ya padece la Provincia por recortes en la coparticipación: la Nación le ha “birlado” recursos a Entre Ríos previstos en la Ley de Financiamiento Educativo; se esperan menos ingresos por el Fondo Federal Solidario, o “la plata de la soja” al igual que otros recursos coparticipables que mermarán por la caída del consumo y la producción (IVA, Impuesto al Cheque, Bienes Personales, etc.)

• La pesificación forzosa de la economía, pero la inamovible dolarización de ciertos insumos básicos para la producción (desde los agroquímicos hasta las drogas farmacéuticas).

El gobierno de Urribarri necesita dinero que no tiene para hacer frente a una masa salarial que todos los meses le demanda alrededor de 500 millones de pesos, más el pago de proveedores (la famosa “deuda flotante”), atender el déficit creciente de la Caja de Jubilaciones y, encima, hacer obra pública.
Ah!! Y pagar los intereses de la deuda pública que en 2012 tuvo –dijo el presupuesto agotado- vencimientos por 240 millones de pesos.

Las alternativas financieras se estrechan. Urribarri ya recurrió en 2012 al caro crédito bancario de la familia Eskenazi (CEO del Nuevo Bersa) para pagar gastos corrientes, desdoblar los haberes de marzo del año pasado con la excusa del “anticipo de Pascuas” a todos los empleados hasta $ 3000, las cada vez mas periódicas y recurrentes emisiones de bonos y letras del Gobierno Provincial a tasas caras y corto plazo para hacerse de dinero fresco, la suspensión de pagos a proveedores que en algunos casos alcanzan los 9 meses de atrasos y ya empieza conjugarse el verbo “armonizar” el sistema jubilatorio con la Nación sin descartar una modificación del régimen previsional provincial para oxigenar su situación y ampliar la edad jubilatoria.

En tanto, el impuestazo de fines de 2011 amenaza con provocar una rebelión fiscal del sector agropecuario y una clase media que comienza a sentir los efectos del ajuste, esa palabra tan temida.

Sumado a todo eso, los brutales incrementos de las tasas municipales a que han debido acudir los intendentes para sostener sus gestiones.

“Nunca más bonos en Entre Ríos”, supo decir nuestro Gobernador. Ahora bien ¿ está tan lejos nuestra provincia de recurrir a la “maldita cuasimoneda” o la nueva caja de YPF incautada por Cristina y las jugosas reservas del Banco Central que ahora se podrán usar para el “desarrollo” correrán en auxilio de uno de los gobernadores mimados por la Casa Rosada ? Las informaciones de fuentes serias indican que en escasos tres meses Urribarri dependerá del Tesoro Nacional –y el humor presidencial- para poder pagar los sueldos, los proveedores y mantener la marca de su administración.

Nadie puede negar sin pecar de necio que Urribarri ha sabido gestionar ante un Gobierno Nacional que sólo abre el grifo de los recursos a los “gobernadores amigos”. Nuestro Gobernador es –en ese sentido- un insospechado soldado de la causa (y la caja) K, siempre presto a acatar la orden presidencial, aún en aquellas iniciativas o temas más incómodos. Por caso, la interrupción del embarazo en casos de abusos, la Ley Antiterrorista o la acusación de “haraganes” a los docentes que trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones.

La mansedumbre política le permitió a Urribarri acceder a fondos frescos y a la financiación de obras públicas que le brinda una imagen de “gestor exitoso, eficiente y pragmático”, sin ningún gesto de autonomía. Pero Urribarri no tiene un Banco Central que le ceda recursos, no posee un Fondo Anticíclico para enfrentar los tiempos de depresión, ni siquiera tiene un Banco propio que lo auxilie en la emergencia y la capacidad recaudatoria de la ATER tiene un techo.

Ahora que los recursos parecen terminarse ¿ habrá llegado la hora de gobernar en serio ?

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