Dado que se está hablando de la democratización de la justicia, quiero decir que, como hecho de participación popular para la selección de los jueces fue con el objetivo de jerarquizar y transparentar uno de los pilares fundamentales de la República como es el Poder Judicial, tiene como antecedente en nuestra provincia la creación del Consejo de la Magistratura, mediante el decreto 39, del 13 de diciembre de 2003 durante mi tercera gobernación, luego este instituto fue incorporado a la Constitución Provincial con la Reforma del 2008, respetando tal cual su espíritu de la creación.

Esa decisión la tomamos con fuertes convicciones políticas, acompañados por todos los sectores integrantes del sector: abogados, jueces, empleados judiciales, las universidades, y también los ciudadanos de la Provincia. No fue una mera promesa de campaña electoral, sino que lo hicimos a partir de la existencia de un fuerte cuestionamiento a la forma discrecional de selección de los jueces y fiscales, basados en parámetros poco transparentes y donde la política jugaba un rol muy importante.

La intervención de la sociedad civil en el proceso de selección de los jueces fue un hecho inédito en el país donde un organismo para la selección de jueces, justamente limitamos a la mínima expresión la participación del sector político, a los efectos de lograr que sean otros los parámetros a tener en cuenta para la elección de los mejores candidatos.

El objetivo fundamental para implementar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura fue el de seleccionar un sistema que implementara parámetros racionales y objetivos, teniendo en cuenta la capacidad e idoneidad de los candidatos a jueces y no razones de pertenencia a sectores políticos, amistades o relaciones familiares.

Por ello, del 2004 al 2007 el Consejo se convocó a numerosos concursos públicos, fueron alrededor de 60, de antecedentes y oposición destinados a cubrir las vacantes del Poder judicial y en el Ministerio Público de la provincia de Entre Ríos, con lo que se logró renovar un tercio completo del Poder Judicial.

Cabe recordar que con esa decisión, me autolimité a ejercer la facultad de designar los jueces para cubrir esas vacantes esperando la elevación de las ternas encumbradas por el citado organismo; y que siempre, en todos los casos, designé al primero de la terna, siempre respetando los resultados de los concursos de antecedentes y oposición.

En tal sentido, debo decir que en Entre Ríos poseemos un antecedente ejemplar que nos sirve a los entrerrianos para solidificar un control digno del accionar judicial y del sistema democrático.

Por otro lado, siempre fuimos contestes con que para los casos de delitos aberrantes se aplique el juicio por jurados. Durante mi segunda gestión en 1996, envié a la legislatura un Proyecto de Ley específico de Juicio por Jurados que no prosperó en el tratamiento parlamentario.

Posteriormente en la gobernación del 2003 al 2007, insistí impulsando un nuevo proyecto de ley de juicio por jurados, y luego también lo incluimos en el proyecto de código procesal penal de la provincia, aunque luego en el proyecto que salió aprobado, no se mantuvo tal institución.

Son tiempos en los cuales debemos ajustarnos a las instituciones democráticas que nos representan y ponernos a disposición para cooperar en torno a construir una sociedad más justa, sin buscar protagonismos y confrontaciones mediáticas, sino con acción directa de quienes poseen responsabilidad política y judicial.

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