Tuvieron que pasar casi 60 años para que un amplio –pero invisibilizado– sector de nuestra sociedad pudiera acceder a derechos fundamentales como lo son aquellos vinculados al trabajo. Hemos dado un importantísimo paso en la lucha contra todas las formas de explotación laboral. Hemos ganado una batalla cultural que marca el retroceso del pensamiento feudal en la Argentina.

En nuestro país, existen aproximadamente un millón de personas que se dedican a esta ocupación que se encuentra feminizada en extremo. Casi la totalidad de este universo (95%) está constituido por mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Estas trabajadoras han venido desempeñando su labor en condiciones de considerable informalidad y ausencia de beneficios propios de la relación de dependencia. A título ejemplificativo, podemos mencionar las localidades de Paraná y Concordia, cuyos niveles de informalidad alcanzan el 80 y el 90% respectivamente.

Numerosas razones y factores han favorecido esta situación crítica. Una de ellas radica en el hecho de que se trata de una actividad que se desenvuelve en un ámbito de difícil acceso al control directo por parte del Estado.

Sin embargo, es la raíz cultural de esta temática la causa que ha mantenido a estas mujeres en estado de vulnerabilidad y postergación. En efecto, existe en muchos sectores sociales una resistencia de corte clasista y de género que ha impedido el reconocimiento de estos derechos y ha naturalizado esa situación. Es sabido que tanto el trabajo como la familia son espacios fundadores de conductas y hábitos que tendemos a juzgar como normales o usuales.

A esto se le suma que se trata de una actividad que no genera riqueza directa sino indirecta, ya que permite que otra persona disponga del tiempo necesario para ejercer una tarea productiva y rentable.

Entonces, esta nueva ley viene a reparar una deuda histórica y social de la democracia, erigiendo a las trabajadoras como sujeto de derechos y aboliendo preceptos cuasi esclavistas que regían el desenvolvimiento de esta labor. El Derecho Laboral es en sí mismo protector de la parte más débil, y este Régimen se ocupa de romper esa desigualdad garantizando que estas mujeres tengan lo que les corresponde: jornada laboral de ocho horas; descanso semanal; pago de horas extra, vacaciones remuneradas; licencias por enfermedad, accidente, maternidad, paternidad, matrimonio, examen de estudios e indemnización por despido. Establece un piso legal que reemplaza lo que hasta aquí se encontraba a criterio y voluntad del patrón.

Si bien desde hace varios años a través de un trámite en AFIP se podía regularizar el servicio doméstico en materia de cargas sociales, ésta era una relación civil, no laboral, de tal modo que no existía la figura del empleador sino del dador de trabajo.

A partir de ahora las trabajadoras se encuentran amparadas para solicitar su debido registro. A este respecto, la gestión de este trámite (desde el sitio web de AFIP) permanece sin modificaciones, siendo un sistema simple, conveniente y sumamente accesible para los empleadores.

Ahora bien, un cambio cultural e institucional de esta magnitud abre un horizonte inmenso de trabajo en términos de gestión que desde luego, nos entusiasma y nos predispone a redoblar los esfuerzos en la materia. Los avances en la legislación, en estos casos, marcan el rumbo de las transformaciones sociales, de manera tal que su efectivo cumplimiento dependerá también de su articulación con prácticas y actores de la comunidad.

En otras palabras, tenemos el desafío de difundir y velar por el cabal cumplimiento de los derechos adquiridos recientemente. Apropiarse de éstos supone una tarea informativa que permita el pleno conocimiento y el acceso a los mismos. A su vez, nos interpela en el deber de derribar miedos, presiones y mitos que suelen circular al respecto y que erróneamente ponen en duda la percepción de otros beneficios brindados por el Estado.

En este sentido, el trabajo mancomunado del Estado con las instituciones sindicales resulta clave para hacer efectiva la nueva ley. El servicio doméstico conlleva cierto aislamiento de la trabajadora dificultando la organización y acción colectiva. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a apoyar y acompañar a la institución que logre la mayor afiliación para que pueda convertirse en un sindicato formalmente constituido.

En Entre Ríos y por decisión del gobernador Sergio Urribarri, venimos trabajando fuertemente para reparar la desprotección laboral en la que se encontraba el personal de casas particulares, que paradójicamente, en muchos casos, es quien se ocupa del cuidado de nuestros hijos. Fue así que elaboramos el Programa Reconocer que brinda herramientas relativas a la concientización, el asesoramiento integral al trabajador, la información y la capacitación, a fin de mejorar las condiciones laborales, jerarquizando y profesionalizando una tarea cuyo paradigma laboral indica precariedad, ilegalidad y, en muchos casos, explotación.

No obstante, entendemos que esta nueva etapa exige pensar e implementar mecanismos de funcionamiento del Estado que favorezcan el cumplimiento de la nueva normativa. Es por ello que en el marco de la reforma del Código Procesal Laboral, estamos desarrollando una propuesta que consiste en la creación de un Tribunal de Servicio Doméstico que se ocupe de resolver conflictos entre trabajadores/as y empleadores. Se trataría de una instancia administrativa donde sean convocadas ambas partes por el Ministerio de Trabajo, con el objeto de mediar y dictar una resolución efectiva, que evite tener que recurrir a la Justicia, lo cual implica un proceso más complejo en términos legales y temporales.

Este Nuevo Régimen de Contrato de Trabajo viene a elevar la dignidad de los trabajadores y a profundizar la inclusión y la justicia social en nuestro país. Desde hace 10 años hemos avanzado en la consagración de derechos para todos los argentinos. En el ámbito laboral, se ha mejorado notablemente la situación de los trabajadores a través de las convenciones colectivas, el establecimiento del salario mínimo vital y móvil, la recuperación de los fondos jubilatorios (que dio lugar a la Asignación Universal por Hijo y a programas de empleo), la creación de 5 millones de puestos de trabajo, y ahora esta ampliación de derechos del personal del servicio doméstico.

La decisión de nuestro gobernador de crear el Ministerio de Trabajo ha sido un claro signo de comprensión del proceso transformador que estamos viviendo en Argentina, así como de su compromiso en la conducción del proyecto nacional, popular y democrático en nuestra provincia.

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