Para las distintas fracciones de la clase dominante, la caída de José López debería arrastrar al kirchnerismo, cuya defunción se proclama ahora con el mismo entusiasmo que luego de la rebelión de la Sociedad Rural en 2008 y de las derrotas electorales en la provincia de Buenos Aires en 2009 y 2013. Esa posibilidad no puede descartarse, pero el modo jubiloso en que se anuncia está determinado por el inocultable deseo de los emisores. La Alianza Cambiemos y el Frente Renovador estarían entre los principales beneficiarios de esa eventualidad. Pero la definición depende de otros factores que ninguno de ellos controla, como el Partido Justicialista y el vasto universo de organizaciones políticas, sindicales y de los barrios, que adhirieron al gobierno concluido en diciembre de 2015. A ellas se suma quienes se acercaron ante la convocatoria que Cristina lanzó en abril de este año para constituir un Frente Ciudadano del descontento con los efectos devastadores de las políticas oficiales, que incluye a las pequeñas empresas asfixiadas por las nuevas tarifas de servicios, las madres que vuelven a enviar a sus hijos a comedores populares como en la crisis de fin de siglo, o los estudiantes que han dejado de asistir a clase en las nuevas universidades del conurbano porque el precio del boleto desfonda el presupuesto familiar.

La avidez sucesoria

En cualquier caso, es inocultable que la estrepitosa irrupción de José López en la escena nacional aceleró la avidez sucesoria en la conducción justicialista, que Cristina no intenta ejercer. Un primer síntoma fue la cómoda mayoría que el gobierno consiguió en la Cámara de Diputados para sancionar la autoamnistía tributaria y el 85 y el 83 por ciento de los votos en el Senado con que pudo aprobar los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para sentarse junto a Ricardo Lorenzetti en la Corte Suprema de Justicia, bien por encima de los 2/3 exigidos por la Constitución. La conducción provisoria que encabeza José Luis Gioja desearía dejar muy rápido y muy atrás el caso López, pero no le será fácil, porque el ex Secretario adjudicó obras en todo el país y nadie puede estar seguro de no encontrar en el diario de mañana una foto con el apestado y una revisión del convenio que ambos suscribieron. Pero además, la debilidad relativa de Cristina dentro de la estructura partidaria, donde los rencores no amainan, no es lo mismo que el surgimiento de un nuevo liderazgo tras el que encolumnarse. En ese contexto, tanto el kirchnerismo como los sectores más tradicionales del justicialismo intentan cubrirse con la sotana blanca del Papa Francisco, quien muy complacido aprovecha para avanzar la agenda retrógrada de su organización confesional, mechada con un retórico reclamo de políticas sociales. Entre imagen e imagen de López y sus fajos termosellados apenas hubo espacio para la difusión de la más curiosa secretaría creada por el Partido Justicialista: la de Culto y Doctrina Social de la Iglesia Católica. La anunció Gioja en presencia del sacerdote José María Di Paola y de los intendentes de La Matanza, Verónica Magario; de Merlo, Gustavo Menéndez; de San Antonio de Areco, Francisco Durañona y de Cañuelas, Marisa Fassi. Se distribuyeron volantes con la foto de Bergoglio y copias del denominado Pacto de San Antonio de Padua, que firmaron en enero casi todos los intendentes del FpV/PJ. Después la dirigencia justicialista encabezada por Gioja visitó a la conducción católica que encabeza el obispo José María Toté Arancedo, miembro de una familia de poderosos ganaderos y consignatarios de hacienda. El Pacto propone oponerse al aborto y a las nuevas formas de matrimonio y luchar contra el narcotráfico. También incluye una serie de simpáticos enunciados como combatir la pobreza, el hambre y la desnutrición, el trabajo y el abuso infantil; prevenir la drogodependencia y reinsertar a sus víctimas; erradicar la violencia de género e intrafamiliar, la trata de personas y todas las formas modernas de esclavitud; alentar el uso de energías renovables y el acceso universal a la salud, a la educación de calidad y al agua potable y convocar a la comunidad a cuidar el planeta, en el marco de la encíclica Laudato si. Una muestra de cómo concibe la institución eclesiástica la lucha contra la violencia de género fue la prohibición de que mujeres periodistas cubrieran las actividades del Congreso Eucarístico Nacional de las que participara el delegado de Bergoglio, Giovanni Battista Re. Igual que el gobierno, la Iglesia Católica también avanza con su posición de máxima y sólo retrocede allí donde encuentra resistencia, en este caso por parte del periodismo de Tucumán, que amenazó con boicotear el encuentro si se mantenía la violenta exclusión de género. Sobre esta base, la Iglesia Católica propone ahora un Pacto del Bicentenario y supone que esta vez no fracasará, como en 2010 cuando la CGT, la Federación Agraria y la CTA se negaron a suscribir el documento preparado por el ministro político del Episcopado, Jorge Casaretto, y su asesor laico, el empresario sojero Eduardo Serantes, acordado con la Sociedad Rural, Techint y el Grupo Clarín. Uno de los interlocutores habituales del Papa, Emilio Pérsico, llegó a comparar a CFK, en discusiones dentro del Movimiento Evita que dirige, con los militantes que en la década de 1970 fueron secuestrados en la ESMA. “Cuando salían los eludíamos, porque eran rehenes del enemigo”, dijo. Es un planteo tan injusto con Cristina como con aquellas víctimas de la dictadura, sin cuyo valiente testimonio no hubiera sido posible el esclarecimiento y el castigo de aquellos crímenes.

