En la semana asistimos a una sucesión de hechos y declaraciones sin precedentes, pero que son corolario de muchos años de declive del Poder Judicial Entrerriano, que en los últimos años ha recibido todas las modificaciones legales y presupuestarias que ha necesitado para que sigamos en el mismo lugar sin avances a la vista.

Más allá de los pormenores del fallo sobre la malograda “Ley de Narcomenudeo”, lo único concreto y tangible son los fallos judiciales- los jueces deberían, como lo hicieron Ríos y Seró limitarse a hablar con sus sentencias- y las mismas han establecido en los dos juzgados federales de primera instancia la inconstitucionalidad de una norma que a todas luces no se encuadra con lo que manda la ley nacional, quien da la posibilidad de adhesión al juzgamiento del narcomenudeo o la no adhesión, mas no adhesiones parciales e incompletas.

Lo que se hizo en la provincia fue a medias, en realidad no se aboco a la competencia sino que solo parcialmente se hace cargo de la investigación de una manera que la ley no contempla y que tampoco asegura resultados positivos o mejoras en lo que hasta ahora teníamos en la materia. Pero a mi entender el problema es mucho más profundo que la “Ley de Narcomenudeo” que finalizara en una expresión de deseo de nuestro gobernador, mal asesorado, generando un papelón e un innecesario conflicto entre poderes que deberían trabajar de manera mancomunada contra el flagelo del narcotráfico.

Los abogados que a la vez militamos en políticas sabemos que hay cuestiones que son políticas y cuestiones que son jurídicas, y en los últimos años la política se ha colado de manera poco feliz en la justicia, dando como resultado una justicia penal a medida de un funcionario designado por decreto como lo es Jorge Amílcar Luciano García, quien a la vez es el procurador más mediático de la historia de la institución, y que termina pareciendo más un jurado de “Bailando por un sueño” que el jurista notable que pretende ser, ya que su pasión por los medios lo hace un comentarista permanente de cuestiones que a veces son jurídicas y a veces tienen más que ver con política partidaria.

En Entre Ríos la mediatización de la justicia ha hecho que muchos casos que den en el olvido y que solo pasen por una efervescencia mediática para dormir en los despachos de la justicia, o viceversa que se mediaticen casos y que la estigmatización de otros casos sean los únicos trofeos que una justicia poca efectiva busca permanentemente exhibir.

La no adhesión completa a la ley no se entiende cuando permanentemente García se precia de ser un modelo para la reforma del código procesal nacional. Han designado sin concurso (habiendo habido tiempo para hacerlo) un ejército de fiscales, adjuntos, colaboradores y además han “enganchado” los sueldos con la justicia federal, sin contar que gozan del 82% móvil, hasta ayer quienes querían no aportaban al Iosper, y alegremente el senador Cresto habla que el problema por parte de los jueces federales son las ganas de trabajar, lamentable.

Creo que los entrerrianos debemos replantearnos que justicia queremos a partir de 2015, si es necesario una reforma constitucional, si la procuración no debe ser electiva y limitada en el tiempo (ya que el rol según lo desarrolla García es mediático y político) o como lo es ahora por decreto y atribuciones ilimitadas. De que sirvió las enormes erogaciones ante un poder judicial que el único problema que resuelve es el del pasar económico de sus miembros, mientras los ciudadanos comunes esperamos justicia por tantos casos que día a día azotan a los más débiles.
Fuente: Página Política

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