El escándalo nacional y popular que estalló en Canal 13 por la investigación periodística de Jorge Lanata que desnudó la trama de lavado de dinero, giros al exterior de plata negra y cuentas secretas que enlodan definitivamente la figura del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner desató una ola de indignación social con consecuencias aun imprevisibles para el Gobierno Nacional.

La credibilidad, el prestigio de sus mejores políticas públicas y la aceptación social de la gestión de la Presidenta se hallan heridas seriamente por estas horas por la difusión de los negociados presidenciales y el dinero espurio que el entonces presidente Néstor Kirchner habría girado a bancos europeos por vías clandestinas y con la complicidad del empresario amigo Lázaro Báez y su red de testaferros, en las narices mismas de todos los organismos de control convenientemente copados por fuerza amiga que miró para otro lado.

Cualquier contribuyente argentino sabe que recibirá una requerimiento o intimación de pago o un banco informará un Reporte de Operación Sospechosa (R.O.S.) frente a una operatoria bancaria inusualmente onerosa o un movimiento inmobiliario respaldado en fondos dudosos. La AFIP, la UIF (Unidad de Información Financiera dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación creada en la Presidencia de De la Rúa en el año 2000 por Ley 25.246, sancionada para prevenir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo) e inclusive la misma ATER provincial son las autoridades de aplicación para investigar, determinar, fiscalizar y requerir explicaciones que justifiquen movimientos patrimoniales de sospechosa legalidad.

Ninguno de estos organismos detectó ni denunció semejante maniobra de lavado. La investigación habla de 55 millones de euros girados al exterior en forma ilícita en escasos 3 meses. Es decir, poco más de 376 millones de pesos embolsados en simples mochilas y bolsos que despistarían a cualquiera: una suma considerable para construir alguna defensa para inundaciones para prevenir tragedias (o 50 vidas ahogadas), mejorar el transporte ferroviario de algunos ramales urbanos y evitar alguna que otra muerte absurda (o 51, como en Once) o el equivalente al pago de la Asignación Universal por Hijo de 1.106.470 beneficiarios en un mes.

¿Parece mucho, no? Sin embargo, en un país acostumbrado a la megalomanía, que vive mirándose el ombligo y que cree que Dios –como el Papa o Máxima Zorreguieta- es argentino, la corrupción puesta al desnudo de la máxima autoridad del país como lo es un Presidente aún revuelve las tripas, despierta el rechazo colectivo y decepciona al seguidor más leal del credo oficial, aunque jamás lo reconozca. Los Kirchner eran unos auténticos desconocidos y habían asumido en 2003 con las banderas de “lo nuevo”, la reafirmación de la autoridad presidencial, una mística colectiva de la mano de los derechos humanos y también la transparencia en el manejo del Estado. La “calidad institucional” fue en boca de Cristina Kirchner una promesa de su segundo mandato, allá por 2011. Una promesa archivada más rápidamente que las aguas que inundaron La Plata.

Entre Ríos parece –en ese sentido- una isla, ajena a las denuncias de corrupción, sin ninguna investigación periodística que dirija su interés hacia un tema tan grave y sensible –máxime en tiempos de inflación y escasez como éstos-, con una oposición más preocupada por otros asuntos y sin fácil acceso a los medios, y una sociedad que parece anestesiada y ocupada en resolver sus problemas cotidianos ¿Es así?

Para usar eslóganes tales como “libre de humo” o “libre de prostíbulos” ¿es Entre Ríos una tierra libre de corrupción?

La copiosa obra pública en Entre Ríos que acumula miles de millones de pesos con solo leer la profusa cartelería que la anuncia –difundida hasta el hartazgo por el Gobierno con su “Todos los días una obra mas” y con una publicidad oficial que inunda cada evento, festival, encuentro o fiesta popular- no ha merecido reproches desde ningún estamento social o de control. Se sabe que la obra pública con su festival de maniobras, sobreprecios, contrataciones directas, licitaciones arregladas y las posiciones dominantes del mercado que ejercen los contratistas “de siempre” son la vía propicia que facilita la corrupción de los negocios en los millonarios contratos de la obra pública.
¿Nadie tiene nada para decir, investigar, controlar o cuestionar?

