Para el imaginario popular (y los abogados denunciantes) Sergio Urribarri es un hombre millonario. Si se preguntara a cualquier entrerriano sobre la fortuna que posee el ex gobernador nadie dudaría en responder que se trata de un político con un patrimonio importantísimo.- Claro que ser rico no es pecado ni un crimen, pero enriquecerse ilícitamente siendo un funcionario público constituye un delito castigado con prisión de 2 a 6 años, multa del 50% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. ¿La Justicia entrerriana pensará lo mismo? ¿Los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo gozarán de independencia, recursos y ausencia de instrucciones de la Procuración General para investigar con tranquilidad sobre los hechos denunciados por los abogados Pagliotto y Mulet?

Vivimos en un país donde la riqueza tiene mala prensa. En la Argentina es mayoritaria la convicción de que nadie se enriquece rápidamente trabajando. Al revés de lo que sucede en países desarrollados como EE.UU o Australia donde ser rico es sinónimo de triunfo y sano éxito, al haberse ganado el podio gracias a una carrera de esfuerzo, talento y emprendimiento, en nuestro país la riqueza ajena es mirada con desconfianza.- En esas sociedades las empresas y los empresarios son vistos como agregadores de valor. El dinero no es pecado, y la gente con dinero no es odiada, mal envidiada ni debe andar escondida. Se entiende que la riqueza se genera con trabajo y con emprendimiento, y generándola no se está robando nada a nadie ni privando a nadie de nada. Y se entiende que la riqueza generada por alguien para si mismo tiene un impacto positivo sobre los que están alrededor.- No es, por cierto, la opinión de los argentinos no solo sobre los empresarios sino, menos aún, sobre sus dirigentes en general.

Menos aun tratándose de políticos. Desde el quiebre de 2001 y la ruptura de la sociedad argentina con su dirigencia política cualquier manifestación conspicua de riqueza de un legislador, intendente, gobernador o presidente es vista con desagrado, bronca o sospecha, a menos que su riqueza haya sido de origen, previa al cargo o públicamente bien habida.- Sin embargo, esta misma sociedad que frunce la nariz es la misma que toleró con mansedumbre y premió con su voto la corrupción de varios gobiernos en la medida que el placebo del consumo adormeció su conciencia cívica.- La prueba está en los escandalosos 12 años de gestión kirchnerista en cuyo lapso se depredaron recursos fiscales que fueron a parar a bolsillos privados de pocos bajo la pátina de un relato bien aderezado con una cruzada mesiánica con ribetes místicos, una tardía reacción revolucionaria y la búsqueda incesante de un enemigo a quien combatir en nombre del “pueblo”.- Todo muy argento.- Hoy comienzan a salir crudamente a la luz los casos más insólitos de latrocinios públicos, desde brutales corruptelas hasta lisos y llanos robos y raterismo de baja estofa.-

¿Que hará nuestra Justicia con la denuncia penal del ex gobernador? La pregunta viene al caso porque no existe antecedente en Entre Ríos de una causa judicial contra un ex gobernador por el delito de enriquecimiento ilícito.- Los más resonantes han sido la condena del ex senador concordiense Mario Alberto Yedro (con confiscación de bienes incluida), la denuncia contra el actual diputado por Nogoyá José Allende y la del ex senador diamantino Raúl Taleb, iniciada en 2.003 y que aún espera fecha para el juicio oral y público. Y en la Justicia Federal el caso del ex senador Augusto Alasino, que después de una extensa exposición mediática que lo tuvo como el “chivo expiatorio” de la corrupción menemista culminó con un sobreseimiento dictado por el entonces Juez Subrogante y actual intendente uruguayense José Lauritto.

Lo que resulta incontrastable es que nadie puede legítimamente convertirse en millonario durante su paso y por causa del ejercicio de la función pública.- Los haberes que percibe un funcionario público pueden ser –y, de hecho en muchos casos lo son- altos y acordes con la función e investidura que vienen a llenar, lo que puede permitir un modo holgado de vida, una sustancial mejora del consumo, alguna inversión inmobiliaria modesta y un ahorro importante si no debe mantener una familia numerosa ni es una persona dispendiosa en sus gastos personales.- Pero no mucho más.- Siempre habrá un altísimo grado de sospecha sobre la licitud en la acumulación de un patrimonio fastuoso durante una carrera continua e ininterrumpida de servicios en el Estado.