Aire de familia

La contaminación con la doctrina social de la Iglesia tiene tantos años como el peronismo. Su fundador se inspiró en forma explícita en las encíclicas papales que la fundamentaron, De Rerum Novarum, de 1891, y Quadragesimo Anno, de 1931, y en las formas organizativas de la Acción Católica establecidas por Pío XI, uno de los papas más reaccionarios de la historia, con la división en ramas por edades, sexo y actividad profesional. Ese aire de familia explica la virulencia del enfrentamiento de mediados del siglo pasado entre dos concepciones integrales o totalizadoras, cuando las tres personas de la Santísima Trinidad se opusieron a las dos de la pareja presidencial. Cuando termine de escribirse la historia del golpe de 1955 tal vez se entienda mejor que se trató de un movimiento eclesiástico que instrumentó a pequeños sectores de las Fuerzas Armadas, en su totalidad retirados del servicio activo, para sus propios fines y los de la alta burguesía. Luego del rol decisivo del Episcopado Católico en la dictadura cívico-militar de 1976, a la que brindó sustento dogmático para sus crímenes e incluso aprobación de sus métodos clandestinos, ese influjo sobre la política comenzó un gradual retroceso, mientras se afianzaba la secularización de la sociedad. Hubo algunas recaídas, por ejemplo el pago durante la presidencia de Carlos Menem de sobresueldos a determinados obispos, entre ellos Rubén Di Monte, el amigo que dejó en manos de José López una llave del monasterio en el que vivió hasta su muerte, hace dos meses. Pero desde la elección de Bergoglio como Papa en marzo de 2013, la regresión fue profunda. Todas las fuerzas políticas, con excepciones apenas marginales como la de la izquierda marxista, recurrieron a él sin advertir que se trata de un movimiento de legitimación recíproca (cuyo mejor ejemplo previo había ocurrido durante el Congreso Eucarístico Internacional de 1934) o sin preocuparse por ello. Un ladronzuelo buscando asilo para su rapiña en un convento es la caricatura extrema de esa miscelánea político-eclesial. El obispo de Roma advirtió de inmediato el peligro y envió a su operador laico Sergio Rubin a descargar las culpas sobre Di Monte, señalando que estaba enfrentado con Bergoglio, y a su operador eclesiástico, Agustín Radrizzani a informar que el monasterio no dependía del obispado sino de una asociación privada. Este razonamiento, tan especioso como el que usó el gobierno anterior para legitimar la propiedad de un canal de televisión por parte de la empresa de servicios públicos Telefónica, aduciendo que era Telefónica de España y no de Argentina, también queda sepultado por el rigor de las imágenes. Sin duda que hay líneas internas entre los obispos católicos, como en cualquier cuerpo colegiado, pero no fue Di Monte, sino Radrizzani quien el 25 de mayo de 2010 entregó al Poder Ejecutivo con la venia de Bergoglio una solicitud de indulto firmada por un centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos por su participación en crímenes de lesa humanidad, entre ellos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, el comisario Miguel Etchecolatz, el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, varios miembros del grupo de tareas de la ESMA y los procesados por la masacre de Margarita Belén.

