El Fiscal Alberto Nisman, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA, anticipó su regreso de un viaje familiar en el exterior, para presentar una denuncia en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, que lleva adelante la causa sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA. En ella, el Fiscal sostiene “la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa [AMIA], para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia Argentina”. Y sostiene que “la decisión deliberada de encubrir a los imputados” fue de la Presidente de la Nación y su Ministro de Relaciones Exteriores, aunque hubo participación activa de terceros, “con distintos grados de participación y responsabilidad que la pesquisa deberá precisar”. Invitado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que preside la diputada del PRO, Patricia Bullrich, manifestó su intención de asistir al Congreso de la Nación el día Lunes 19 del corriente para informar a sus integrantes. El día domingo 18 por la noche, fue hallado muerto en el baño de su departamento, con un disparo en la sien de un arma calibre .22, que se hallaba a su lado. El arma pertenece a un colaborador, contratado desde 2007 por la Fiscalía, llamado Diego Lagomarsino. Esos son los hechos. Es difícil abstraerse de todo lo demás. Mucho pescado podrido. No han pasado 7 días, y naturalmente existen más preguntas que respuestas.

¿Es posible en estos momentos hacer afirmaciones en torno a la muerte del Fiscal Alberto Nisman? Con una investigación en marcha (de la que sólo han trascendido algunos resultados de las pericias por boca de la Fiscal a cargo de la investigación), cualquier afirmación es no sólo arriesgada, sino también irresponsable. En la banquina de la irresponsabilidad han derrapado muchos, tanto oficialistas como opositores.

¿Y un análisis de las posibles implicancias políticas de la trágica desaparición física del Fiscal Nisman? Eso es igualmente difícil, pero por razones diferentes. Nisman estaba bajo custodia permanente desde antes de haber presentado la denuncia. Proteger su integridad física era la razón de ser de esa custodia. En el trágico desenlace, hay una responsabilidad funcional innegable, que está siendo investigada en sede judicial. Pero hay una responsabilidad política, muy diferente de aquella, que también es innegable. Karl Lowenstein sostiene que “Existe responsabilidad política cuando un determinado detentador de un poder tiene que dar cuenta a otro detentador del poder sobre el cumplimiento de la función que le ha sido asignada…” (Teoría de la Constitución, Cap. III - p. 69). Román Di Santo, Jefe de la Policía Federal, es responsable ante el Secretario de Seguridad; Sergio Berni, de quien dependen las 4 fuerzas de seguridad, es responsable ante la Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. La ministra es responsable ante la Presidente de la Nación, y la ella ante el pueblo de la nación que la eligió como Jefa de Estado. Siempre sabemos cuál es la escalera de la responsabilidad política. Lo que es imposible determinar sistemáticamente es cuántos peldaños de la escalera se subirán, y en qué momento. Eso se resuelve “caso por caso”, en una dinámica en la que intervienen muchos factores, que en su mayoría están fuera del alcance del propio Poder Ejecutivo.

Dicho esto, es poco probable que el Poder Ejecutivo salga indemne de este episodio. Hay un daño que ha sufrido, cualesquiera sean las circunstancias en que la muerte del fiscal haya acaecido, cualesquiera sean las pruebas que sostengan o no la voluptuosa denuncia presentada por Nisman (y por consistente o endeble que esta sea). Determinar si la denuncia amerita o no la decisión de darle curso es una tarea que demanda tiempo. El Juez Lijo manifestó que ello empezará a suceder en Febrero. Esclarecer convincentemente las circunstancias de su muerte demanda tiempo y algo más: sencillamente podría no ser factible. No sólo el tiempo juega en contra del Poder Ejecutivo; es poco lo que puede hoy hacer, ya que ambas tareas dependen de otro poder del Estado (un poder del que ha recelado históricamente, y con el que las disputas se han agravado en los últimos años). Es esa combinación la que transforma a cada día que pasa sin que aquellas lleguen a buen puerto, en un recordatorio de lo que el Ejecutivo no pudo realizar con éxito: resguardar la integridad física del fiscal.

¿Cuánto de este daño se traslada electoralmente a los candidatos oficialistas? Difícil precisarlo aún; pero si los avances de la justicia no reducen el efecto Nisman en plazos prudenciales, el principal perjudicado electoralmente será Daniel Scioli. Pero no sólo por ello, la muerte de Nisman se transformará en una cuestión (issue) de la campaña electoral. Y por ello, podría ser el costado luminoso de esa pérdida. Hay una oportunidad para discutir la relación entre Democracia y Servicios de Inteligencia, y para actuar en consecuencia. Como ha señalado Horacio Verbitsky en sus columnas en Página 12, hay un compromiso hecho por el Estado argentino ante la Corte Interamericana de de Derechos Humanos, e incumplido desde 2005 hasta la fecha. Ese compromiso suponía, entre otros aspectos, una reforma de la Ley de Inteligencia 25.520/ 01. Y aquí, ciertamente, todas las fuerzas políticas que competirán por la máxima magistratura tienen el desafío de transmitirles a los argentinos qué es lo que harán al respecto.

O podría profundizar el lado ominoso de este episodio: si con todo el arsenal del que disponen esos sótanos de la democracia, dirimen sus internas en derredor de esta campaña presidencial, sólo habremos visto el inicio de esta película con final abierto. Los que no estén a la altura, los que sucumban a las tentaciones de aprovechamiento cortoplacista, saldrán tan o más dañados por una muerte con el potencial de cambiarlo todo.
Fuente: Página Política

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