La inacabada discusión en torno de la Ley de Medios vigente tiene –en mi parecer- dos objetivos: uno de ellos es el de ganar la “batalla cultural” de la opinión pública en el debate mediático que enfrenta al Gobierno con el Grupo Clarín; el otro, tan evidente como el primero, es instalar el 7D como una gesta, una epopeya, un acontecimiento de dimensiones épicas que saque de la agenda otros problemas mas “nacionales y populares” por su magnitud social como lo son la inflación imparable, la escasez de dinero, la “sensación” de inseguridad ciudadana y otros miedos tan argentinos como el de perder el trabajo, opinar lo que se piensa, la incertidumbre económica del futuro inmediato o la dificultad para ahorrar algún pesito.

Pero sin escabullirle a la Ley de Medios, el debate se plantea en torno a si es buena o mala. Y la excusa para evitar otras discusiones paralelas es el de limitarse a analizar el texto de la ley, que es lo que en definitiva queda para el futuro.

Yo digo que en este punto y en este momento histórico del país es imposible detenerse en el texto sin también analizar el contexto en el que semejante legislación fue sancionada.

La Ley de Medios era una deuda de la democracia, a no dudarlo. La vieja Ley 22.285 de la dictadura no pudo ser derogada ni modificada por Raúl Alfonsín –quien envió u n proyecto de ley al Congreso en 1988- ni por Fernando de la Rúa –que hizo lo propio en su brevísimo paso por el gobierno-, quienes fueron presa de un inusitado cruce de presiones e intereses políticos y económicos que la destinaron al cesto de la papeles.

El caso del presidente peronista Carlos Menem es más brutal: el riojano no solo derogó el artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión que le permitió al Grupo Clarín alzarse con Canal 13 y crear TN –entre otros tentáculos de su enorme poderío mediático- sino que arrasó con todo vestigio de control del Estado en el universo de los medios de comunicación. El Grupo Clarín se consolidaba no ya como gigante mediático sino como grupo económico que extendía sus negocios mas allá de la noticia escrita.

Cualquier ley que derogara la de la dictadura iba a ser mejor. Pero esta Ley 26.522 promulgada el 10 de octubre de 2.009 es un verdadero estatuto sancionado para “democratizar, transparentar, universalizar y abaratar” el mundo de la comunicación audiovisual (léase radio y TV, ya que con los medios gráficos no se mete). Se permiten nuevos operadores tales como las Universidades, las ONG, los sindicatos, las cooperativas, los clubes, los centros de jubilados, los pueblos originarios, la Iglesia Católica. Se concursan las licencias y se limita su validez a 10 años. Se garantiza un 33% del espacio radioeléctrico para las asociaciones sin fines de lucro, el Estado se reserva para sí todas las licencias necesarias para cumplir sus objetivos y las empresas comerciales tienen que competir entre sí para obtener las licencias de las frecuencias concursadas. Se crea la AFSCA en reemplazo del viejo COMFER, con participación del Estado y la “opo” –para usar los términos despectivos del “ofi”- y también una serie de organismos de control tales como el Defensor del Público, la Comisión Bicameral, el Consejo Federal y Radio y Televisión Argentina S.E. una suerte de BBC criolla que representaría la voz del Estado, no del Gobierno (¿te suena?) y que controlará los contenidos de los medios de comunicación estatales.

Hasta aquí algo del texto ¿Qué decir del contexto ?

El contexto nos dice que esta ley fue sancionada en octubre de 2009, el año en que el peronista Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas anticipadas del 28 de junio del mismo año después de un largo conflicto con el campo que estalló en marzo de 2008 y al que “Clarín” le dedicó largo centimetraje de sus ediciones.

Desde entonces la alianza de Kirchner con el Grupo Clarín se quebró. ¿Qué pasó? Solo Dios, Kirchner y Magnetto lo saben, pero lo cierto es que desde entonces a Kirchner se le ocurrió que había que ser pluralista, democrático y fomentar la competencia en el mercado de medios para que “todas las voces …todas” se puedan hacer oír en medio de un ambiente sofocado por la posición dominante del mercado que ejercía el Grupo Clarín, el nuevo enemigo del matrimonio presidencial que en diciembre de ese mismo año perdía su mayoría en Diputados a manos de la “opo” que le había torcido el brazo en las elecciones de medio término.

Volteretas de la política doméstica, pero el 7D de 2007 Néstor Kirchner había usado su generosa birome para aprobar la fusión de Multicanal y Cablevisión, convirtiendo al Grupo Clarín en el mayor operador de TV por cable de la Argentina y, antes de eso, le había prorrogado en otro acto de arrojo y altruismo las licencias de Canal 13 y TN que vencían. ¿Mito? No, la más pura verdad.

Entonces es justo decir que esta ley –por mas bondades que posea, que las tiene- padece un vicio congénito, que es la de haber sido sancionada para desmantelar el poder económico y mediático de un grupo económico que le soltó la mano al Gobierno. Y esto no es un mito. Una diputada que padece de tendinitis por levantar irreflexivamente su brazo para apoyar todas y cada una de las iniciativas del Gobierno llamada Diana Conti ha reconocido que esta ley tiene “nombre y apellido” (léase Héctor Magnetto).

De aplicarse a rajatabla la Ley de Medios el Gobierno no podrá llevar a cabo su política de apriete a los medios. Esta ley pretende limitar la intervención del Poder Ejecutivo e impedir en el futuro al Gobierno financiar a medios que le son favorables, extorsionar sin enviar la pauta oficial a los que no se le subordinan y usar la TV Pública para hacer propaganda oficial. Esta ley y el Gobierno de Cristina Kirchner son incompatibles. ¿Podemos creer seriamente en su honesta aplicación?

Los Gobiernos pasan… las leyes quedan, podrá decirse. Eso es verdad. Pero también lo es que un Estado ocupado por una pléyade de funcionarios que repiten hasta el hartazgo un “relato” que creen es suficiente para cambiar la realidad, con un discurso único que no acepta mínimas correcciones, con un seguidismo aplaudidor y bien rentado que ahoga cualquier voz disonante, con un manejo arbitrario de los recursos fiscales y un rígido verticalismo no puede garantizar el cumplimiento de una ley tan pluralista como la que hoy rige.

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