Las normas son de utilidad sólo si tributan para mejorar la calidad de vida de las personas. Dije días pasados que la denominada “ley de narcomenudeo”, de inminente sanción en nuestra provincia, marcará un hito. Que habrá un antes y un después en la lucha contra el grave flagelo que golpea injustamente a nuestra sociedad, condicionando el futuro fundamentalmente de los más jóvenes.

Me basé para eso en el proceso de formación de la ley. Durante el mismo se articularon responsablemente mediante un debate serio y rico los recursos, valorando constructivamente las opiniones y pareceres de los integrantes de los tres poderes del Estado, trabajando coordinadamente, dándose participación a las fuerzas de seguridad.

Se llegó finalmente por ese camino a un texto de consenso, que a mi juicio augura una aplicación efectiva. Una razón de mi optimismo es precisamente la ancha base de sustento institucional, que son los firmes cimientos de la propuesta.

Con anclaje en la realidad, brindará herramientas concretas a las autoridades provinciales para comenzar a dar pelea en cada barrio, en cada rincón de la provincia. La presidenta del STJER (Superior Tribunal de Justicia), el procurador General, el jefe de la Policía de la Provincia, penalistas, etcétera se brindaron con generosidad y compromiso para buscar con vocación de servicio y verdadera convicción soluciones.

La ley 26052 (de 2005) promueve la “desfederalización” de la lucha contra el narcotráfico. Tiene la impronta, el estilo y el clásico sello de la visión de Estadista de Néstor Kirchner, quien – como buen adelantado a su época- pretendía una lucha sin cuarteles, integral en contra el narcotráfico con todo el peso de la ley, en todas las jurisdicciones y por la totalidad de las fuerzas disponibles. El proyecto adhiere parcialmente a dicha ley nacional y ofrece a la Justicia y la Policía herramientas legales para la intervención en la comercialización en pequeña escala de droga y los delitos derivados o relacionados con el “narcomenudeo”.

En otras palabras: ya no se podrá hacer nadie el desentendido ni el distraído, escudándose en el trillado latiguillo del “no me corresponde”. No se podrá mirar para otro lado. Y los ciudadanos tendrán como canalizar su participación, exigiendo que se cumpla la ley.

El alto valor simbólico de la norma es que nos compromete a todos, con distintos grado de responsabilidad. A las autoridades y a la solidaridad y compromiso de los vecinos. La Policía de la Provincia de Entre Ríos así como al Poder Judicial en cabeza de sus Jueces de Garantía y el Ministerio Público en cabeza de sus funcionarios avocados a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) conforme las disposiciones del CPPER conforme Ley N°9754, tendrán intervención directa e inexcusable. En síntesis, la obligación legal de intervenir.-

A propósito de Entre Ríos, me tocó vivir otra época, en la que siendo diputado provincial y con muchísimas esperanzas, la legislatura provincial adhirió a la ley nacional allá por el año 2007. Era evidente que la justicia federal no alcanzaba para combatir el narcotráfico y que se imponía la desfederalización, que caía de madura. Sin embargo, desde el Poder Judicial por vía de Acordada, se paralizó la aplicación, que forzó el dictado de un decreto en tal sentido.

Como siempre, tras argumentos aparentemente respetables, (la falta de recursos, organismos, y de preparación técnica) se pretendía con escaso o nulo compromiso, negar la realidad. Otro era el Gobernador, que no tenía el empuje, la valentía, la convicción ni la inteligencia de Sergio Urribarri para sortear los obstáculos.

Pasó el tiempo, y todos aprendimos la lección. La comercialización y el consumo de drogas que es su consecuencia, siguió agravándose, como groseramente muestra la actualidad.

Otra actitud tuvo la Dra. Mizawak (Presidenta del STJER) a la de quien ocupaba ese cargo en el 2007. Otra es la fuerza del reclamo legítimo de la sociedad para que se organicen respuestas institucionales serias, el que escucho constantemente en cada oportunidad que tengo de dialogar con referentes comunitarios, y ciudadanos en general.

Sabemos que no es sencillo el desafío y que el panorama es en extremo complicado. Más con este proyecto pretendemos actuar tras 7 años de morosidad: lo que constituye una deuda con la sociedad. Confiamos en la inmediación que propone la norma, que nos conduce a la certeza de que las autoridades provinciales, tanto fiscales como policiales, se encuentran en una mejor situación, por su cercanía geográfica y funcional, para desarrollar -con mayor grado de eficiencia y eficacia las medidas idóneas. Conjuntamente con la sanción habrá un programa interdisciplinario de capacitación permanente para Poder Judicial, Policía, Salud, etc.). En síntesis: La aplicación de esta ley agilizará el trámite judicial, y dará la debida trascendencia social a la venta ‘al menudeo’ de estupefacientes.

Los vecinos podrán recurrir a la Policía y/o Fiscalía de su localidad, donde tienen fácil acceso y será recibida la denuncia, sin la a veces exasperante demora de los requisitos que la Justicia Federal exige para las medidas de allanamiento, etc.

Obviamente, deberán crearse los Consejos Departamentales de Seguridad por ley, implementar otras acciones directas para posibilitar que los vecinos no teman para denunciar la existencia de quioscos y disponer mecanismos – por ejemplo – que permitan a los Intendentes recibir datos o denuncias en forma anónima y ponerlos en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, etc. En tanto, la nueva conducción del SEDRONAR, el padre Juan Carlos Molina, con buen criterio alienta éste tipo de leyes y recuerda que la función de la familia y de la comunidad en la prevención es insustituible.

El problema a nivel global es gravísimo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el informe mundial 2014 plasmó que el consumo de drogas sigue causando un daño considerable, reflejado en la pérdida de vidas valiosas y años productivos de millones de personas.

Humildemente y con la tenacidad de quien busca simplemente aportar soluciones para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, entiendo que la sanción de la ley de narcomenudeo es un gran paso adelante en el camino de la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y debe ser apoyada con toda convicción por quienes quieren una sociedad libre de ese flagelo.

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