Nuevamente nos encontramos con otra víctima y el “#NiUnaMenos” parece haber quedado en el olvido. Hace años que hablamos de violencia de géneron y la denunciamos. Los feminicidios revelan la indefensión y desamparo de las mujeres. Pese a las denuncias y al pedido de ayuda de las víctimas, se produce inexorable el desenlace final: la muerte de la mujer.

La violencia contra las mujeres constituye una violación aberrante de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales que limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. La violencia sexista es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que se refleja tanto en la sociedad, las familias, como en ámbitos laborales.

El accionar del gobierno anterior y del actual deja mucho que desear; las políticas públicas de género no son transparentes ni hacen nada por revertir la realidad que día a día vivimos en nuestro país.

Las políticas públicas destinadas a acabar con la desigualdad y la discriminación de la mujer, según lo dispuesto en la Constitución Nacional y Tratados y Convenciones Internacionales, se ven vacías de contenido. Resulta urgente el diseño de políticas públicas con la participación efectiva de mujeres. El asistencialismo no alcanza; hay que pasar al “modelo de empoderamiento” basado en tres ejes: perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

El Partido Socialista de Paraná vuelve a reclamar:

- La implementación con todos los recursos necesarios del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia hacia las mujeres, tal como lo establece la Ley 26.485,

- La garantía de acceso a la justicia de las víctimas a través del patrocinio jurídico gratuito, de la unificación de las causas del fuero civil y penal y de la capacitación del personal que recibe las denuncia en comisarías y fiscalías,

- La implementación del Registro Oficial Único de Víctimas de la violencia contra las mujeres,

- La profundización de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos,

- La protección de las víctimas de violencia a través del monitoreo electrónico de los victimarios y la efectiva implementación de las restricciones de acercamiento impuestas judicialmente.

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