¿Es la inflación punitiva la política de estado más adecuada para hacer frente a un verdadero y complejo problema como el de la violencia contra las mujeres?

Este tema, desde una concepción integral, merece un análisis más amplio que el que permite el espacio de esta columna, por lo que pido las disculpas del caso.

Siguiendo a Rafael Barca, vale señalar que entendemos la violencia de género como una violación a los derechos humanos basada en la desigualdad. La violencia contra la mujer se da por la desigualdad entre mujeres y varones.

En cambio, otro tipo de violencia, como la que pueden sufrir los hombres, no está basada en la identidad de género de la víctima. Será otro tipo de violencia, igualmente repudiable y condenable, pero que se basa, generalmente, en otras cuestiones.” (Rafael Barca, ex director ejecutivo de Amnistía Internacional en Argentina http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=12586).

En otras palabras, violencia contra la mujer es el aprovechamiento del mayor poder del hombre sobre una situación de vulnerabilidad propia de la mujer, que reconoce su origen en paradigmas patriarcales que motivan reacciones machistas o misóginas.
La violencia contra las mujeres, de carácter sistemático en sociedades de rasgo patriarcal como la nuestra, ha sido reconocida de diversas formas como un problema que afecta la igualdad y viola los derechos humanos. El compromiso para su erradicación se ha manifestado en tratados internacionales y en distintas leyes, lo que es altamente positivo pero por sí solo insuficiente a la hora de hacer balances sobre las políticas públicas intentadas hasta el momento.

Desde el punto de vista legislativo, Argentina cuenta con una serie de instrumentos que constituyen verdaderos avances en la materia. En 2009 se sancionó la ley 26485 (B.O. 14/04/2009) y su Decreto Reglamentario 1011/2010 (B.O. 20/07/2010), basada en la previamente sancionada Ley Nº 24632 que ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ratificada por ley 24.632, B.O. 9/4/1996) conocida entre nosotros como “Convención de Belem do Pará”.
También destaco como antecedentes la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer – CEDAW -(Naciones Unidas, 1979, ratificada por ley 23.179 (B.O. 03/06/1985; incorporada a la Constitución Nacional por art. 75 inc. 22) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, ratificada por ley 23.849 (22/10/1990); art. 75 inc. 22 CN).
El objetivo central y coincidente de estas normas ha sido proteger y promover los derechos de las mujeres y brindar protección y asistencia a aquellas que son víctimas de violencia y, por tanto, la interpretación de este plexo normativo debe realizarse teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de derechos humanos fundamentales y por tanto irrenunciables, integrales y obligatorios.
El femicidio (o feminicidio), como una problemática en sí misma, ha motivado hoy un contundente reclamo social. Así es que nuestro Congreso Nacional viene trabajando hace tiempo diversos proyectos destinados a sancionar la norma por medio de la cual incorporamos esta figura en nuestro Código Penal.
Las alternativas para ello han sido de las mas variadas, consensuándose en definitiva constituir al femicidio como una agravante autónoma dentro del artículo 80º. Entonces, a la conducta básica de “matar a otro”, prevemos una figura con mayor nivel de injusto y por tanto un mayor grado de reproche por tratarse de actos que son consecuencia del aprovechamiento de la situación de mayor vulnerabilidad social en que las mujeres se encuentran.

En palabras del Tribunal Constitucional Español, “ciertas acciones son más graves, más reprochables socialmente, porque son expresión de una desigualdad y de una situación de abuso de poder, de una situación de discriminación en que se encuentran muchas mujeres”(1).
Se trata de una variante de homicidio que:
1) se dirige a las mujeres por su condición de tales;
2) se produce en determinadas circunstancias; y,
3) se explica por la relación de histórica desigualdad entre varones y mujeres.

Por lo tanto, no todo homicidio de mujeres es un feminicidio pues las mujeres también mueren en circunstancias semejantes a los hombres.
El femicidio no es una situación excepcional en nuestra cultura, sino por lo contrario, las estadísticas –nunca oficiales - alarman: según el Observatorio de Femicidios de la Argentina “Marisel Zembrano” se constataron 237 hechos en el año 2011 en nuestro país.
Históricamente el derecho penal ha contribuido a la subordinación de las mujeres, y aunque en las últimas décadas esto se ha modificado a través de la eliminación de disposiciones expresamente discriminatorias, hasta hoy parte de la doctrina penal tiende a cuestionar la existencia de tipos penales género-específicos sobre la base de la igualdad formal de las normas penales.
La utilización de agravantes genéricas en vez de tipos especiales, el riesgo de consagrar una forma de derecho penal de autor - el feminicidio pueda ser únicamente cometido por hombres- o la indeterminación del bien jurídico diferente protegido por estas nuevas normas, han sido parte de los principales cuestionamientos a la tipificación especifica del feminicidio desde la doctrina penal tradicional.
Dentro de las ventajas más claras podemos decir que estas figuras hacen visibles los más graves crímenes que afectan a las mujeres y sus especificidades, constituyendo los primeros tipos penales que abordan la violencia contra las mujeres en forma específica, abandonando expresiones neutralizantes como violencia doméstica o familiar(2).
Esto trae consigo una serie de consecuencias favorables, desde la contribución a la reducción de la impunidad, a la facilitación del registro y seguimiento de los casos tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como de otros organismos del Estado.

Así las cosas, podemos decir que reconocemos positivamente la incorporación al Código Penal de esta problemática especial.
Sin perjuicio de ello, soy de la idea que no debemos descuidar – por su importancia – medidas que se constituyan como alternativas a la inflación penal que puedan dar al menos algunas respuestas a la situación que vive la mujer en pleno Siglo XXI. La intervención del Estado es fundamental y debe profundizarse en el sentido de:
a) Fortalecer instituciones del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

b) Capacitar funcionarios públicos de todos los poderes del estado.

c) Ofrecer a las víctimas asistencia integral; psicológica, legal y albergues para casos excepcionales. Ej: Oficina de Asistencia a la Víctima Entre Ríos.

d) Sistematizar la información sobre casos de violencia contra la mujer en todas sus formas.

e) Implementar políticas educativas basadas en la equidad de género.

Asimismo, no podemos soslayar uno de los principales desafíos a la hora de hacer realidad la norma analizada y en general el conjunto de normas que protegen a la mujer. La práctica nos demuestra a través de la observación de la conducta de algunos operadores de justicia, que existen ciertas resistencias al aplicar las leyes que protegen a la mujer. El acceso de la mujer a la justicia frente a situaciones o hechos de violencia reconoce una trayectoria de dificultades y complicaciones. En muchos casos son víctimas de discriminación y segregación, máxime cuando viven en situación de pobreza. Este debe ser un tema a trabajar entre todos y es pertinente este ámbito de la Asociación Argentina de Mujeres Juezas para ello.

Es evidente que tanto la incorporación de normas de protección a la mujer como especialmente la tipificación del femicidio son medias que por sí solas no bastan. Si éstas constituyen sólo medidas aisladas corremos el riesgo de retroceder casilleros en este largo camino de luchas reivindicativas y conquistas realizadas.



*Abogada - Ex Diputada Nacional - Actual Diputada Provincial por el Frente Entrerriano Federal

Exposición desarrollada en Santiago del Estero el 30 de agosto, en el Congreso Nacional sobre Violencia de Género.



Notas

1- Sentencias del Tribunal Constitucional Español Nº 59/2008, del 14 de mayo de 2008.

2 -Confr. Expte. Nº 8758-D-2010. HCDN.

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