El problema radica en que Urribarri no puede siquiera emular a su ex Jefa aduciendo que ha sido un “abogado exitoso” porque no tiene título universitario –bueno, a decir verdad, la ex presidenta tampoco- pero además ni siquiera por ejercer o explotar ninguna actividad económica previa a su ingreso a la política allá por el año 1987 cuando se transformó en intendente de General Campos, en el departamento San Salvador, donde comenzó a dar sus primeros pasos en la gestión estatal.- Desde entonces, el ex gobernador jamás se desprendió de su vocación de servicio pública a la que abrazó como a un tronco en medio de un río tempestuoso.

Luego de la asunción de su segundo mandato al frente de la Gobernación en 2011, las redes sociales viralizaron una muy fuerte denuncia contra Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito por su desmedido crecimiento patrimonial entre los años 1.991 y 2.011 con veinte años en la función pública y sin actividad privada conocida.- La denuncia mediática partía de una ignota ONG “Giovanni Falcone” –en honor al juez italiano que enfrentó la mafia y terminó asesinado por sicarios en el año 1992- que se presentaba a si misma como una asociación civil “en formación” y que le solicitaba al Fiscal General una serie de medidas de prueba para corroborar los dichos de la grave denuncia.- Sin embargo no pasó de allí: jamás existió avocamiento y menos requerimiento a ningún Fiscal provincial para que investigue los graves hechos que allí se mencionaban ni causa judicial en trámite, con lo cual la denuncia quedó reducida a un mero panfleto.

Hay que destacar el coraje de los denunciantes en esta cruzada que pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial entrerriano, hasta ahora poco afecto a investigar, juzgar y castigar al poder, abusando de una modorra propia y amparado por una abulia social y un desinterés ciudadano, tal vez resignado a convivir con una corrupción endémica frente a la que se hartó de denostar pero a la que prefiere mirar de soslayo cuando la fiebre del consumo satisface ese narcisismo tan capitalista y occidental como argentino.

¿Cómo “administrará” esta denuncia la Procuración General de la Provincia en manos del Supremo Jefe de los acusadores públicos Jorge Amílcar García y de los jueces por cuyas manos pasará –si avanza- este ardiente legajo de investigación?

Entre 2007 y 2015, las dos gestiones de Sergio Urribarri le otorgaron a los Jueces lo que no habían conseguido en otros períodos de gobierno.- Desde la equiparación de los sueldos de los vocales del Superior Tribunal de Justicia con los haberes de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pasando por la implementación del nuevo Código Procesal Penal con la creación de infinidad de cargos judiciales, la creación del Fuero Contencioso Administrativo y las Cámaras de Casación Penal hasta la administración del cobro de la tasa por servicios de justicia que desde 2012 ha generado una jugosa caja que se destina a la remodelación de edificios y alquiler de inmuebles, adquisición de mobiliario y otros fines que decidan los togados. Además del nombramiento de fiscales, empleados y funcionarios judiciales bien remunerados y sin estabilidad, a tiro de remoción. Para decirlo en buen romance, la consolidación de la “familia judicial”.

¿Qué tanto pesará esa generosidad presupuestaria del denunciado en la investigación penal en su contra? ¿Hay ánimo de avanzar de los acusadores y su máximo instructor contra quien fue su ejemplar favorecedor? ¿Qué grado de compromiso tiene la gente común y las corporaciones de abogados, funcionarios y magistrados con esta inédita causa?

Sobre el final de la década de los 80 -en abril de 1989- el candidato presidencial Carlos Saúl Menem se presentaba como un caudillo nacionalista, populista y peronista que le prometía a los argentinos una revolución productiva y un salariazo dedicando el final de sus discursos a “los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza”. Todos sabemos cómo terminó esa historia: los niños pobres siguieron y profundizaron su pobreza pero los padres de los niños ricos festejaron con pizza y champán una concentración de la riqueza jamás vista en la democracia postdictadura, vía privatizaciones escandalosas, negociados infames, corrupción estatal generalizada y complicidades del sector privado…..

Casualmente en esa misma época Sergio Daniel Urribarri daba sus primeros pasos como intendente de General Campos, entonces un municipio de 2ª categoría de alrededor de 2000 almas, quien se convertiría dos años más tardes en una de las espadas más leales y confiables de Jorge Busti, a cuya sombra creció en el impiadoso Partido Justicialista, manejado con mano de hierro por el histórico líder del peronismo renovador de entonces.

La tristeza del niño rico Urribarri –si es que existe- debe tener más relación con el paulatino debilitamiento de su influencia en el peronismo entrerriano que en las resultas de la investigación de sus cuentas, bienes y negocios privados relacionados con lo público. Los meses por venir dirán si esta hipótesis es demostrable. En el mientras tanto, cada quien sigue su juego.
Fuente: Página Política

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