El manejo de los frondosos recursos destinados a la publicidad oficial ¿están distribuidos equitativamente mediante criterios objetivos de reparto –rating, audiencia, calidad informativa, independencia periodística- o se hallan direccionados conforme a pautas de disciplina, censura de información, prohibición de ciertos personajes o sujetos al llamado del “observador” de medios que todo lo controla?

Las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos –comenzando por la del propio gobernador Urribarri- que son de carácter secreto por Ley 3.886 del año 1953 pueden ser abiertas por pedido de un juez o de cualquier legislador. Bueno, parece claro que a nadie le interesa demasiado meter sus narices ahí o indagar patrimonios particulares para “democratizar” el modelo de acumulación.

La denuncia de funcionarios públicos por la típica figura del “enriquecimiento ilícito” –tradicional forma de robar- ha quedado acotada en la persona del presidente de la Cámara de Diputados, José Allende, que soporta por estos tiempos una investigación judicial que podría terminar en su imputación. Una persecución penal parecida sufre el ex senador Raúl Taleb y el también ex senador Abelardo Pacayut, aunque este último por otros delitos contra la Administración Pública.

El recuerdo de la condena del ex senador Mario Yedro por el mismo delito vuelve a rodar, al igual que la emblemática investigación contra el hombre fuerte del menemismo Augusto Alasino, que finalizó en un sobreseimiento dictado por el entonces Juez Federal subrogante y actual Ministro de Educación de la gestión urribarrista Eduardo Lauritto.

A su turno las redes sociales exhiben una muy fuerte denuncia contra el mismísimo gobernador Sergio Urribarri también por enriquecimiento ilícito por su desmedido crecimiento patrimonial entre los años 1991 y 2011 con veinte años en la función pública y sin actividad privada conocida. La denuncia parte de una ignota ONG “Giovanni Falcone” –en honor al juez italiano que enfrentó la mafia y terminó asesinado por sicarios en el año 1992- que se presenta como una asociación civil “en formación” y que le solicita al Fiscal General una serie de medidas de prueba para corroborar los dichos de su denuncia. Sin embargo no hay más que eso: no existe requerimiento a ningún fiscal provincial para que investigue los graves hechos que allí se mencionan ni causa judicial alguna en trámite, con lo cual la denuncia queda reducida a una anécdota o un mero panfleto.

Mientras tanto, los organismos de control de la gestión pública –que desde la reforma constitucional de 2008 debieran ser “autónomos”- no exhiben mayor intensidad en el ejercicio del control interno y/o externo. Por caso, el Tribunal de Cuentas, cuyo número fue ampliado de 3 a 5 con la incorporación de un vocal por la minoría parlamentaria opositora, aun funciona como en los viejos tiempos, sin la nueva ley que reglamenta las modificaciones constitucionales.

El Defensor del Pueblo no obtiene sanción parlamentaria por disputas de poder internas del justicialismo gobernante y con una orden política de “planchar” el tema.

El Fiscal de Estado es –en los hechos- el abogado asesor del Gobierno más que el órgano que controla la legalidad de los actos del Gobernador. El organismo público de lucha contra la corrupción se reduce a la existencia de una “Oficina Anticorrupción” dependiente de la Fiscalía de Estado –sin recursos propios ni ningún rasgo de autonomía-, a cargo de un “Responsable” y a tiro del cepo del mismísimo Gobernador. Eso sí: tiene un sitio digital conde el ciudadano puede participar activamente con su opinión en una encuesta, acceder a información pública previa consulta con asesores que le brindarán “orientación jurídica básica” e inclusive puede hacer “denuncias por corrupción” via mail. Es decir, usted escribe la denuncia y espera sentado a que el gobierno se autoinvestigue rápidamente ¿se entiende?

Jueces y Fiscales se hallan a la espera de la “reforma democratizadora” del Poder Judicial a la que Urribarri ha prometido profundizar en Entre Ríos, en otro acto de exceso de lealtad a la futura fórmula presidencial del kirchnerismo, o lo que quede de él.

¿Miedo, omisión judicial, desinterés y apatía ciudadana o verdaderamente somos una provincia libre de corruptos ?

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