En los últimos días se ha instalado en el escenario político el debate sobre la posibilidad de que los jóvenes entre 16 y 18 años puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones, a raíz de un proyecto presentado en el Congreso Nacional. Distintas voces del arco político nacional y provincial han hecho saber su opinión acerca de esta iniciativa, conformando en general un consenso favorable sobre el tema.

Uno de los aspectos centrales de este proyecto es proponer el derecho a voto con carácter voluntario, ya que de esta manera reconoce y amplía los derechos de la juventud comprometida políticamente. Los detractores de esta iniciativa tienen como argumentos la “falta de madurez política” de la juventud, y entienden que “la mayoría de los chicos entre 16 y 18 no están en condiciones de votar, ya que les falta formación ciudadana y preparación intelectual”, o “están terminando de cursar la escuela secundaria”.

En primer lugar, en nuestro sistema democrático no existe el voto calificado, de modo que no se necesita un determinado nivel educativo o intelectual para ejercer el derecho a voto.

Por otro lado, las críticas acerca de la falta de madurez o compromiso por parte de la juventud se contradicen claramente con la realidad política que vivimos día a día a partir de la necesidad de mayor participación de los jóvenes sobre los procesos de toma de decisiones en los temas que los involucran: creciente intervención en los centros estudiantiles o manifestaciones políticas, proliferación de asociaciones juveniles dedicadas a causas sociales y en general mayor interés activo sobre los procesos políticos entendidos como parte de una esfera colectiva; valga de muestra más reciente la masiva participación de nuestros gurises entrerrianos en el acto de nuestra Presidenta en la ciudad de Concordia.

Vale la pena destacar que en el gobierno de Néstor Kirchner (2003) se generó un nuevo proceso histórico en el sector y su reacción más directa se reflejó en una participación activa en la política, independientemente del tinte, la juventud de nuestro país se encuentra cada vez más involucrada como parte activa de los grandes debates políticos, profundizando a su vez una gran conciencia colectiva hacia lo social.

Como un Estado que cuenta con políticas públicas de fondo tendientes a la inclusión y a la promoción de derechos, es imposible mirar para otro lado en relación a este debate.

Fundamentalmente, el carácter voluntario de esta propuesta reconoce la posibilidad de voto como un derecho político, de manera tal que sólo sea ejercido por los jóvenes que se sientan lo suficientemente capacitados y movilizados por causas sociales para hacerlo. En definitiva, el hecho de formar parte del proceso eleccionario no es una decisión que pase por la edad de cada uno, sino del interés de participación en la sociedad, que redunda en el interés de participación en lo político.

Esta medida no surge, como sostiene el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, “de manera intempestiva”, sino que llega para dar un marco legal a una realidad ya existente: un reclamo cada vez mayor por parte de la juventud de contar con participación en los procesos democráticos.

El lugar común de las críticas al proyecto recaen sobre el hecho de la falta de madurez, cuando en realidad muchos chicos en esa franja etaria cuentan con una opinión política formada o en formación. Pero principalmente, es en esta etapa de crecimiento ciudadano en la que la juventud cuenta con posiciones críticas hacia la sociedad en que vive, proponiendo cambios hacia el interior de la misma.

Es un deber de la sociedad, entonces, enmarcar esta situación dentro de un plano legal que permita reconocer la plena participación de la juventud en los procesos eleccionarios de un sistema democrático, otorgando de esta manera mayor ejercicio de ciudadanía a nuestros pibes.

Tampoco faltan las críticas en relación a este proyecto pensándolo como “maniobra electoral”, argumentando que son medidas tomadas por el gobierno nacional para contar con mayor representación en las elecciones legislativas del año que viene, una “nueva masa de votantes jóvenes afines”.

Esto supone una falaz adhesión automática de los jóvenes hacia el gobierno: ocultan o ignoran en este análisis la sana rebeldía que se experimenta en esa edad, y la gran pasión por las causas que se militan en los distintos ámbitos sociales. La realidad es que, de concretarse esta medida, será un desafío hermoso para las áreas de juventud de los partidos políticos, ya que se deberán pensar nuevas iniciativas para lograr responder a esas aspiraciones políticas de los sectores juveniles.

En un modelo de Estado inclusivo y profundamente participativo como el nuestro, es absolutamente necesario dar ese paso siguiente hacia el reconocimiento de los plenos derechos ciudadanos, asegurando la igualdad de oportunidades en nuestros procesos sociales a estos nuevos sectores. Vivimos en una época de constante transformación, y nuestro rol como jóvenes es el de dar impulso y ser origen de las causas de esos cambios; ser protagonistas de los procesos fundamentales de nuestra vida política. Debemos considerar, entonces, este nuevo reconocimiento de derechos como una victoria en una lucha perpetua por defender nuestros intereses como juventud en el ámbito político y social.

En el gobierno de Néstor Kirchner (2003) se generó nuevo proceso histórico en el sector y su reacción más directa se reflejó en una participación activa en la política, independientemente del tinte, la juventud comenzó a verse nuevamente seducida por la politica.
Fuente: Página Política

Claves

Mauro Urribarri

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