"La fuente más común y duradera de las facciones ha sido la diversa y desigual distribución de la propiedad. Los que poseen y los desposeídos han formado desde siempre intereses distintos en la sociedad". (James Madison. IV Presidente de EEUU)

"En cualquier sociedad que haya existido o pueda existir, hay siempre una lucha entre los ricos y los pobres. Los primeros no dejan de emplear esfuerzo y energía en aumentar las ventajas que poseen sobre los segundos, y en incrementar su riqueza y su influencia a expensas de los pobres...Ésta es la fuente de los partidos, las facciones, los tumultos y la guerra". (John Adams. II Presidente de EEUU).

"Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases". (Karl Marx-Friedrich Engels)

Siempre el Poder Constituyente es enemigo del constitucionalismo o, si se quiere, siempre es extraño al derecho. El Poder Constituyente es la expresión más pura de la voluntad democrática, es el momento político por excelencia, es la convicción de que el pasado no explica el presente sino que únicamente el futuro puede hacerlo.

Una Constitución o su reforma es cualquier cosa menos el fruto de algún razonable ejercicio de la ciencia jurídica. Es el producto directo de la lucha política, de la confrontación de intereses. El texto que se escribe o que no puede escribirse es el resultado de esa confrontación.

La reforma del 94 es una muestra acabada de intereses políticos que no querían que el Poder Constituyente irrumpiera como tal: el Pacto de Olivos constituyó el cerrojo a la voluntad democrática.
Indudablemente el texto que surgió de la Convención de Filadelfia de 1787 (y que se tuvo bien en cuenta para nuestra Constitución) es producto del empeño y del triunfo de los federalistas, inspirados por Hamilton y Adams, de proceder a un diseño institucional que pusiera barreras insalvables a la voluntad del pueblo llano.

Esas barreras pasaban por organizar la división de poderes de modo tal que fueran un obstáculo infranqueable para la voluntad democrática: una presidencia fuerte, capaz de vetar las decisiones del legislativo (en la Constitución mixta clásica no se puede aprobar legislación sin consentimiento de la Corona). Un Poder Judicial independiente de la voluntad popular y capaz también de revisar las decisiones del legislativo y, por supuesto, un poder legislativo él mismo dividido en dos cámaras, una baja elegible por periodos cortos y un Senado censitariamente elegible para periodos largos y representante de los propietarios más ricos.

“Los ricos, por tanto han de disponer de una barrera constitucional efectiva que les proteja de ser asaltados, expoliados...” dijo Adams. “El amor al pueblo fue nuestro principio; el temor y la desconfianza hacia él, el del otro partido” ,dijo el demócrata republicano y antifederalista de Jefferson.

Y por si alguien tiene dudas voy a citar a A.T. Hadley, presidente de la Universidad de Yale en 1907, cuando exactamente expresó esto: “Cuando se dice, como comúnmente se dice, que la división fundamental de poderes en los Estados modernos se da entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, el estudiante de las instituciones americanas puede con justicia observar una excepción. La división fundamental de poderes en la Constitución de Estados Unidos se da entre votantes, de un lado, y propietarios, del otro”.

Hoy nadie puede decir algo tan evidente como “políticamente incorrecto”. Quienes creemos que la independencia civil, la libertad y la igualdad son condiciones irrenunciables de cualquier proyecto político que podamos impulsar o defender, no tenemos dudas de que las Constitución Argentina merece ser cambiada, es decir que una reforma es necesaria.

Es fácil coincidir entonces con Roberto Gargarella cuando sostiene que tenemos que dirigir la mirada y el debate a la parte orgánica de la Constitución, porque también en la nuestra ese especial interés en defender el derecho de los propietarios encontró acabada traducción en dicha parte. Esto quiere decir que avanzar en la democratización no remite meramente a la incorporación de nuevos derechos, sino que exige cambiar profundamente la organización del poder, desmontando un esquema pensado para obstaculizar, bloquear e impedir la voluntad democrática o el ejercicio de derechos (pensemos en la situación de los pueblos originarios, en el avance de la megaminería o en el Grupo Clarín bloqueando una ley del Congreso).

Un debate que apunte a ese necesario cambio de una estructura de poder que sigue respondiendo a ideales conservadores y elitistas del siglo XIX, no parece sin embargo ser la preocupación más que de unas pocas voces. La de Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, que se atreve a plantear el parlamentarismo convencido de que “no hay ningún ser humano absolutamente sabio y equilibrado (e inmutable) al que pueda confiarse individualmente el poder sin correr riesgos institucionales, auque sea temporalmente” y de que en definitiva el presidencialismo tiende a la autonomización de quien ejerce el cargo por sobre los partidos y el parlamento.

O la del mismo Gargarella que también confronta contra el presidencialismo pero no nos invita a la alternativa parlamentarista sino que propone agujerear el sistema representativo actual, tendiendo múltiples puentes entre ciudadanos y decisores.

Poner en cuestión las estructuras tradicionales del poder, se sabe, no ha sido nunca una tarea sencilla, pero quienes levantamos banderas de cambios no podemos, ante el menor murmullo sobre la posibilidad de una reforma, atrincherarnos tras un planteo de defensa de la Constitución (lo que sería válido ante una hipotética amenaza de golpe) y la independencia de los poderes, en lugar promover la necesidad de avanzar hacia arquitecturas institucionales más democráticas y participativas.

En definitiva cuando se habla de Reforma, conviene tener presente cuál es la correlación de fuerzas, es decir cómo va la lucha entre los ricos y los pobres de la que hablaba Adams y cómo quedarán, probablemente, los intereses de los que poseen y de los desposeídos, como decía Madison, al final de un proceso de cambio de Constitución.
Fuente: Página Política

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