Es de público conocimiento el reprobable episodio protagonizado por el diputado Rubén Almará y una joven entrerriana de 15 años, llamada Antonella, quien llamó a su programa para consultar con una “tarotista”. Paradójicamente, la adolescente se contactó con la radio en busca de contención y sin embargo lo que obtuvo fue un inaceptable ataque hacia sus derechos humanos.

Difícilmente la ciudadanía paranaense diga que lo sucedido la ha tomado por sorpresa, y mucho menos la dirigencia del oficialismo local y provincial. En febrero de 2008, el diputado Almará, que por entonces presidía el Consejo Departamental del Partido Justicialista de Paraná, protagonizó otro hecho de gran repercusión cuando desde el programa de radio que tenía en la emisora LT14 mancilló públicamente el nombre de Estela Carlotto, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, quien había llegado a la capital provincial para presentarse como querellante en la causa por robo de bebes nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus padres en la dictadura.

Aquellas inaceptables declaraciones nos motivaron a presentar una iniciativa en el Congreso de la Nación, denunciando el atropello a quien –entre otros méritos-- fue propuesta como candidata al premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de los derechos humanos. El proyecto repudiando los dichos de Almará fue tratado en la sesión ordinaria del 21 de mayo de 2008 y fue aprobado por unanimidad. Fue la primera y única vez hasta el momento que un comunicador entrerriano mereció el repudio de toda la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sin banderías ni fronteras partidarias.

Tal fue el impacto del hecho que además Almará fue removido del espacio que ocupaba en la emisora pública LT 14 y de su cargo partidario por las autoridades provinciales del Partido Justicialista, en ese momento encabezada por el entonces presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Jorge Busti.

No obstante, pocos años después, este comunicador fue incomprensiblemente premiado con el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales en la lista del peronismo entrerriano liderada por Busti y casi dos años después, sin que se exprese una sola voz en contrario en las filas del Frente para la Victoria, el oficialismo entrerriano lo recibió en el seno de su megabloque, con los brazos abiertos, pese a la evidente contradicción con el relato oficial y la prédica de un gobierno que dice valorar los derechos humanos.

En diciembre de 2013 Almará volvió a ser noticia nacional al proponer censurar las redes sociales en determinadas circunstancias de conflictividad generalizada, en un contexto en el que el país atravesaba huelgas policiales en varios puntos de su geografía, entre ellos nuestra ciudad de Concordia, donde tuvimos que lamentar la irreparable pérdida de tres comprovincianos. Su propuesta causó, nuevamente, un rechazo generalizado, pero el aspecto más preocupante de ese nuevo episodio está asociado al hecho de que su idea tuvo el respaldo inicial del gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, quien “estaba contento y orgulloso” por el proyecto y que lo “tomó como propio”, según afirmó el mismo Almará sin ser desmentido. Por el contrario, el ministro de Comunicación y Cultura de la provincia, Pedro Báez, lo respaldó públicamente.

Se trata de una conducta recurrente: periódicamente Almará vuelve a cobrar impacto en los medios nacionales con alguna acción reñida con los derechos humanos. En cada uno de esos episodios, y más allá de algunas críticas por lo bajo, el partido de gobierno ha mantenido un silencio que solo se explica desde la complicidad. Resulta llamativo en tanto que es el mismo oficialismo que cuando un integrante de la oposición o del escaso periodismo independiente realiza una observación crítica, no ahorra palabras hirientes, injustas, desmedidas y a veces agraviantes a quien la haya emitido. Si bien el ministro de Gobierno, Adán Bahl, sostuvo en declaraciones a la prensa que “este es un hecho absolutamente lamentable y repudiable, donde tendrán que actuar los organismos pertinentes”, la declaración quedó solo en eso, una mera expresión que no ha encontrado, hasta el momento, su concreción en los hechos.

En nuestra opinión, Almará es apenas un síntoma y lo ocurrido, no es una excepción o una anomalía, sino parte constitutiva y representativa de una manera de gestionar el poder. En este esquema las formas no son importantes, la institucionalidad es relativizada, los controles que establece la Constitución son vistos como “obstáculos”, la mirada crítica es estigmatizada como “palos en la rueda”, y la confusión entre partido político, Estado y gobierno es moneda corriente.

En 2006 se publicó el libro “El interior”, del periodista Martin Caparrós. Allí, otro símbolo del peronismo entrerriano, Oscar Mori, cuenta cómo el PJ de la provincia, con fondos públicos –según el propio Mori robados– acordó la creación de la radio desde la cual Almará llegó a dominar gran parte de la audiencia capitalina y fue catapultado a la banca provincial.

No es sólo Almará el responsable del lugar que ocupa, está en donde está gracias a las máximas referencias justicialistas entrerrianas. Y dado que hoy nuevamente se torna indefendible –como una suerte de Frankenstein vuelto incontrolable–, veremos qué es lo que hace el oficialismo a través de los respectivos Presidentes de la HCD y del bloque del Frente Entrerriano para la Victoria.

Lo que nos interesa aquí es poner el énfasis en la concepción de poder que posibilita que una persona de estas características llegue a ser parte de la elite que gobierna Entre Ríos y del órgano que debate las leyes de la provincia, de la mano de sus principales dirigentes, Jorge Busti primero y Sergio Urribarri después.

A la vez, es oportuno preguntarnos como ciudadanos que somos, ¿Que nos sucede que entronizamos en audiencia radial y ungimos como nuestros representantes a personas como esta?

El saber popular reza : “La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”, Sor Juana Inés de la Cruz lo dijo de un modo más poético: “¿O cuál es más de culpar, / aunque cualquiera mal haga: / la que peca por la paga / o el que paga por pecar?” El problema, en otras palabras, no es Almará y Antonella. Sino que es Busti y Urribarri. Almará es apenas el brazo ejecutor de estas formas de hacer política y de administrar lo público que lleva adelante el PJ, desde hace años; Antonella es la victima de una sociedad que no puede resolver sus cuestiones más elementales en una democracia de baja intensidad. Busti y Urribarri son dos caras de una misma moneda, el partido Justicialista en el ejercicio del poder.

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