Personalmente nunca creí que pudiera superarse un proceso de desintegración y de colonización de la justicia como que el sufrimos los argentinos en los años '90; hasta ahora, en donde bajo la mascarada de una “democratización” de la justicia –término impunemente malversado –, solo se pretende conciliarla o “legitimarla” – otra grosera malversación - con y a través de la política.

Ha sido justamente el sueño presidencial permanente de contar con un Poder Judicial adicto lo que “enfermó” el sistema de selección de jueces y lo que llevó a que todos los actores involucrados en el mismo banalizaran su trascendencia institucional.

Poco a poco el Poder Ejecutivo comenzó a abusar de designaciones que se alejaban de la excelencia académica, profesional, o aún del exigido compromiso social con la ciudadanía, para recompensar – por el contrario - otros valores que tenían que ver con una previamente testeada “lealtad” incondicional al poder que los designó.

Por su parte, el Senado “flexibilizó” todo control y evaluación de méritos e idoneidad de los propuestos por el Presidente, otorgando el Acuerdo por meras conveniencias políticas. Como consecuencia, se obtenía un Juez bien agradecido.

Durante la década del '90, aquello que fue descripto como la “enfermedad” del sistema, signó la vida institucional del país. Fue tal la obscenidad desplegada desde las más altas esferas del poder en su objetivo de crear una justicia adicta que repugnó a la sociedad en su conjunto.

La influencia política fue notoria, y el resultado, harto conocido por todos: se produjo una partidización de la Justicia, que no reflejaba ninguna garantía de independencia, ni estaba al servicio de los ciudadanos. Basta recordar a jueces como Liporaci, Branca, Urso, Oyarbide, Canicoba Corral, Bagnasco, Literas (los jueces de la “servilleta”), Trovato (el Juez del “ropero”), Nazareno, Cavagna Martínez, Moliné o' Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez (la “mayoría automática” de la Corte menemista).

Frente a tal realidad no solo se desacreditó la Justicia, sino también el procedimiento de designación de los jueces que consistía en que el Presidente propusiera un candidato al Senado para que éste le prestara su Acuerdo para la designación. La experiencia menemista restó confianza en los poderes de turno y en la posibilidad de una designación de jueces verdaderamente independientes, temiendo que se volviera a abusar del afán de contar con una justicia hecha a medida.

Nobleza obliga: ha habido honrosas excepciones de Presidentes que han sabido utilizar esa herramienta con responsabilidad, como de jueces que se han desenvuelto con la más absoluta independencia de criterio en el ejercicio de su magistratura. De aquellos se destacan Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, ya que sus Cortes Supremas reunieron a los mejores hombres de derecho entre sus contemporáneos.

El Poder quiere sus jueces; y asistimos a la segunda vez que el kirchnerismo avanza sobre el Consejo de la Magistratura para la conformación de una justicia adicta, solo que esta vez lo hace importando todos los vicios del menemismo: ahora será el partido político mayoritario, a través de sus candidatos al Consejo de la Magistratura, quienes realizarán la evaluación de idoneidad de los aspirantes a jueces.

Irónico, si se entiende que justamente la Justicia es el último recurso de las minorías.Desaparecerá todo límite al poder. Las ternas que emite el Consejo de la Magistratura luego de un concurso público de capacidades y aptitudes, y que importan un condicionamiento a la discrecionalidad del
Presidente, serán confeccionadas por un solo partido político – el del Presidente – y constituirán un mero límite formal o decorativo. Los jueces se designarán desde Olivos.

No sería de asombrar que el resultado final sea una casta de jueces genuflexos, reeditando a los Trovato, Oyarbide, Nazareno y demás. Será la “servilleta” de Cristina.
Fuente: Diálogo Paranaense

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