Como soy incapaz de distinguir el derecho de la arquitectura, imagino al sistema electoral argentino como una gran casona de principios siglo XX, elegante y sobria, con sus columnas secretas, universales y obligatorias, sostenida por vigas de listas incompletas y representación de minorías. Aún se puede leer en el frontispicio los nombres de sus venerables arquitectos: Roque Sáenz Peña, Indalecio Gómez e Hipólito Irigoyen, y en la lisura de sus mármoles todavía se refleja el esplendor garantista.

En poco más de cien años, y sólo en los períodos constitucionales en que fuera habitada, la casa tuvo modificaciones: se ampliaron las habitaciones con el voto femenino, se instaló la luz eléctrica al crearse el fuero federal electoral, y muchas veces se cambió la decoración de sus paredes, abandonando la clásica boiserie por pinturas al látex.

Hoy, nuevos arquitectos advierten que las humedades, los caños de plomo por donde corre el agua y la precariedad de la instalación eléctrica hacen poco habitable la vieja casona, y entonces, preparan los planos para la reforma.

Los electores, asiduos habitantes, nos ilusionamos con la restauración del digno edificio, y ansiosos pedimos que los albañiles piquen las paredes para colocar nuevas cañerías, cambien los pisos y aberturas, apuntalen las medianeras, guardando respeto a la esencia y estilo del lugar.

Pero nos han hecho saber que transferir el poder de la administración de los comicios a un tercero imparcial ajeno a la contienda electoral, profundizar el control financiero de los partidos políticos, y federalizar la protección del derecho fundamental al sufragio, son cambios costosos que demandarían un esfuerzo de obra que los arquitectos –los partidos políticos– y sus albañiles –los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación–, no están seguros de poder asumir.

A cambio de ello, se elige el nuevo color de la fachada que reemplace la clásica piedra París por un novedoso texturado muy delicado, una innovación técnica importante pero externa y superficial. Se piensa que la incorporación de la tecnología para la emisión del voto y su rápido recuento provisorio, hará lucir a la antigua casona como una moderna del siglo XXI.

Sin embargo, sus moradores sabemos que en dos años, las humedades no tratadas pueden volver a brotar; que no es seguro que los cables engomados eviten los cortos circuitos y provean constantemente de luz eléctrica; y que es probable que el agua que corre por las vetustas cañerías de plomo sea insalubre. Es que aprendimos que la doble condición de candidato y a la vez de administrador del comicio –jugador y dueño de la pelota–, como así también los riesgos de la financiación ilícita de la actividad política, y las asimetrías en la protección del derecho fundamental de participación, no se superan sólo pintando el frente.

Leandro D. Ríos.
Profesor adjunto ordinario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS – UNL) y Juez Federal con competencia electoral del Distrito Entre Ríos.
Fuente: Página Política

Claves

Reforma electoral

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