Un gobierno debe ser lo suficientemente fuerte para poder gobernar y a la vez, no tanto que pueda avanzar sobre las libertades y derechos de los ciudadanos.

La primera afirmación implica reconocer el cometido básico de la política –de todos los tiempos- cual es garantizar cierto orden social, y eventualmente transformarlo e instaurar otro. En las sociedades modernas tal orden no puede ser sino democrático y ajustado a derecho, y en tal sentido la reforma constitucional de 1994 apuntaló un Estado Social de Derecho: es decir, un orden que respete las libertades del individuo (ciudadano) y su igualdad ante la ley, su soberanía en la toma de decisiones públicas por medio de representantes; y la directriz constitucional de garantizar un mínimo de bienestar material a cada uno, sin lo cual las libertades individuales se transforman, para quienes no tienen los recursos suficientes, en libertad de morirse de hambre.

La fortaleza del gobierno se torna necesaria ante la debilidad de las instituciones estatales. Desde 1983, el voto de la mayoría obtenido en una elección transparente es considerado el único criterio válido de legitimidad para acceder al gobierno del Estado. Pese a ello, la debilidad institucional ha sido un dato persistente: la puja distributiva en una economía estancada en los ’80, la pérdida de moneda propia (1989/2002), la dependencia financiera de tributos de fácil obtención y de carácter regresivo como el IVA en la última década, dan una pauta de la configuración de un Estado grande y débil.

El punto es que, sino se fortalecen las instituciones estatales, la suerte de la sociedad civil estará atada sólo a la relativa fortaleza de un gobierno y a los ciclos políticos y económicos. ¿De que hablamos? De la transparencia electoral, (pauta publicitaria, recursos públicos, utilización de los datos del correo el día del comicio); de la independencia de las ramas del poder público, en particular del Poder Judicial (jueces federales inferiores, ministerio público fiscal); de organismo públicos de contralor eficaces y honestos; de la autonomía de la Administración Pública de las corporaciones privadas –en general, y en particular las económicas y las político facciosas- y en líneas generales, de la moralización administrativa. Hablamos del patrimonialismo, el cual hoy es escandaloso, pues lo público (aparato del Estado) es utilizado como recurso personal, familiar y del grupo político propio, en grados que exceden cualquier concesión al realismo político: pensemos en el dato mínimo de un avión del Estado utilizado por el hijo de un funcionario.

Tras el desmantelamiento del Estado en los ’90, con el sistema de representación quebrado y los partidos políticos deslegitimados, la debilidad estatal quiso compensarse con un liderazgo fuerte desde 2003. La salida de la convertibilidad y un tipo de cambio competitivo, el default declarado y los altísimos precios de los productos de exportación dotaron de recursos al Estado Nacional para trabajar la fortaleza presidencial.

Tal fortaleza existe en una realidad concreta: la desinstitucionalización, el desquicio administrativo, y el incumplimiento de pautas normativas básicas de la vida democrática. El campo de los medios masivos de comunicación brinda un ejemplo claro: la actuación de estos, muchas veces limitante de la política democrática a partir de prácticas desleales e infames, como la perpetrada durante el gobierno de Illia en 1963/66, pretende ser reemplazada en estos años por un poder mediático para-estatal. Lejos de la democratización, esto se emparenta con el fascismo y con regímenes autoritarios actuales como la Rusia de Putin. La realidad socio-económica y política de Santa Cruz nos muestra el riesgo de un Estado que no es republicano, y apenas, limitadamente democrático.

Quizás debieran mirarse bien las implicancias interventoras del Estado en la emblemática figura del secretario de Comercio, Guillermo Moreno: el actuar arbitrario e ilegal no es mera forma donde lo central es la recuperación de la intervención activa y reguladora del Estado, esto es, recuperación de la política, frente a los avances del mercado. No hay recuperación estatal sin obrar legal y razonable. La intervención arbitraria deslegitima al Estado, reducido a pura fuerza (del gobierno).

Junto a la estatidad se diluye la política, encontrándonos hoy frente a un esquema muy particular de retórica de la anti-política, paradojalmente afirmado en el lugar común de la recuperación de la política, en el que desgraciadamente cae cierta intelectualidad. La política –la política democrática, ya que política también hacían los dictadores- implica discusión racional con argumentos para la búsqueda de comunes denominadores, y por tanto –al menos- algún dejo de buena fe.

En este marco, el debate instalado sobre la reforma constitucional debe encontrar despierta nuestra conciencia democrática. Se trata de la defensa de los Derechos Humanos, porque tales derechos son violados por los poderosos, y la reelección indefinida del titular del ejecutivo en nuestras democracias delegativas de baja densidad institucional generaría un poder político permanente más fuerte que la ley.

La vida cotidiana, en la cual enfrentamos problemas concretos e inmediatos de diversa índole, no debiera llevar a la subestimación del riesgo de un progresivo retroceso autoritario.

No es idealismo, sino necesario realismo político, plantearse mantener la periodicidad de los gobernantes como un requisito central de la república. Frente al sentido común reaccionario y conservador de mantener al jefe en el poder, debemos oponer firmeza y preservar la aspiración de un poder público que mire a la realidad concreta donde hay problemas y necesidad de política dirigida a solucionarlos y aún transformarlos en oportunidades, para la vigencia de los derechos fundamentales en el país de los argentinos.
Fuente: Página Política

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