En las últimas horas, se conoció una presentación judicial del ex Senador Augusto Alasino, quien plantea -vía Acción de Amparo- un cuestionamiento al Art. 42 del Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en torno al procedimiento adoptado por los legisladores en la denuncia contra el Vocal del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Carlos Alberto Chiara Díaz.

El tema no es nuevo. En la Cámara nos hemos ocupado del mismo los legisladores cuando tuvimos oportunidad de discutir el nuevo Reglamento, ya que se trabajó sobre el procedimiento a adoptarse frente a los pedidos de Juicio Político, teniendo en cuenta el Art. 141 de la Constitución Provincial. El mismo, habla de la “comisión de investigación” que deberá actuar frente a las denuncias, que se integra en la primera sesión ordinaria. Así, en la sesión del 1º de Julio de 2014 (ver diario de sesiones Sesión Nº12), como miembro informante me cupo explicitar puntualmente sobre el tema: ...”Hemos aclarado una vieja discusión. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político tenía una aparente discordancia con el Artículo 141 de la Constitución. El actual Artículo 141, que repite el viejo artículo de la Constitución de 1933, habla de que, planteada una denuncia para iniciar un juicio político, debe existir una comisión investigadora. En el seno de esta Cámara muchas veces se debatió si la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político era esa comisión investigadora, o si la Cámara tenía que nombrar a su vez otra comisión investigadora. Saldamos ese debate, lo analizamos largamente y quedó claro en el nuevo Reglamento que la comisión investigadora es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político. De este modo eliminamos la posibilidad de un conflicto en el caso que se plantee un juicio político”...

Esa comisión, en el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Provincia, no es sino la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, que efectivamente fue designada con composición plural (de todos los bloques) y que funciona desde el inicio de las sesiones ordinarias de la Càmara. En el apartado pertinente a la comisión referida, el reglamento actualizado en 2014 dice: “Le corresponde dictaminar sobre todo proyecto de carácter constitucional, sobre tratados y negocios interprovinciales ...y en calidad de comisión de investigación, las facultades que le acuerdan los Art. 141, 142, 143 y 144 de la Constitución de la Provincia”...

Digo que se debatió el tema, porque luego de la reforma constitucional, fui autora, conjuntamente con otros diputados, del nuevo Reglamento de la Cámara baja, en razón de que el anteriormente vigente refería a normas constitucionales que fueron cambiadas, siendo necesario actualizar el cuerpo normativo para el funcionamiento de diputados. Además, conjuntamente se aprobó la posibilidad de implementar modificaciones incorporando nuevas tecnologías y despapelizando el trámite de expedientes.

En el debate, no faltó referencia a la comisión de investigación que refiere el Art. 141 C.P., coincidiendo todos en que esa función la debía y debe cumplir la comisión legislativa pertinente. Indudablemente, la pauta procesal que establece en este delicado tema la Constitución Provincial, apunta a que no sea el pleno de diputados el que ejerza la función de investigación frente a una denuncia formulada contra los sujetos de juicio político. Pero ello, siempre ha sido resuelto, en tal sentido, con el funcionamiento parlamentario más apropiado, que es la comisión abocada a tal tema, que en cada período legislativo constitucional se renueva y contiene en su seno a todas las representaciones políticas.

Pensar que hemos incumplido la norma, es una falacia. Hemos tenido antecedentes, todos resueltos de la misma manera: la comisión de investigación ha sido la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político. Pensar que no procede de tal manera, es absolutamente infundado, ya que el Cuerpo, sin cuestionamiento e inconveniente alguno, ha procedido de la misma manera quienquiera que fuere el denunciado. Sobran los antecedentes en la materia.

La Ley de Procedimientos Constitucionales (8.369) que ha sido invocada para interponer el Amparo contra la Cámara de Diputados, tiene prevista la intervención judicial para salvaguardar derechos y garantías constitucionales que afectan de manera clara e inminente alguno de los derechos fundamentales. El procedimiento del Amparo, sostengo, no es el más correcto para el debate planteado, ya que no hay derecho o garantía afectada, y, por otra parte, existen acciones para cuestionar la inconstitucionalidad de un reglamento más apropiadas para resolver el conflicto planteado por el Dr. Augusto Alasino. En el caso, no se advierte ningún derecho fundamental violado por la intervención apropiada de una Comisión legislativa creada para tal objetivo, entre otros.
Fuente: Página Política

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