¡Qué ocurrencia!

En los últimos meses se agudizó una inesperada inversión de roles: las perspectivas populares y progresistas se fueron tiñendo de un matiz nacional-católico, mientras el neoliberalismo gobernante pasó a identificarse con las posiciones laicas que reivindican la primacía de lo político. Es opinable la profundidad de estos desplazamientos, dado que no obedecen a meditadas disquisiciones ideológicas sino a disputas de poder. El cardenal Bergoglio fue el verdadero jefe de la oposición a Kirchner, del mismo modo que ahora el Papa Francisco encabeza el cuestionamiento a Macrì. Aquí se publicaron varias veces los vaticinios que Bergoglio formulaba en privado sobre la sangre con la que terminaría el gobierno kirchnerista. Este año le dijo lo mismo, pero ahora sobre Macrì, al ex senador Eduardo Duhalde, quien se apresuró a contarlo. Como en tiempos de Gregorio VII hace casi un milenio, o más cerca de ahora según el modelo desarrollado por Pio XI en la encíclica Quas primas, Bergoglio sueña con la sumisión del sistema político a “la realeza social de Cristo”, que por ausencia la delega en su vicario terrenal.

Esa inversión de roles fue manifiesta desde la breve audiencia a cara de perro que Francisco le concedió a Maurizio y se profundizó con la comedia de enredos de la donación satánica. El Papa creó Scholas Ocurrentes como una organización internacional de derecho pontificio en 2013 para ocuparse de tareas que competen al Estado, como promover la integración social y cultural por la paz en los 190 países de menores recursos en los que está presente, a través de 430 mil escuelas y colegios, públicos y privados, de todas las confesiones religiosas. Cuando el Papa rechazó la donación de 16.666.000 de pesos, dispuesta por decreto presidencial, y los calificados voceros de Bergoglio dijeron que el gobierno se equivocaba al tratarlo como un puntero de Berazategui, el jefe de gabinete Marcos Peña Braun hizo saber que se había tratado de un pedido de la organización y que la cifra fue fijada por los dos enviados de Bergoglio, José María del Corral y Enrique Palmeyro. Cuando Bergoglio divulgó una carta en la que advierte a Palmeyro y Corral que pueden resbalar por la pendiente de la corrupción, el propio Macrì reveló en una “charla privada” que Eduardo Paladini publicó en Clarín, que en aquella audiencia de los 22 minutos fue el propio Papa quien “me pidió ayuda para Scholas”. Maestros en sofismas y debates sobre el sexo de los ángeles, los voceros vaticanos explican ahora que Macrì entendió mal, que no era plata lo que quería ese hombre que siempre pide que recen por él. Esta vez el primer jesuita que se sienta en la silla apostólica fue demasiado lejos con sus juegos de poder y dejó en evidencia la perversión del mecanismo empleado.

El enredo es consecuencia inevitable de la intromisión eclesiástica en campos que no son de su competencia y de la condescendencia oficial ante ese rol usurpador. No merecería mayor atención si no fuera por los realineamientos que provoca: maldiciones en voz baja en el gobierno, que envió a su máxima diplomática a embotar el filo de la espada pontificia, y exclamaciones satisfechas en las distintas vertientes peronistas. Susana Malcorra se volvió con una de esas sonrisas fotográficas que Francisco sólo prodiga a los elegidos y hasta el kirchnerismo celebró el desplante a Macrì, acaso sin advertir que la Casa Santa Marta y su huésped cumplen las funciones que alguna vez desempeñaron Puerta de Hierro y su propietario, santificando la idea de que CFK ya no es la baraja fuerte del naipe. Ante ese histeriqueo del que pide y cuando le dan rechaza, el gobierno respondió en forma sobria y decorosa, aunque no es seguro que haya aprendido la lección y de ahora en adelante cuide mejor la separación de reinos.
Fuente: Página/12

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