Este nuevo y millonario escándalo es una consecuencia concreta, mensurable, del hecho de poner a controlar al funcionarios estatales a gente amiga del poder, a la cual se la instruye para que haga todo lo contrario de su función: para que oculte o disimule las irregularidades, las arbitrariedades o los negociados que caracterizan al peronismo entrerriano en el manejo de lo público.

El escándalo creciente en torno a la defraudación denunciada por el titular de la ATER, Marcelo Casaretto, recién empieza a develarse, pero ya muestra algunos nombres claramente vinculados con el poder entrerriano en este remedo de progresismo que encabeza el gobernador Urribarri. Los pocos nombres que se han conocido de las empresas que, con complicidad desde el aparato estatal estafaban al Estado entrerriano, son muy clarificadores en ese sentido: algunos de ellos son las empresas que más se han beneficiado en estos diez años, concentrando el mercado hasta volverse casi un monopolio como es el caso del grupo Flecha Bus; mientras que también aparece una empresa relacionada con Miguel Galuccio, el CEO de YPF que llegó a ese puesto recomendado por el gobernador.

Nuevamente vemos cómo un mecanismo que supuestamente tenía la función de proteger la actividad económica, dando la posibilidad de que quienes fueran acreedores del Estado compensaran sus deudas, era usado de manera fraudulenta. Por lo que se sabe hasta el momento el daño al Estado sería mayor a 20 millones de pesos. Es uno de los escándalos más grandes en los últimos años y cuesta creer que se pudiera llevar a cabo por empleados, sin un sostén político mayor.

La anécdota acerca de cómo “salta” el escándalo es reveladora: la ATER intima a una empresa de insumos agropecuarios por una deuda casi millonaria y la empresa responde “no debemos nada y acordamos todo con nuestro contador, que fue quien llevó adelante el expediente”. Allí se destapa el escándalo, cuando surge que el contador de la empresa es Gustavo Gioria, nada menos que el tesorero de la Provincia.

El episodio muestra que la denuncia de Casaretto no surge de una investigación ni de una auditoría, ni del Tribunal de Cuentas, ni de controles internos de la ATER. Por una razón muy sencilla: no hay nadie controlando. Casaretto no lanzó la granada, solo pateó la bomba que alguien había dejado sin espoleta sobre su escritorio.

Este escándalo es consecuencia directa del hecho de poner a controlar al poder a gente amiga del poder, a la que se la instruye para que haga todo lo contrario de su función: para que oculte o disimule las irregularidades, las arbitrariedades o los negociados que caracterizan al peronismo entrerriano en su manejo de lo público.

Si se pone a cargo de los organismos de control a gente que va instruida para ocultar y no para controlar, sucede lo que sucedió. ¿Qué puede investigar o controlar alguien como Smaldone, funcionario hasta hace minutos, del propio Urribarri? La impunidad genera este tipo de situaciones, flexibiliza todas las conductas, genera que quienes están en el medio también crean que tienen (como sus superiores) un derecho muy especial, que no figura en la ley escrita, pero que forma parte central de la cultura política del PJ entrerriano: el “derecho a robar”. Si los que están más arriba se enriquecen de una manera que no pueden justificar, si impiden que la ciudadanía conozca sus declaraciones juradas, si no pueden explicar las fortunas acumuladas después de años en la función pública y sin que se les conozca actividad privada ¿qué se puede esperar que pase “debajo” de ellos?

No estoy diciendo que se trate de una operatoria montada desde el propio poder provincial, sino que es consecuencia de cómo maneja el poder el peronismo entrerriano.

Hacia adelante hay que asegurar dos cuestiones diferentes: por un lado, la justicia debe actuar, y debe determinar las responsabilidades, no solo de los empleados sino también de los funcionarios. La renuncia del tesorero Gustavo Gioria no debe disminuir sus responsabilidades. Desde 2011, al momento de asumir mi banca en la Cámara de Diputados de la provincia, venimos denunciando públicamente este tipo de situaciones: el intento de entregarle por 99 años las islas del Delta Entrerriano a un grupo de empresarios amigos del Estado o el desfalco de los créditos para la empresa fantasma de cosechadoras, son claros ejemplos en donde los privados tienen responsabilidades pero que, indudablemente, han tenido su contraparte desde el funcionariado provincial que posibilitaron sus maniobras.

Por el otro, para evitar que este se repita, hay que cumplir la Constitución. Esperamos que el gobernador y todo su aparato de funcionarios y legisladores dejen de violar la Constitución Entrerriana, y pongan en marcha los mecanismos constitucionales para designar a los organismos de control. El mismo artículo 217 que violaron para nombrar a Smaldone es el que violarán si nombran un tesorero del mismo modo que nombraron a Gioria. Eso es lo único que puede evitar que este tipo de episodios se vuelvan a repetir.

¿Cómo lograr que estas cosas no sucedan más en Entre Ríos? Esto es estructural al partido gobernante en la provincia, que demuestra cotidianamente que no va a cambiar estas prácticas. Porque no tienen la más mínima voluntad de establecer controles independientes ni de respetar la Constitución, que en unos días cumplirá seis años sin que legislen ni reglamenten cláusulas de primera importancia. Queda claro que no está en los planes de quienes hoy son mayoría, dar un giro hacia mayores niveles de transparencia, eficiencia y modernización del Estado.

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